30 de agosto de 2026
Legisladores locales consideran que "resulta conveniente que la Provincia de Buenos Aires adopte herramientas tecnológicas y de control que permitan fortalecer la seguridad en sus establecimientos penitenciarios". Fundamentalmente, explican, para "evitar que los mismos sean utilizados como ámbitos desde los cuales puedan impartirse órdenes, coordinarse acciones delictivas o mantenerse activas estructuras criminales".
Concejales del distrito presentaron un proyecto de Resolución en el que se insta al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a "a adherir al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciaros, creado mediante Resolución Nº 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional".
La iniciativa, que será tratada en el Concejo Deliberante en la sesión ordinaria del martes próximo, lleva las firmas de los ediles Andrea Barceló, Virginia Torres, Ignacio Furiasse, Azul Elicabide, Magalí Piancioli y Gastón De Dominicis.
En primer lugar, los legisladores locales observan "la problemática existente de las estafas virtuales y otros delitos informáticos que, en numerosos casos, son planificados, coordinados y ejecutados desde el interior de los establecimientos penitenciarios mediante el uso irregular de los dispositivos móviles" y citan la Resolución N° 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional; la Resolución N° 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Resolución N° 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y la Ley Nacional N° 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
"La seguridad pública constituye una responsabilidad fundamental de los distintos niveles del Estado y requiere de políticas coordinadas destinadas a prevenir y combatir las distintas modalidades delictivas", se afirma en el proyecto de Resolución, para luego añadir: "La utilización de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación móvil dentro de los establecimientos penitenciarios son las herramientas para mantener comunicaciones no autorizadas y, oportunamente, para que organizaciones criminales continúen coordinando o planificando actividades ilícitas desde el interior de las unidades carcelarias".
En el proyecto, por otro lado, se puntualiza que "el artículo 160 de la Ley Nacional N° 24.660 establece que quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles y dispone la instalación de mecanismos tecnológicos adecuados para impedirlas".
Asimismo, los ediles refieren que, "mediante la Resolución N° 336/2026, el Ministerio de Seguridad Nacional autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de IMEI/IMSI en unidades y establecimientos penitenciarios federales, con el objeto de impedir el uso de equipos de comunicación móvil en su interior" [IMEI refiere al dispositivo físico del teléfono, en tanto IMSI identifica a la tarjeta SIM].
En la misma línea, se puntualiza que en "la Resolución N° 734/2026 del ENACOM se estableció el procedimiento para que las prestadoras de servicios móviles inhabiliten equipos, tarjetas SIM y líneas activadas dentro de establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran al protocolo nacional". Y "mediante la Resolución N° 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional se creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, destinado a prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones por parte de organizaciones criminales con integrantes alojados en establecimientos penitenciarios".
"La citada Resolución N° 806/2026 contempla la adhesión de las jurisdicciones provinciales al Programa Nacional mediante el correspondiente Convenio de Adhesión y establece mecanismos de articulación federal para su implementación". En tal sentido, se subraya que "el Gobierno Nacional pone a disposición de las jurisdicciones adherentes herramientas y mecanismos tecnológicos destinados a colaborar con la implementación del programa, favoreciendo la articulación entre las autoridades competentes y las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles".
En el proyecto de Resolución también se sostiene que "dicha asistencia permite a las jurisdicciones adherentes incorporar una herramienta tecnológica de alcance nacional, evitando la necesidad de desarrollar de manera aislada un sistema propio y favoreciendo la utilización de procedimientos comunes y mecanismos de trazabilidad".
Los autores de la iniciativa consideran, en ese marco, que "resulta conveniente que la Provincia de Buenos Aires adopte herramientas tecnológicas y de control que permitan fortalecer la seguridad en sus establecimientos penitenciarios y evitar que los mismos sean utilizados como ámbitos desde los cuales puedan impartirse órdenes, coordinarse acciones delictivas o mantenerse activas estructuras criminales".
En tal sentido, se subraya que "la adhesión al programa nacional permitiría a la Provincia de Buenos Aires contar con un mecanismo coordinado con las autoridades nacionales y las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles". Se menciona, además, que "la implementación de estas medidas debe realizarse con criterios de precisión, proporcionalidad, trazabilidad y seguridad, procurando evitar afectaciones indebidas sobre las comunicaciones legítimas que se desarrollen fuera de los establecimientos penitenciarios".
"Corresponde a este Concejo Deliberante expresar su voluntad institucional de acompañar toda iniciativa que contribuya al fortalecimiento de la seguridad pública y a la prevención del delito", se afirma.
Mediante el articulado del proyecto se insta "al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de los organismos competentes, a adherir al Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, creado mediante Resolución N° 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, suscribiendo a tal efecto el correspondiente Convenio de Adhesión con el Gobierno Nacional".
Finalmente, en el segundo artículo, se propone "remitir copia de la presente Resolución al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al Servicio Penitenciario Bonaerense y al Ministerio de Seguridad Nacional".
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