Ante la fuerte incidencia de la obesidad y el sobrepeso infantil, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense se viene insistiendo, desde hace dos años, que resulta indispensable avanzar en la instrumentación de un sistema de etiquetado frontal que alerte a los consumidores sobre los alimentos que tienen exceso de azúcares, grasas saturadas y sodio.

La magnitud de la problemática vinculada a la malnutrición de los sectores más vulnerables de la sociedad llevó a que, durante 2018, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas exhortara al Estado argentino a tomar medidas urgentes. El Comité solicitó que se recopile sistemáticamente datos sobre seguridad alimentaria y nutrición infantil. Además, pidió que se lleve a cabo un seguimiento y una evaluación periódica de la eficacia de los programas de alimentación escolar y de aquellas políticas públicas dirigidas a lactantes y niños/as de corta edad.

Si bien algunos relevamientos nacionales en 2018-2019, como la Segunda Encuesta de Salud y Nutrición, y la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, parecieron cumplir parcialmente con algunas de las exigencias del Comité, solo lo hicieron a nivel de diagnóstico. En materia de aplicación de políticas públicas, Argentina aún hoy sigue a la retaguardia respecto a la prevención del sobrepeso y de la obesidad. No sólo si comparamos con las políticas que se aplican en los países desarrollados, sino también respecto a las medidas que se llevan a cabo, desde hace años, en otras naciones de la región y Latinoamérica.

Este año se sumó la Declaración del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, Dainius P?ras, la cual expresamente menciona que la adopción del etiquetado "promueve decisiones saludables, desalienta el consumo de productos alimenticios que pueden tener un impacto negativo en la salud y contrarresta los efectos de vivir en un ambiente obesogénico".

El desafío del etiquetado frontal

Pese a los reclamos realizados por distintos actores de la sociedad civil, en la última década se registraron distintas trabas que impidieron que la Argentina tuviera un sistema de etiquetado frontal de alimentos como el que existe en Chile y Uruguay, y como se comenzó a instrumentar este año en México. Su aplicación no requiere demasiado esfuerzo, pero sí una fuerte decisión política de poner límites a algunos intereses corporativos.

Concretamente, mediante una simple reforma legislativa se podría obligar al puñado de empresas que controlan el negocio de los alimentos procesados y ultraprocesados en nuestro país a que coloquen la leyenda "Alto en" en paquetes y envases de aquellos artículos comestibles y bebidas que tengan excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas (Ver gráfico 1).

Respecto al etiquetado frontal, el único avance que se logró en los últimos años fue que el "Programa Nacional de Alimentación Saludable y Prevención de Obesidad" elaboró y publicó en 2018 un Manual de Recomendaciones. El manual sugiere la puesta en marcha de este sistema, el cual es definido como "el más efectivo y directo en informar a los consumidores de forma clara, simple y rápida". Los expertos del programa nacional reconocieron, además, que el etiquetado frontal sirve para influenciar los patrones de compra de distintos sectores sociales hacia alimentos más saludables, incluidos NNyA y personas de menor nivel de instrucción.

¿Por qué los responsables del Programa de Alimentación Saludable hicieron hincapié en las personas de menor nivel de instrucción? Los resultados de la Cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo hablan por sí solos. Muestran que, a menor nivel educativo, mayores son los niveles de obesidad y sobrepeso. De ahí que, por ejemplo, la prevalencia de obesidad entre las personas que no completaron el nivel primario de educación sea el doble respecto a aquellas y aquellos individuos que tienen el secundario completo: 45,9% frente a 27,8% (Ver gráfico 2).

En tanto, también se aprecia una marcada diferencia al analizar la alimentación que se registra los hogares, clasificándolos según los niveles de ingresos económicos. Mientras que el primer quintil (menores ingresos) muestra una prevalencia de 35,2% de obesidad, ese porcentaje se reduce al 25,5% en el quinto quintil (mayores ingresos, ver gráfico 3).

El problema es que, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, Uruguay y México, el Estado en los últimos cuatro años solo realizó recomendaciones que, como era de esperar, fueron sistemáticamente desoídas por las empresas que controlan el negocio.

Recortes y desfinanciamiento en 2019

El Programa Nacional de Lucha Contra el Sedentarismo, creado en 2013, es otra de las políticas públicas que se plantea entre sus objetivos la prevención del sobrepeso y la obesidad. Fue creado a través de una resolución ministerial y derivó -dos años más tarde- en Ley Nacional Nº 27.197.

Si bien en el informe definitivo de la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo se afirma que la Ley 27.197 contribuyó a fortalecer los equipos de las carteras ministeriales de Salud en numerosas provincias en temas relacionados a la actividad física, el año pasado la entonces Secretaria de Gobierno de Salud (que había dejado de ser ministerio) comunicó -llamativamente- que "la norma plantea objetivos generales de promoción de la actividad física de difícil instrumentación e implementación operativa, por lo que la misma requeriría ser modificada para garantizar políticas basadas en los estándares internacionales propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

En rigor, más allá de las valoraciones sobre la mencionada ley, el nivel de inversión pública durante 2018 y 2019 en actividades de "Promoción de la Alimentación Saludable, Prevención de la Obesidad y Lucha contra el Sedentarismo" fue irrisorio.

El año pasado, según consta en la ejecución presupuestaria informada por el Ministerio de Economía de la Nación, se gastaron $2 millones, quedando si ejecutar el 40% de los recursos presupuestados que, como si fuera poco, sufrieron un fuerte recorte del 23% respecto a lo que se le había asignado el congreso nacional a través de la Ley de Presupuesto 2019 (ver gráfico 4).

Cae el consumo de frutas

Un reporte sobre factores de riesgo, difundido en octubre de 2019, alertó que el consumo de frutas disminuyó un 41% y el de hortaliza un 21% en los últimos 20 años. A su vez, el consumo de gaseosas y jugos en polvo se duplicó en el mismo período. Esta evidencia local es concor­dante con el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que muestra que Argentina, Chile y México lideran las ventas anuales per cápita de productos ultraprocesados en la región.

En cuanto al consumo de azúcar, nuestro país se encuentra en el cuarto lugar a nivel mundial, con alrededor de 150 gr (30 cucharaditas de azúcar) para un recomendado máximo de 50gr (10 cucharaditas). Las bebidas azucaradas representan aproximadamente el 40% de este consumo, lo que se correlaciona con el hecho de que Argentina lidera el consumo mundial de gaseosas con 131 litros per cápita. Respecto al consumo de sal en Argentina, se estima que es de 11 gramos por día por perso­na, mientras que la recomendación de la OMS es de hasta 5 gramos diarios.

La situación, incluso, podría empeorar en el futuro cercano. No solo por los hábitos de consumo y el crecimiento del sedentarismo, sino también por cuestiones económicas. En general, los precios de las frutas y hortalizas están determinados por un conjunto de comportamientos, algunos de ellos especulativos de diversos actores como pueden ser las grandes cadenas de supermercados que abusan de su posición dominante en el mercado. A su vez, hay otros factores que influyen como la estacionalidad, que afectan a determinados productos en algunas épocas del año, o los costos de almacenamiento y transporte.

En definitiva, las dificultades económicas es uno de los factores que influyen en la mala alimentación de niños, niñas y jóvenes. Según la encuesta de Salud y Nutriciòn, el 32,5% de la población de 2 años y más refirió haber consumido frutas al menos una vez por día durante los últimos tres meses. Pero los encuestados del quintil más alto reportaron casi el doble de consumo de frutas que el quintil más bajo (45,3% vs. 22,8%).

Asimismo, el grupo de 13 a 17 años refirió un consumo de frutas frescas de 21,4%, que resultó menor que el porcentaje del grupo de 2 a 12 años (36,3%), y al de 18 años y más (33%).