LO RESUELTO EL MARTES FUE REVOCADO . Miguel Mele, preso en su casa

Favorecido por una resolución por mayoría de los jueces que integran la Cámara Penal, Miguel Jorge Mele está ahora en su casa de Azul, con su prisión preventiva morigerada por los problemas de salud que padece.

El transportista que, hace exactamente hoy un año, durante una discusión de tránsito había atropellado y matado con su camión al conductor de una moto, en horas de la mañana de ayer fue traído a su domicilio desde la Unidad 2 de Sierra Chica.

En esa cárcel estaba preso tras lo que había sido su detención en noviembre de 2025 por el "homicidio con dolo eventual" de Diego Maximiliano Marianache que le continúan imputando, el hecho por el cual deberá ser juzgado en una fecha aún no fijada.

Anteayer, desde la Alzada departamental que integran los jueces Damián Cini, Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría se decidió, por mayoría, concederle el arresto domiciliario al azuleño de 59 años.

Lo concluido en esta segunda instancia implicó que se hiciera lugar al recurso de apelación que presentara la abogada María Elizabeth Gasaro. Y en consecuencia, que quedara sin efecto lo que el martes pasado resolviera el juez Albano Gallicchio.

Tal como EL TIEMPO informara, ese magistrado había rechazado el pedido, formulado también por su Defensa Particular, para que Mele siguiera preso en su casa por cuestiones de salud.

Aquella resolución que anteayer fue revocada se conoció desde el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 que el magistrado Gallicchio integra, el lugar donde se encuentra radicada esta causa penal para lo que será el juicio al transportista por el homicidio simple con "dolo eventual" del conductor de la moto, ocurrido el 8 de noviembre del año anterior sobre la calle España, en la cuadra comprendida por Avenida Mitre y Belgrano.

"Entiendo que la gravedad del cuadro médico acreditado, la imposibilidad de garantizar su tratamiento en el ámbito penitenciario y la consecuente afectación de la salud del imputado constituyen circunstancias excepcionales que justifican sustituir la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva por otra menos lesiva, sin que ello implique desconocer los riesgos procesales oportunamente identificados", escribió el juez Pagliere (h) en lo resuelto en esta segunda instancia.

Desde la Alzada, a su postura adhirió el también camarista Agustín Echevarría; mientras que el juez Damián Cini se pronunció en disidencia, por entender que Miguel Mele podía continuar con su tratamiento por los problemas de salud que padece en la cárcel donde hasta ayer estuvo.

"Si bien los riesgos procesales no han desaparecido, las circunstancias excepcionales acreditadas permiten concluir que se han atemperado y que pueden ser neutralizados mediante la modalidad domiciliaria, con monitoreo electrónico", señaló en lo decidido para Mele el Juez que desde la Cámara Penal votó en primer término en el interlocutorio que terminó revocando lo que fuera concluido el martes pasado desde el TOC 2.

Lo concreto es que ahora Mele está privado de la libertad en su casa, a la espera de que le sea colocado un dispositivo electrónico desde el SPB que permita controlar sus movimientos.

Hasta que eso suceda, le corresponderá al personal policial realizar controles periódicos, con la finalidad de constatar que el acusado permanezca en su lugar de residencia y no vulnere esa morigeración de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario, que le fue concedida.

El planteo que ahora prosperó

En esa apelación que Gasaro formulara ante la Cámara Penal después de lo resuelto el martes pasado por el juez del TOC 2 Gallicchio, nuevamente el eje central de su planteo estuvo relacionado con el estado de salud de Mele, quien padece síndrome de apneas-hipopneas obstructivas del sueño severo e hipertensión arterial.

Tal como ya fuera explicado, para tratar la primera de esas patologías el imputado necesita utilizar de manera permanente un dispositivo similar a un nebulizador, el cual permite mantener abiertas las vías respiratorias mientras duerme.

Con los votos en mayoría de dos de los jueces de la Cámara Penal, se consideraron de manera favorable a lo pretendido para el acusado los informes médicos incorporados al expediente.

Esos dictámenes concluían que las condiciones de alojamiento en la Unidad 2 de Sierra Chica no le permitían a Mele garantizar la utilización adecuada y continua de ese aparato que necesita para las apneas.

Lo sostenido en primer término por el juez Pagliere (h) -a lo que adhirió su colega Echevarría- puso especial énfasis en la evolución desfavorable que experimentó el cuadro clínico del imputado durante su permanencia en la Unidad 2. También -sobre la base de lo referido por diferentes profesionales médicos del Servicio Penitenciario Bonaerense-, en que el transportista no podía desarrollar adecuadamente el tratamiento por sus patologías en ese contexto de encierro carcelario donde estaba.

Además, sobre dicha cuestión se hizo mención a que Mele compartía una celda con tres internos más, que dormía en una cucheta superior, convivía con personas fumadoras y estaba expuesto a interrupciones del suministro eléctrico.

Para otorgarle la morigeración de prisión, a esas circunstancias se sumaron las limitaciones de infraestructura de la Unidad 2, la insuficiencia de personal sanitario y las dificultades para garantizar una respuesta asistencial adecuada ante una eventual emergencia.

En ese contexto, un profesional médico había advertido que la salud del encausado podía empeorar. Tanto por las patologías que padece como por las carencias de recursos sanitarios, eléctricos y asistenciales en esa celda donde permanecía en las condiciones ya referidas.

Uno de los puntos más discutidos durante el trámite de este incidente había sido la posibilidad de solucionar las dificultades mencionadas mediante la instalación de una conexión eléctrica para el funcionamiento del aparato que Mele necesita.

La neumonóloga que lo trató hasta antes de que resultara detenido había explicado que ese dispositivo tiene dimensiones reducidas y que su funcionamiento requiere tan sólo de una conexión eléctrica común, además de condiciones adecuadas de higiene y conservación. También señaló que eventualmente podía adaptarse para funcionar con baterías.

Sobre lo referido por esa doctora, el juez del TOC 2 Gallicchio había considerado que sus explicaciones permitían superar las objeciones planteadas por los médicos penitenciarios, por lo que al denegarle días atrás a Mele el beneficio ordenó también garantizar una conexión eléctrica apropiada para el aparato en esa celda donde estaba.

Pero en lo resuelto desde la Cámara Penal, el juez Pagliere (h) cuestionó esa interpretación. Según señaló, la especialista había descripto los requerimientos del tratamiento desde la perspectiva de su utilización en un domicilio particular, pero no se expidió sobre las posibilidades reales de implementarlo dentro de una unidad carcelaria.

Al respecto, el actual Vicepresidente de la Alzada sostuvo que no alcanza con comprobar la existencia de un tomacorriente en una celda donde son varios los internos que hay. Y que debe garantizarse que el equipo pueda funcionar de manera continua, que disponga de un espacio adecuado y limpio, que esté próximo al lugar donde duerme el paciente y que su utilización no interfiera con las condiciones de alojamiento de los demás reclusos.

De manera mayoritaria, también en la Cámara Penal se consideró insuficiente la solución eléctrica que dispusiera el Juez del TOC 2, al entender que no se había demostrado que eso permitiera superar las restantes dificultades señaladas por los profesionales médicos.

El juez Pagliere (h) sostuvo que "las constancias incorporadas al incidente son concluyentes en cuanto a que la falta de tratamiento adecuado expone al imputado a un riesgo cierto y significativo para su salud".

Por ese motivo se pronunció a favor de concederle la morigeración de la prisión preventiva al transportista, la postura que de manera mayoritaria prosperó anteayer viernes en esta segunda instancia.

El dato

En busca de la morigeración de prisión para Mele, en esa apelación ante la Cámara Penal su abogada sostenía también que "monopolizar" por las noches un único tomacorriente, para usar el aparato por las apneas, en la celda de la Unidad 2 donde estaba su cliente implicaba que se generaran "tensiones inevitables en la convivencia forzada" con los otros reclusos. Esa disputa -señaló Gasaro- exponía a su defendido a "un peligro inminente de violencia y agresiones físicas por parte de los demás internos".

El voto en disidencia

Para Damián Cini, actual presidente de la Cámara Penal, correspondía rechazar el recurso de apelación en favor de Miguel Mele y mantener la decisión de primera instancia del martes pasado, que indicaba que el transportista podía continuar en la cárcel con su tratamiento por los problemas de salud que padece.

Al igual que lo hiciera el juez del TOC 2 Albano Gallicchio cuando se opuso a la morigeración de prisión del acusado de este "homicidio con dolo eventual", el mencionado camarista penal sostuvo que las explicaciones brindadas por la neumonóloga que tiempo atrás atendió al transportista permitían concluir que el dispositivo que necesita podía funcionar con requerimientos técnicos mínimos, mediante una conexión eléctrica común en la celda e, incluso, con la posibilidad de incorporar una batería ante eventuales cortes de suministro de energía eléctrica.

Al respecto, el juez Cini tuvo en cuenta también para pronunciarse en minoría en contra de lo pretendido por la Defensora Particular del imputado que desde la Unidad 2 se había informado sobre la instalación de un tomacorriente en la celda donde estaba Mele y que fue verificado su funcionamiento.

Dicha adecuación, sostuvo, permitía abordar las patologías del acusado dentro del ámbito carcelario, por lo que no encontraba acreditadas circunstancias suficientes para modificar la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva que le había sido dictada meses atrás, en el marco de lo que todavía era la instrucción de esta causa penal ya elevada a juicio.

De esa manera, el camarista propuso confirmar el rechazo de la prisión domiciliaria, postura que finalmente quedó en minoría frente a los votos de los demás jueces de la Alzada departamental: Pagliere (h) y Echevarría.