LUEGO DEL AUMENTO DEL 100% APLICADO . Peaje: reclaman a Corresur y a Vialidad una revisión del nuevo esquema tarifario

"La concesión de infraestructura vial no puede interpretarse exclusivamente como un mecanismo de recaudación, sino que debe encontrarse necesariamente vinculada con obligaciones concretas de inversión, mantenimiento, conservación y seguridad vial", se planteó en un proyecto de Comunicación que resultó aprobado por unanimidad en la última sesión ordinaria. A la vez que se solicitaron informes a la empresa Corresur por el incremento del 100% en el cuadro tarifario, a Vialidad Nacional se le requiere respuesta sobre si ese organismo aprobó el reciente aumento aplicado.

En primer término, en la iniciativa presentada desde el bloque de Fuerza Patria -y que fue acompañada por el resto del cuerpo legislativo al momento de su aprobación-, se observó "el intempestivo incremento de las tarifas de peaje aplicado por la empresa concesionaria Corresur en la estación de Hinojo, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 226, kilómetro 276, el día jueves 29 [de octubre pasado] a las 00:00 horas, en el marco del nuevo sistema de concesiones de corredores viales nacionales".

Se destacó que "la empresa Corresur asumió, a partir del 10 de julio de 2026, la operación, administración y mantenimiento de un corredor vial de aproximadamente 1.325 kilómetros, que comprende las Rutas Nacionales N° 3, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas. Dicha concesión se inscribe en el proceso de reestructuración y privatización del sistema de corredores viales nacionales impulsado por el Gobierno nacional, mediante el cual se transfieren a operadores privados responsabilidades vinculadas con la conservación, mantenimiento, explotación y prestación de servicios a los usuarios".

En ese marco, se indicó desde el legislativo local, "recientemente se ha tomado conocimiento de la aplicación de un nuevo cuadro tarifario en la estación de peaje de Hinojo, que establece para los vehículos de categoría 1 una tarifa de $3.608,24 mediante TeIePase y de $7.216,49 para quienes utilizan la modalidad de pago electrónico manual. Estos valores representan una diferencia cercana al 100% entre ambas modalidades de pago, circunstancia que genera serios interrogantes respecto de los criterios de determinación tarifaria y de la razonabilidad de los importes exigidos a los usuarios".

"Asimismo -se añade en la Comunicación-, se ha informado sobre un incremento del 100% respecto de los valores anteriormente vigentes, situación que requiere una explicación precisa y documentada por parte de la concesionaria, a efectos de determinar la magnitud real de la actualización, su fecha de entrada en vigencia y los fundamentos contractuales y administrativos que la respaldan". En esa línea, se indicó también que "la modificación del cuadro tarifario se habría implementado sin una comunicación pública previa suficiente, afectando la previsibilidad económica de miles de usuarios que utilizan diariamente estos corredores para desarrollar sus actividades laborales, comerciales, productivas, educativas y sanitarias".

Se subrayó que "a ello se suma la ampliación del esquema de categorías de vehículos y la incorporación del cobro a motocicletas, modificaciones que ameritan conocer los criterios técnicos, económicos y normativos utilizados para su implementación". Del mismo modo, "la eliminación del pago en efectivo y la implementación de modalidades exclusivamente electrónicas también generan preocupación, especialmente para aquellos usuarios que no cuentan con dispositivos, conectividad, medios bancarizados o acceso habitual a plataformas digitales".

En ese contexto, se remarcó que "resulta particularmente cuestionable que el sistema establezca diferencias económicas tan significativas entre modalidades de pago, cuando el derecho a circular por las rutas nacionales no debería encontrarse condicionado por las posibilidades tecnológicas o financieras de cada usuario".

"El incremento de los costos de circulación impacta directamente sobre las economías familiares, el transporte de mercaderías, la producción regional y las actividades comerciales, trasladándose eventualmente a los precios de bienes y servicios", se puntualizó, para luego indicar que "la concesión de infraestructura vial no puede interpretarse exclusivamente como un mecanismo de recaudación, sino que debe encontrarse necesariamente vinculada con obligaciones concretas de inversión, mantenimiento, conservación y seguridad vial. En este sentido, existe una creciente preocupación entre vecinos y usuarios por las condiciones de transitabilidad de distintos sectores de la Ruta Nacional N° 3, donde se vienen realizando tareas de cepillado de la carpeta asfáltica, bacheo y reparaciones parciales cuya calidad, durabilidad y efectividad deben ser debidamente evaluadas. Estas intervenciones, lejos de constituir por sí mismas una respuesta integral al deterioro de la infraestructura, requieren controles técnicos rigurosos, señalización preventiva adecuada y garantías de que no generen nuevas situaciones de riesgo para los automovilistas y transportistas".

Los ediles consideran que "resulta indispensable conocer si los trabajos ejecutados responden a un plan integral de recuperación vial o si se limitan a intervenciones transitorias que no resuelven los problemas estructurales de la calzada", en tanto se expresó que "los usuarios tienen derecho a conocer qué obras se encuentran comprometidas contractualmente, cuáles son los plazos establecidos para su ejecución, qué inversiones se han realizado efectivamente y qué mecanismos de fiscalización existen para garantizar su cumplimiento".

Por ello, "no resulta razonable exigir mayores esfuerzos económicos a quienes transitan diariamente por estos corredores sin garantizar simultáneamente condiciones adecuadas de seguridad, mantenimiento y calidad del servicio. La Ruta Nacional N° 3 constituye una vía estratégica para el desarrollo económico, social y productivo del Partido de Azul y de toda la región, siendo utilizada cotidianamente por trabajadores, estudiantes, productores, transportistas y vecinos que necesitan trasladarse entre distintas localidades".

Por otro lado, se observó que, "paralelamente, continúa siendo una demanda histórica de nuestra región la concreción de la autovía de la Ruta Nacional N° 3, obra fundamental para reducir la siniestralidad, mejorar las condiciones de circulación y acompañar el crecimiento productivo y social del centro de la provincia de Buenos Aires. La paralización y falta de continuidad de obras estratégicas de infraestructura vial profundiza la preocupación de las comunidades que, mientras esperan soluciones definitivas, deben afrontar mayores costos de circulación. La seguridad vial constituye una responsabilidad que no puede quedar subordinada a criterios exclusivamente económicos ni a objetivos de rentabilidad de las empresas concesionarias".

Asimismo, se sostuvo que "la Dirección Nacional de Vialidad, en su carácter de autoridad de aplicación y organismo competente en materia de supervisión y control de las concesiones viales nacionales, debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de |os derechos de los usuarios. La transparencia en la determinación de las tarifas, el acceso a la información pública y el control de las inversiones comprometidas constituyen condiciones indispensables para evaluar la razonabilidad del sistema de concesiones".

Por ello, el Concejo Deliberante "en representación de los vecinos del Partido de Azul, considera necesario requerir explicaciones formales, precisas y documentadas respecto de las modificaciones tarifarias implementadas y de las obligaciones asumidas por la empresa concesionaria".

Por un lado, se le solicitó "a la empresa concesionaria Corresur que informe a este [Concejo Deliberante], de manera detallada y documentada, los fundamentos técnicos, económicos, financieros, contractuales y administrativos que motivaron la reciente modificación del cuadro tarifario de la estación de peaje de Hinojo, ubicada en el kilómetro 276 de la Ruta Nacional N° 226, especialmente respecto del incremento del 100% denunciado públicamente". Por otro, también se requirió a la mencionada empresa "que remita a este [Concejo] la siguiente información:

"a) Cuadro tarifario completo anterior y vigente, discriminado por categoría de vehículo y modalidad de pago, indicando los porcentajes efectivos de incremento aplicados.

"b) Fecha de entrada en vigencia del nuevo esquema tarifario y mecanismos de información pública utilizados para comunicarlo previamente a los usuarios.

"c) Instrumentos administrativos, disposiciones contractuales y autorizaciones de la autoridad competente que respaldan la modificación de las tarifas.

"d) Fundamentos de la diferencia tarifaria existente entre el sistema TeIePase y la modalidad de pago electrónico manual, que alcanza aproximadamente el 100%.

"e) Criterios utilizados para la ampliación del esquema de categorías vehiculares y la incorporación de motocicletas al sistema de cobro".

También le solicita a Corresur "que informe el plan de obras, inversiones y mantenimiento comprometido para los tramos concesionados de las Rutas Nacionales N° 3 y 226, detallando:

"a) Obras previstas, montos de inversión y cronogramas de ejecución.

"b) Trabajos efectivamente realizados desde el inicio de la concesión.

"c) Características técnicas y controles de calidad de las tareas de cepillado, bacheo y reparación de calzadas ejecutadas sobre la Ruta Nacional N° 3.

"d) Intervenciones estructurales proyectadas para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad de los usuarios".

En tanto, a la Dirección Nacional de Vialidad se le solicita que, "en su carácter de autoridad de aplicación y organismo de control, informe si el cuadro tarifario implementado por Corresur cuenta con las autorizaciones correspondientes, cuáles fueron los criterios utilizados para su aprobación y qué mecanismos de fiscalización se encuentran previstos para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de mantenimiento, inversión y seguridad vial".

Finalmente, desde el Deliberante se manifestó "la profunda preocupación de este Concejo ante la aplicación de incrementos tarifarios de significativa magnitud, en un contexto de dificultades económicas para las familias, trabajadores y sectores productivos" y se les solicitó "a la empresa concesionaria y a la autoridad nacional competente que evalúen la revisión del nuevo esquema tarifario, especialmente de las diferencias establecidas entre modalidades de pago, garantizando criterios de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y accesibilidad para todos los usuarios".