En respuesta a una apelación que terminó siendo rechazada por "improcedente", desde la Cámara Penal quedó confirmada la prisión preventiva que en una primera instancia había sido ordenada para un policía de la Bonaerense al que investigan por una infracción a la Ley 23.737.

Detenido a principios del mes anterior en Azul, el efectivo de seguridad imputado es un oficial Ayudante que desempeñaba tareas en el Destacamento Balneario, a quien voceros ligados a esta pesquisa habían identificado como Alfredo Cristian Federico Rojas.

De 37 años de edad, de acuerdo con lo informado ayer a EL TIEMPO ahora está privado de la libertad en la Unidad 7, la cárcel de varones del SPB con sede en esta ciudad.

No bien resultara detenido en la vía pública, durante un procedimiento que agentes de la DDI Azul realizaron el pasado 4 de junio, en un principio estuvo alojado en esa dependencia policial. Y posteriormente, antes de ser traído a la Unidad 7, también había estado en una comisaría del Gran Buenos Aires, en la ciudad de Morón.

A través de lo decidido de manera unánime desde la Alzada departamental por sus actuales miembros -Agustín Echevarría, Damián Cini y Carlos Pagliere (h)- al policía le continúan atribuyendo el ilícito de comercialización de estupefacientes propiamente dicha. Pero en su caso, a diferencia de los demás investigados en esta causa, "agravada por ser cometida por un funcionario público encargado de la prevención o persecución del delito".

Dicha agravante, ante una eventual condena para Rojas en un futuro debate, podría derivar en que la pena que reciba por esta infracción a la Ley 23.737 sea de seis años de prisión como mínimo y, como máximo, de veinte años de cárcel.

Una apelación que no prosperó

La defensora Oficial Adriana Hernández había presentado ante la Cámara Penal el recurso que terminó siendo desestimado y, en consecuencia, se tradujo en que el policía continúe privado de la libertad.

Luego de lo que había sido su detención el mes anterior, en una primera instancia esa medida cautelar fue convertida en prisión preventiva por el magistrado Federico Barberena, quien desde el Juzgado de Garantías 1 entiende en esta Investigación Penal Preparatoria que se continúa desarrollando en la UFI 22, la fiscalía a cargo de Lucas Moyano.

En ese recurso que en segunda instancia terminó siendo desestimado, la Defensora Oficial sostenía que la prueba reunida hasta el momento en esta causa "resulta insuficiente para acreditar" la denominada "ultra finalidad" de la comercialización de drogas al menudeo que le siguen atribuyendo a su asistido.

Por tal motivo, solicitaba que fuera revocada la medida cautelar y que se dispusiera la liberación de Rojas.

Pero del mismo modo que concluyera en un principio el Juez de Garantías que entiende en esta causa, para los miembros de la Alzada existen en la investigación penal diferentes elementos que lo siguen situando al policía de la Bonaerense como uno de los involucrados en esta infracción a la también llamada Ley de Estupefacientes.

"La intervención del encartado se encuentra debidamente justificada. No sólo con lo que se despende de las comunicaciones y mensajes mantenidos por Rojas para con el otro coimputado y con terceras personas, sino con otros indicios cargosos que lo congloban asertivamente, tales como los comprobantes de transferencia de diferentes pagos (realizados y recibidos) mediante billeteras virtuales (especialmente para con Sebastián Andrés Ramírez, el principal investigado y quien había sido arrestado en Azul en diciembre de 2023, durante un allanamiento donde se secuestró una importante cantidad de cocaína) y la relación asidua con los otros involucrados en el comercio ilegal de sustancias (con prisiones preventivas firmes)", escribió el camarista Echevarría en lo resuelto.

Además del mencionado Ramírez, también continúa privada de la libertad su pareja: una joven llamada Katherina Beatriz Andrade, cuya detención agentes de la DDI Azul hicieron efectiva en esta ciudad en marzo pasado.

Más elementos que comprometen al efectivo de seguridad en esta causa, y mencionados en lo resuelto para confirmar su prisión preventiva, surgen del análisis a su teléfono celular, donde se hallaron "comunicaciones mantenidas con el consorte de causa, Ramírez, y con terceras personas que requerían la provisión de la sustancia ilícita".

"El cotejo de los mensajes transcriptos; aunados a lo que se desprende del análisis de las conversaciones mantenidas por el coimputado con diferentes personas, permiten válidamente inferir que las mismas están relacionadas a la actividad ilícita desplegada por el encausado, quien utiliza la jerga típica de ese tipo de operaciones". Específicamente, al aludir a los estupefacientes que le atribuyen haber vendido al menudeo con términos como "piedras", "fafafa", "flores", "merca", "de la buena", "premium" y "bolsita".

Para demostrar que Rojas se dedicaba a la venta de drogas, desde la Cámara Penal se hizo alusión también a que -a través de esas comunicaciones halladas en su teléfono móvil- "se provee de sustancias a cambio de transacción dineraria mediante pago por billeteras virtuales (transferencias entre los investigados y terceros) y así canalizar la demanda de diversas personas, ante el requerimiento de ellas".

A modo de conclusión, en esta segunda instancia se mencionó que esa prisión preventiva que quedó confirmada para el efectivo de seguridad resulta "necesaria" y "proporcional" para "aventar los peligros procesales de elusión de la justicia, sopesando el tiempo que lleva privado de su libertad (desde el 4 de junio de 2024) en relación a la pena en expectativa que se desprende del tipo agravado endilgado (seis años en su mínimo y veinte en su máximo)".

El dato

"Las características y objetiva gravedad del hecho, en razón de la intervención de más de una persona y de la logística desplegada por todos los acusados", y la condición de policía de Rojas se valoraron en esta segunda instancia como más circunstancias para ratificar la decisión de que siga preso.