10 de junio de 2026
Mientras sigue prófugo un varón acusado de integrar una organización delictiva que concretara meses atrás dos estafas a vecinos de Azul, después de que a un productor rural local le fuera hackeada su cuenta de WhatsApp, las detenciones de los demás investigados que tiene esa causa penal fueron convertidas en prisiones preventivas.
Los imputados que se encuentran privados de sus libertades desde fines del mes anterior fueron identificados por voceros judiciales como William Benítez Penayo -que tiene 20 años de edad-, Jesús Daniel Cardozo Benítez (21), José Alberto Bordignon (43) y Guadalupe Morales (23).
Los dos jóvenes mencionados en primer término son de nacionalidad paraguaya. Y a excepción de Cardozo Benítez, que figura con domicilio en González Catán, la localidad ubicada en el Gran Buenos Aires perteneciente al Partido de La Matanza, todos los demás investigados residen en ciudades de la provincia de Mendoza. Inclusive, el varón que todavía continúa siendo buscado, luego de que también había sido ordenada su detención y actualmente está prófugo.
Los tres varones que están presos son considerados "coautores" de un "concurso real" de delitos definidos como "asociación ilícita" y "estafa".
En tanto, la mujer que también permanece privada de la libertad es sindicada como "partícipe necesaria" de esos mismos ilícitos.
Adrián Peiretti, desde la UFI 22 con asiento en los tribunales de Azul, está a cargo de esta investigación penal.
En respuesta a un pedido que ese Fiscal formulara, este miércoles -de acuerdo con lo informado a EL TIEMPO- se conocieron los dictados de las prisiones preventivas para cuatro de los cinco acusados que tiene el expediente, medidas cautelares ordenadas desde el Juzgado de Garantías 2 por su titular, el magistrado Federico Barberena.
"Fake Coins"
El pasado 26 de mayo, en el marco del denominado operativo "Fake Coins", desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires se desarrollaron, con la participación de personal policial, diferentes allanamientos y detenciones.
Todas esas diligencias tenían como denominador común que fueron ordenadas en el marco de investigaciones penales relacionadas con "estafas de inversión, aplicaciones falsas y criptoactivos ilícitos", según se informara en un reporte oficial.
Aquel día, un total de noventa allanamientos simultáneos "en varios puntos del país" se concretaron por esas pesquisas, entre las cuales figuró la que se investiga desde la UFI 22 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul.
De un total de 21 personas detenidas ese 26 de mayo, cuatro habían sido a quienes este miércoles les fueron dictadas las prisiones preventivas por la investigación penal que continúa llevando el Fiscal azuleño actualmente a cargo de manera subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción número 22.
Lo investigado
Cuando el fiscal Adrián Peiretti solicitó al juez de Garantías Federico Barberena las detenciones de los imputados, en ese escrito señaló que los cuatro acusados que están presos y el varón que sigue prófugo formaban parte de "una banda" que, "actuando de manera coordinada y conjunta, con planificación previa, logística y división de tareas", cometió al menos dos estafas en Azul.
En ambos casos dichas maniobras delictivas se concretaron después de que a un productor rural de esta ciudad le fuera hackeado su perfil de WhatsApp.
De esa manera, los estafadores logaron el pasado 15 de diciembre concretar uno de estos hechos.
Aquel día, utilizando una foto del productor rural al que le hackearon su cuenta, desde un perfil trucho de WhatsApp lograron que un varón conocido de ese hombre, al hacerle creer que estaba hablando con él, transfiriera 1.415.000 pesos para comprar 1.000 dólares.
Ese dinero fue remitido por parte del damnificado a un CBU de un banco privado que -se comprobaría después- figura a nombre de José Alberto Bordignon, uno de los varones que está preso luego de lo que fuera su detención en la provincia de Mendoza el pasado 26 de mayo.
La ruta de ese dinero -iniciada desde la Fiscalía interviniente en esa estafa- permitió determinar que luego la plata fue "retransferida" a otra cuenta de una billetera virtual y que, posteriormente, más de un millón de pesos obtenidos mediante este engaño los recibió, en otra cuenta, el varón que sigue prófugo y ya está identificado.
"Este último -se refiere en las actuaciones penales- realiza una transferencia en concepto de pago por la compra de activos virtuales (tokens USDT)" a través de otra plataforma, adquiriendo la cantidad de 768,90 unidades en criptomonedas.
Esos activos virtuales luego fueron enviados a otro usuario, generándose de esa manera el llamado "perjuicio patrimonial" para el vecino de Azul que creyó que le estaba comprando dólares al productor rural al que conoce, ignorando que a ese hombre le había sido hackeado su WhatsApp.
En tanto, el 6 de enero de este año, una situación similar sufrió otro vecino de Azul, también conocido del productor agropecuario al que días antes -según lo investigado hasta el momento- los miembros de la organización delictiva imputada le habían hackeado su cuenta de WhatsApp.
Creyendo también que dialogaba con el productor, el otro damnificado por estas maniobras de tipo defraudatorio transfirió 7.450.000 pesos para comprarle 5.000 dólares al conocido suyo.
Ese hombre también perjudicado por estas estafas hizo la transferencia de dinero desde una cuenta que tiene en un banco privado. También, a una billetera virtual cuyo titular es Jesús Cardozo Benitez, otro de los imputados.
En ese caso, luego la suma de dinero fue "retransferida" a William Benítez Penayo, otro de los varones para quien este miércoles fue ordenada su prisión preventiva.
Ese joven radicado en la provincia de Mendoza luego envió parte de la plata recibida -236.000 pesos- a la cuenta de una billetera digital a nombre también de Cardozo Benitez.
Además, hizo "varias transferencias" -por un total de 340.000 pesos- a una billetera digital registrada a nombre de la mujer que también está presa: Guadalupe Morales,
Con ese dinero de procedencia ilícita Benítez Penayo pagó, al mismo tiempo, 6.184.000 pesos por activos virtuales (tokens USDT), adquiriendo también criptomonedas desde una plataforma utilizada para ese tipo de operaciones.
A esos activos virtuales -según ha podido determinarse desde la investigación iniciada en la UFI 22- los envío a otro usuario, concretándose también esa otra estafa que se le atribuye a esta organización delictiva. Una banda que hasta el momento tiene cuatro detenidos y a un quinto imputado todavía prófugo y con pedido de captura vigente.
"El mismo modus operandi"
Cuando el mes pasado el Juez de la causa dictó las detenciones de los cinco acusados por estas estafas, en lo resuelto concluyó: "Se ha utilizado el mismo modus operandi en ambos hechos, con la participación de los investigados, atravesando el dinero obtenido de las víctimas diferentes cuentas bancarias y billeteras digitales para, finalmente, comprar con esos fondos criptoactivos (USDT), mediante la modalidad Binance P2P", los cuales luego eran transferidos a otra usuaria que está radicada en el exterior del país.
"Ello me lleva a determinar que los investigados utilizan la metodología descripta, repartiéndose el dinero obtenido, con roles determinados -división de tareas-, dando cuenta de una planificación previa y logística, a nivel nacional e internacional, a través de fuga de activos virtuales al exterior, en lapso de apenas unos minutos, distribuyéndose entre ellos un remanente de fondos (el que estaría pactado)", sostuvo el titular de Garantías 2.
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