20 de agosto de 2024
A partir de los hechos de público conocimiento, sobre la falta de control y procedimientos administrativos adecuados para la extracción de tosca del predio del Ex Monte Frutal, en perjuicio de las vecinas y vecinos del partido de Azul, formalizamos una presentación para que la justicia investigue al respecto.
El concejal de Podemos Azul, Juan Louge, radicó la denuncia el pasado miércoles 14 de agosto ante la UFI N°13 a cargo del Dr. Adrián Peiretti, en la que interviene el Juzgado de Garantías N°2 a cargo del Dr. Federico Barberena.
Desde Podemos Azul hemos agotado todas las instancias previas informando a funcionarios del gobierno municipal ni bien detectamos irregularidades con el objetivo de revertir inmediatamente la situación, pero frente a la continuidad de la extracción de tosca sin control ni autorización que cumpla con los requisitos administrativos pertinentes, nuestros concejales presentaron un pedido de informe al respecto, en el que además, se le recomendó al Ejecutivo cumplir con los procedimientos administrativos y legales correspondientes e implementar formas de certificación y control más eficientes sobre las cantidades de tosca que sean removidas en predios municipales del Partido de Azul, en defensa de los recursos naturales no renovables, que son bienes de dominio público.
En busca de esclarecer los hechos señalados dimos intervención a la justicia entregando toda la información que ya habíamos hecho pública para que determine e identifique las responsabilidades y de corresponder, frente a la existencia de delito instrumente las sanciones que las leyes dictan.
Este viernes, cuando fue trasladado a los tribunales de Azul para ser indagado, se negó a declarar por el hecho que le imputan y derivó en que resultara arrestado ayer jueves. Hace dos semanas, la madre del menor que figura como víctima en la causa penal que se instruye lo había denunciado.
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La entidad bancaria se había fundado en 1889 y, para 1927, además de la casa matriz en Azul, poseía sucursales en Capital Federal, las localidades azuleñas de Cacharí y Chillar, y en los distritos de Pringles y Dorrego. En este artículo, los detalles de la malversación cometida contra la entidad, que implicó su liquidación.
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