El fallo donde el titular del Juzgado Federal 1 con sede en Azul se pronunció a favor de esta decisión fue dado a conocer ayer viernes, señalaron fuentes judiciales a EL TIEMPO.

Lo dispuesto ahora significa que, por el momento, el referido sumario penal continuará instruyéndose desde la justicia ordinaria, a través de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales y Violencia Institucional que en Azul conduce el fiscal José Ignacio Calonje.

Semanas atrás ese funcionario judicial había presentado un pedido para que esta investigación penal continuara llevándose a cabo desde el llamado "fuero de excepción".

En un principio, la declinación de la competencia en esta causa de la justicia provincial no había sido avalada por la magistrada Magdalena Forbes, la titular del Juzgado de Garantías 1 con sede en el Palacio de Justicia de Azul.

Pero apelación mediante, formulada por el titular de la también llamada UFIE, hizo que aquel fallo fuera revocado en segunda instancia por los jueces que integran la Cámara Penal departamental.

En consecuencia, las actuaciones que le dan forma a este sumario fueron remitidas a la justicia federal con asiento en Azul, desde donde ayer viernes se conoció la decisión del magistrado Di Giulio, consistente en rechazar la competencia en esta investigación penal de la jurisdicción a la que él pertenece.

Además de no aceptar la competencia para intervenir en este sumario vinculado con la presunta existencia de un vacunatorio VIP en el centro asistencial de Azul ubicado en una de las esquinas de Prat y De Paula, el Juez Federal señaló en lo dispuesto que si desde la Cámara Penal departamental se insiste con declarar la incompetencia en esta causa de la justicia ordinaria dicha cuestión la termine resolviendo la Corte Suprema. Algo que ya ha sucedido en ocasiones anteriores con otras investigaciones penales, como por ejemplo cuando la CSJNA resolvió que le competía a la justicia federal en Azul investigar un tiroteo que entre tres policías de la Federal y uno de la Bonaerense había sucedido el 11 de julio de 2019 en una estación de servicios ubicada sobre la Ruta 3.

En lo resuelto el titular del Juzgado Federal 1 indicó también que, hasta tanto se dirima si será la justicia federal o la provincial quien intervenga finalmente en este caso, "corresponde que la causa prosiga su tramitación ante el órgano jurisdiccional" donde se inició.

"En mi opinión, la incipiente investigación reconoce diligencias pendientes que resultan imprescindibles para delimitar y, fundamentalmente, encuadrar los hechos denunciados de modo que pueda considerar si, finalmente, se trata de conductas que habrían configurado prima facie un menoscabo al Plan Nacional de Vacunación o a las leyes nacionales antes referidas o a los intereses de la nación", escribió el juez Federal Di Giulio en un párrafo de esta resolución.

"La competencia federal es de excepción y, por consiguiente, hasta tanto no se verifiquen los extremos que la asignan, no corresponde su atribución", sostuvo para pronunciarse a favor de rechazar la intervención en esta causa de la jurisdicción de Justicia a la que pertenece.

En lo dispuesto se indica que Santiago Eyherabide, el fiscal Federal con asiento en Azul, también habían manifestado su oposición a que este sumario penal se continúe sustanciando desde el fuero de excepción.

A principios del pasado mes de marzo, una enfermera llamada María Soledad Mirando se había convertido en la denunciante de este caso.

Según lo sostenido por la trabajadora de la Salud, en el Hospital de Niños donde trabaja miembros del actual Directorio -entre ellos su titular, el médico Néstor Cousté, y el director Asociado, el contador Luis Tonel- habían intercedido para que dosis de vacunas contra el COVID-19 que tenían que recibir quienes figuran anotados en los listados oficiales se las terminaran aplicando a familiares y conocidos suyos.

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