LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD EN LA REFORMA PENAL JUVENIL . "Es un puntapié inicial para empezar a corregir las deficiencias del pasado", se afirma desde LLA

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede ni debe abordarse desde el eslogan fácil, la consigna emotiva o el oportunismo político. Se trata, en cambio, de un debate profundo, incómodo pero impostergable, que interpela directamente a nuestra responsabilidad como sociedad frente a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos de bien.

Durante años escuchamos hablar de una supuesta "década ganada", un período que coincide, no casualmente, con la etapa de formación de muchos de quienes hoy delinquen. Lejos de haber sido un tiempo de progreso social, ese ciclo dejó consecuencias profundas: un deterioro del tejido social, un Estado ausente para las víctimas y complaciente con el delito, y un sistema que confundió contención con impunidad. Esa combinación resultó letal, especialmente para los sectores más vulnerables, que son quienes más sufren la inseguridad.

Esta realidad no es ajena a nuestra ciudad. En los últimos días hemos sido testigos de hechos lamentables en los que jóvenes atacaron a un adulto, no solo ejerciendo violencia sino además jactándose de su condición de menores, convencidos de que la ley los ampara y que no habrá consecuencias por el daño causado. Esa actitud no surge de la nada: es el resultado de un sistema que, durante años, transmitió un mensaje peligroso y perverso: que ser menor equivale a ser inimputable, sin importar el sufrimiento de la víctima ni el quiebre de la convivencia social.

Utilizando una analogía médica, ningún profesional responsable prescribe un analgésico cuando el diagnóstico es una infección grave. Puede aliviar momentáneamente, pero el daño continúa avanzando. Hoy el diagnóstico es claro: la Argentina enfrenta un problema serio de violencia y delito juvenil. Y el remedio -aunque incómodo y antipático para algunos- debe ser acorde a la gravedad del cuadro.

Bajar la edad de imputabilidad no significa criminalizar la pobreza ni estigmatizar a los jóvenes. Significa reconocer que hay menores que comprenden perfectamente la gravedad de sus actos y que el Estado no puede seguir mirando para otro lado mientras se destruyen vidas, familias y proyectos.

Si miramos a países desarrollados, la evidencia refuerza aún más la necesidad de actuar. Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos contemplan regímenes de responsabilidad penal juvenil desde edades considerablemente más bajas que las nuestras. No se trata de sociedades autoritarias, sino de Estados que comprendieron que sin orden no hay libertad, y que la ley debe ser clara y cumplirse.

A este escenario se suma un dato que no puede ser ignorado: el sistema vigente no solo fracasa en prevenir el delito juvenil, sino que además envía una señal equivocada. Cuando no existen consecuencias reales, el delito deja de ser una excepción y comienza a convertirse en una opción, erosionando la confianza social y debilitando la convivencia cotidiana.

En algún punto, como sociedad debemos asumir que este debate también implica una definición ética. Es momento de decidir si queremos estar del lado del bien -el de las víctimas, el del respeto por la vida, la libertad y la propiedad- o del lado del mal, que relativiza el delito, justifica la violencia y naturaliza la impunidad. No hay neutralidad posible cuando el daño es real y cotidiano.

Asimismo, el debate suele centrarse exclusivamente en el victimario, invisibilizando sistemáticamente a las víctimas. Cada delito cometido tiene una persona damnificada, una familia quebrada y una comunidad que pierde tranquilidad. Un Estado que solo mira al agresor y se desentiende del daño causado rompe el principio básico de justicia y abandona a quienes cumplen la ley.

La baja de la edad de imputabilidad no es una solución mágica ni un fin en sí mismo. Es el puntapié inicial para empezar a corregir las deficiencias del pasado y una señal clara de que el Estado ha decidido dejar de mirar para otro lado. Mirando hacia el futuro, constituye tan solo una de las tantas definiciones estructurales que un gobierno serio debe tomar para reconstruir el orden, la previsibilidad y la convivencia social.

La defensa de la propiedad privada, de la vida y de la libertad individual no es una consigna ideológica: es la base de cualquier comunidad que aspire a vivir en paz. Cuando el Estado renuncia a sancionar el delito, abandona primero a las víctimas y luego a la sociedad en su conjunto.

Desde La Libertad Avanza sostenemos que este es el paso que hoy debemos dar, con un sistema penal juvenil serio, con penas acordes, con educación y contención real, pero también con consecuencias claras.

Pero hoy, seguir negando la realidad no es una opción. La libertad no se construye con impunidad. El orden no es autoritarismo. Y la justicia no puede seguir llegando siempre tarde.

La Libertad Avanza Azul