15 de abril de 2024
La iniciativa tendrá un plazo de 60 días, es sencillo, gratuito y se realiza en la página web del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será de carácter obligatorio para los jugadores y directores técnicos de todos los clubes y ligas del país, sin distinción de categorías. En cambio, para los dirigentes es optativo. También alcanza a los árbitros, donde ya está en vigencia.
El trámite se realiza directamente en la página web del Consejo Federal (https://consejofederal.com.ar/). Asimismo, vale destacar que se hace de manera gratuita.
Entre los objetivos se resaltan: Dotar de IDENTIDAD de pertenencia al Universo AFA, actualizar los pasaportes deportivos para facilitar la percepción de derechos formativos, desarrollar programas educativos y sociales, elaborar herramientas estadísticas deportivas a nivel nacional, facilitar el acceso a las políticas de capacitación desarrolladas en el ámbito del Consejo Federal, potenciar los canales de comunicación entre el Consejo Federal y sus integrantes, profundizar las políticas de fomento del fútbol federado amateur en el interior del País, entre tantas otras.
El despacho 12.706, en pocas palabras, es un programa que permita hacer un relevamiento de todos los actores del fútbol federado bajo jurisdicción del Consejo Federal y que cada actor pueda certificar, a través de su credencial, su status de futbolista de AFA, permitiendo de esta manera estrechar el vínculo que componen la familia de la federación campeona del mundo.
El sistema tendrá la opción de extender a los jugadores, dirigentes y directores técnicos censados una credencial física, la que tendrá un costo mínimo de producción y envío, pero que será opcional, ya que resulta suficiente a los fines de censo la emisión de la credencial digital.
El juez Gabriel Di Giulio dictó el procesamiento sin prisión preventiva del directivo de la firma Absolon S.A. por el volcado de efluentes industriales al cauce hídrico. La investigación, impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, determinó que la actividad contaminante se extendió por al menos dos años y afectó tanto la salud como el ecosistema regional. Se trabó un embargo por 20 millones de pesos.
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