Considerados integrantes de una organización delictiva que defraudaba al Estado con el cobro de horas adicionales de efectivos de seguridad de la Bonaerense, las prisiones preventivas para cuatro policías y el hermano de uno de ellos quedaron confirmadas desde la Cámara Penal de Azul.

En esa investigación penal todos figuran acusados de los delitos de asociación ilícita y fraude en perjuicio de una administración pública. También, de defraudación especial en grado de tentativa.

A fines de noviembre pasado, de la mano de órdenes dispuestas por Federico Barberena -el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2 con sede en los tribunales de Azul- los imputados habían sido detenidos durante procedimientos llevados a cabo en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y, también, en un pequeño pueblo que está situado en Río Negro.

Desde ese entonces permanecen privados de la libertad, después de que aquellas cautelares fueran convertidas en primera instancia en prisiones preventivas, las medidas de coerción que semanas atrás quedaron ratificadas desde la Alzada departamental que integran los magistrados Carlos Pagliere (h) y Damián Cini.

La causa penal relacionada con estos hechos se está sustanciando desde la UFI 9 que en el Palacio de Justicia local conduce la fiscal Laura Margaretic.

Contado con diferentes pruebas reunidas en esa pesquisa, la funcionaria judicial había pedido las detenciones de los encausados que se hicieran efectivas el 26 de noviembre del año pasado, luego de procedimientos llevados a cabo en Bahía Blanca, Pila, La Plata y un pueblo de la provincia de Río Negro: Chimpay.

Un sargento de la Bonaerense llamado Pablo Gerardo Rodríguez, que tiene 38 años de edad y es señalado como uno de los líderes de esta organización criminal, es uno de los imputados.

Los demás policías que siguen presos habían sido identificados como Jorge Manuel Spontón (41), otro de los supuestos cabecillas de la banda; un oficial de 31 años llamado Gerardo Joaquín Espósito, quien meses antes a que resultara detenido había sido desafectado de la fuerza; y un oficial Principal identificado como Eduardo Ezequiel Saavedra (39), que desempeñaba tareas en el Escuadrón de Caballería de Bahía Blanca cuando fuera arrestado.

En tanto, el civil encausado se llama Gabriel Iván Rodriguez. De 39 años de edad, junto con su hermano policía había sido detenido en ese pueblo de Río Negro ya referido.

En esta Investigación Penal Preparatoria el mayor de los Rodríguez es señalado como "el recaudador" del dinero que, defraudación mediante, obtenían para sí los imputados desde el Estado provincial, al falsear la cantidad de horas adicionales que desempeñaban efectivos policiales en instituciones públicas.

"Una asociación ilícita"

Según lo investigado hasta el momento, esas maniobras en perjuicio del erario público se llevaban a cabo por parte de los acusados tras conseguir que agentes de la Bonaerense les facilitaran sus legajos, motivo por el cual todavía no se descarta que esta investigación penal tenga más imputados.

Aquellas defraudaciones -supuestamente cometidas "de forma conjunta y organizada" por los policías y el civil que siguen presos- se llevaban a cabo con el dinero que los efectivos de seguridad perciben a través de las horas adicionales de servicios que prestan en instituciones públicas. En su mayoría, hospitales, según ha podido determinarse en esta pesquisa.

La aprehensión de uno de los acusados, llevada a cabo en Azul el 21 de noviembre de 2019, se tradujo en el inicio de esta causa penal.

Aquel día quien resultó arrestado fue el policía Gerardo Joaquín Espósito.

En un principio se había hecho presente en el Hospital de Niños, donde se entrevistó con un subcomisario que tenía a su cargo coordinar las tareas de vigilancia que en ese centro asistencial de salud llevan a cabo policías.

En ese entonces, mediante engaño -según se señala en la causa- Espósito le dijo que pertenecía a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial e intentó apoderarse de la documentación que ese policía tenía en su poder. Pero como no pudo, luego se dirigió a la Seccional Primera local, donde falseó nuevamente su identidad y volvió a decir que venía desde la AGAI, con intenciones de acceder a la mencionada documentación.

Su actitud les pareció sospechosa a los agentes de la comisaría situada en Belgrano y Las Flores que se entrevistaron con él. Y al llamar por teléfono al Ministerio de Seguridad, constataron que Espósito no era quien decía ser, lo que se tradujo en que resultara arrestado.

Si bien posteriormente recuperó la libertad, a fines de noviembre del año pasado resultó detenido en la ciudad de Pila como uno de los integrantes de esta organización criminal.

Desde ese entonces, al igual que los demás encausados, sigue privado de la libertad.

"Por lo menos desde el año 2016 y hasta finales del año 2019, el sargento Pablo Gerardo Rodríguez, junto al oficial Principal Jorge Manuel Spontón, ambos numerarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, lideraron una asociación ilícita dedicada a cometer delitos varios contra el erario público a través de la manipulación del cobro de las horas PolAd (servicio adicional) en distintas jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires", se menciona en esta Investigación Penal Preparatoria.

En ese contexto, "mediante maniobras defraudatorias se hacían de la coordinación del Servicio Polad de diversas instituciones de salud y reclutaban personal policial, a quienes les 'alquilaban' el legajo personal y declaraban falsamente ante el Ministerio de Seguridad que los mismos habían cumplido servicios adicionales en dichas instituciones, cuando en verdad no lo hacían o lo hacían por un tiempo menor al real, siendo que al momento en que los efectivos cobraban por dichos servicios éstos debían girarle un porcentaje sustancial de lo percibido (70 %) a los 'coordinadores'".

"Existe un intercambio de dinero entre las personas aquí imputadas y varios otros efectivos policiales, que no encuentra otra justificación que en la connivencia de los acusados en la perpetración de los delitos que se investigan en su contra", escribió el camarista Pagliere (h) en el fallo que confirmó las prisiones preventivas de los cuatro policías y del hermano de uno de ellos.

EL DATO

Una Defensora Oficial y dos particulares habían apelado ante la Cámara Penal las prisiones preventivas dictadas en primera instancia a los encausados, recursos que los jueces de la Alzada departamental declararon "improcedentes" y se tradujeron en las ratificaciones de esas medidas de coerción. En el mismo fallo, los magistrados Carlos Pagliere (h) y Damián Cini también confirmaron los rechazos de pedidos para que los imputados Jorge Manuel Spontón y Pablo Gerardo Rodríguez pudieran gozar de respectivas morigeraciones de prisión bajo la modalidad de arrestos domiciliarios.