SE RECLAMA ANTE LA PROVINCIA UNA CORRECCIÓN Y UN REINTEGRO . Coparticipación: Azul recibió $ 1.351 millones menos por un reparto incorrecto de los fondos

Los fondos coparticipables que reciben los municipios bonaerenses se calculan sobre la base poblacional de La Matanza y, específicamente, los datos aportados por el Censo 2010 y el estimado de crecimiento de ese distrito. Al conocerse los resultados del Censo 2022 se comprobó que existe un amplio margen de error, por lo que las comunas, entre ellas la de Azul, recibieron durante doce años un porcentual menor al que hubiere correspondido. Esta situación motivó, en el Concejo Deliberante, la presentación de un proyecto que se enfoca en este problema y reclama a la provincia dos aspectos: que "arbitre las medidas necesarias para rectificar el cálculo del [coeficiente] para el año 2023" y, a su vez, que "instrumente un mecanismo de compensación para restituir los fondos indebidamente otorgados a La Matanza durante doce años, a los 134 municipios afectados por la injusta distribución de los recursos".

En tal sentido, se sostiene que "la alteración de los datos del Censo de La Matanza le significó a Azul la pérdida de 1.351 millones de pesos, lo cual ha generado una clara afectación de la calidad de vida de la población azuleña", a partir de lo cual "se toma dimensión de los perjuicios ocasionados a millones de bonaerenses que viven en los restantes ciento treinta y cuatro municipios".

La Resolución se aprobó por mayoría y lleva las firmas de los concejales del bloque UCR-Evolución, Jorge Ferrarello y Pilar Álvarez, que fue acompañado desde Juntos por el bloque PRO de Ramiro Ortíz y Lucio Mansilla, sector que realizó el trabajo estadístico específico.

Error del estimado

En el proyecto de Resolución se afirma que "los datos del Censo 2022" han confirmado "las dudas acerca de la veracidad de los datos del Censo 2010 en relación a la población de La Matanza, y el impacto que ello tuvo en los años subsiguientes en el reparto de la coparticipación entre los municipios de la provincia de Buenos Aires".

Se observa que la "coparticipación federal es el mecanismo a través del cual la Provincia le gira fondos a los municipios, generados a partir de los tributos del Estado provincial y algunos aportes provenientes del Estado nacional, a partir de la Coparticipación Federal de Impuestos (CFI)".

Por otro lado, se señala que la "Ley 10559 del año 1987 es la que establece el Régimen de Coparticipación de la provincia, donde en su artículo 1° enuncia que 'las Municipalidades de la provincia recibirán en concepto de coparticipación el 16,14% del total de ingresos que percibe la Provincia en concepto de impuestos sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuesto".

Del mismo modo, se plantea que, "una vez establecido el fondo coparticipable, la distribución se lleva a cabo en función del Coeficiente Único de Distribución (CUD), un índice que estipula lo que le corresponde a cada municipio en el reparto de la masa coparticipable, que se determina año tras año en función de la evolución de las variables comprometidas".

Los porcentuales de distribución

Con respecto al Coeficiente Único de Distribución, en el proyecto se Resolución aprobado unánimemente en el Concejo Deliberante, se puntualiza que "el CUD está conformado de la siguiente manera: el 35,9% por población; 13,34% en forma proporcional a la inversa de la capacidad contributiva per cápita ponderada de la población; 8,7% en proporción directa con la superficie del municipio; 12,95% en relación a la cantidad de consultas médicas registradas con o sin internación; 3,7% en relación a la cantidad de egresos de pacientes registrados en establecimientos con internación; 7,4 en relación al número de pacientes por día en establecimientos con internación; 3,7% en relación al número de establecimientos hospitalarios sin internación; 5% se distribuye entre las municipalidades que cubren servicios y funciones transferidas".

En tal sentido, se afirma que "la provincia de Buenos Aires distribuye los recursos, según lo indicado previamente, entre los 135 municipios que la integran". Y que, "según los datos que se registra, la población de La Matanza fue de 1.775.816 de personas en 2010, y sobre esa base fue que se proyectó que para 2022 vivirían 2.374.149".

Se afirma, entonces, que "el Censo 2022, cuyos datos se dieron a conocer recientemente, arrojó que la población en dicho municipio es menor a la esperada en la proyección calculada en base al censo realizado hace doce años, resultando ser una población de 1.837.774 personas; implicando una diferencia poblacional de 536.375 habitantes".

En ese contexto, los concejales que presentaron la iniciativa, subrayaron que "la sobreestimación de la población matancera quedó en evidencia estos últimos años, cuando la tasa de vacunación, de matrícula escolar o la de mortalidad por Covid no se condecían con la proporción estimada, según lo planteado en el Censo 2010".

Por otra parte, se menciona que "reconocidas economistas y expertos en datos demográficos señalaron que el mayor desvío de todos los partidos del AMBA corresponde a La Matanza, incluso el ya fallecido economista y político argentino Jorge Todesca, como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en 2016, presentó en su momento una denuncia en ese sentido".

Reparto indebido

En el proyecto de Resolución se puntualiza que "dicha diferencia poblacional [observada en La Matanza] motivó que la Provincia de Buenos Aires distribuyera los recursos en carácter de coparticipación secundaria de forma indebida, injusta e inequitativa hacia los municipios durante doce años. Observando la extensión temporal de dicha distorsión, se toma dimensión de los perjuicios ocasionados a millones de bonaerenses que viven en los restantes ciento treinta y cuatro municipios".

Además, se sostiene que "la alteración de los datos del Censo de La Matanza le significó a Azul la pérdida de 1.351 millones de pesos, lo cual ha generado una clara afectación de la calidad de vida de la población azuleña".

"La situación de injusticia distributiva -se añade luego- que afecta al Partido de Azul y al resto de los municipios, debe ser rectificada de inmediato por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, en carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 10559, modificando de forma urgente el coeficiente de coparticipación (CUD), actualizándolo con la nueva información poblacional de los distritos que fue suministrada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)".

El reclamo a la Provincia

En la iniciativa también se observa que, "además de la rectificación hacia el futuro, es preciso y justo que se establezca un mecanismo de compensación por los perjuicios sufridos durante los 12 años en los que se tomó en cuenta información inexacta para conformar el CUD".

En la parte resolutiva del proyecto se solicita "al Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que arbitre las medidas necesarias para rectificar el cálculo del CUD para el año 2023, teniendo en cuenta la información proporcionada por el Censo 2022".

También se le requiere "al Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que instrumente un mecanismo de compensación para restituir los fondos indebidamente otorgados a La Matanza durante doce años, a los 134 municipios afectados por la injusta distribución de los recursos".