EN EL MARCO DE LA MOVILIZACIÓN REALIZADA POR LA CGT . Los gremios azuleños rechazan las medidas contempladas en el DNU y la Ley Ómnibus

El miércoles pasado los trabajadores nucleados en las organizaciones gremiales que integran la CGT se movilizaron en esta ciudad, en rechazo de las medidas que componen tanto el DNU presidencial como la Ley Ómnibus que actualmente trata el Congreso de la Nación.

Del paro y movilización también participó la CTA, en sus distintas expresiones, y diferentes organizaciones sociales, y la acción fue replicada en cada localidad del país. EL TIEMPO realizó una ronda de consultas con dirigentes de diversas entidades sindicales azuleñas, con el fin de abordar distintos aspectos contemplados tanto en el decreto presidencial como en el paquete de leyes enviado al parlamento.

Las organizaciones gremiales coinciden en señalar que, tanto lo impuesto en el DNU como lo propuesto en la Ley Ómnibus, "destruye la producción nacional, la pequeña y mediana industria, y vulnera derechos sociales y conquistas logradas durante años que nos ponen a la vanguardia en el mundo en materia de derechos laborales". A continuación, la postura de diferentes entidades sindicales:

Luis Correa (Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas -STiGas-, delegación Azul): "Tanto los que votaron al Presidente Javier Milei, como los que optamos por los otros candidatos, no esperábamos que al mes de gobierno aparezca un DNU y luego una Ley Ómnibus donde, sin debate en el Congreso, se busque eliminar o modificar artículos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo, eliminar los convenios colectivos de trabajo, o directamente de la Constitución Nacional, como lo es el derecho a huelga".

El delegado de STIGas analizó que "tanto el DNU como la ley denominada 'Ómnibus', modifican, eliminan o crean cientos de leyes, incisos, decretos y resoluciones de los ámbitos laboral, civil, comercial, penal y administrativos del Estado". Correa manifestó que "no protestamos contra una política económica, social o cultural. Eso lo evaluará la historia. Nosotros sólo debemos defender nuestros derechos, y eso se hace movilizando o haciendo visible el descontento por este atropello".

Sin lugar a dudas, añadió Correa, "la causa que nos convoca siempre es la defensa de nuestros derechos" como trabajadores "y la lucha por estar cada día un poco mejor. Manifestarnos para dejar clara nuestra postura, ya que siempre nos adaptamos y adaptaremos a la discusión y a la negociación colectiva, pero nunca al autoritarismo".

Juan Cruz Sabalúa (Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social -SECASFPI-): "Estamos movilizados y en alerta permanente, ya que en el caso específico de Anses vemos completamente avasallados nuestros derechos".

Al respecto precisó que "hay despidos arbitrarios, más de quinientos a nivel nacional". Por ello, con el gremio SECASFPI "estamos en alerta y movilización ya que dentro del decreto presidencial se establece una cláusula en la cual el Poder Ejecutivo puede hacerse del Fondo de Garantías de Sustentabilidad".

Sabalúa expresó que "estamos hablando del fondo de los jubilados. Lo quieren poner como moneda de cambio para el pago de deuda, con lo cual desfinancian al Anses y ponen en peligro todas las jubilaciones".

Por otra parte, aseveró, "también este decreto ataca a las leyes laborales básicas, como el derecho a la indemnización, el derecho a la protesta".

El dirigente puntualizó que, "a nivel local, SECASFPI es el único gremio que realizó asambleas por este tema", y refirió que "repudiamos los despidos arbitrarios, el vaciamiento del organismo y el ataque a las leyes laborales que este decreto pretende borrar con una firma".

Mauro Cruz (secretario de Actas de la CGT Regional Azul y representante local de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales -FATUN-: "Rechazamos el DNU y la Ley Ómnibus. Entendemos que atentan contra derechos laborales, derechos que a los trabajadores les ha costado mucho poder conquistarlos, y que a través de ciertos artículos se ven ahora afectados".

Puntualizó que, "como trabajadores de las Universidades nacionales, afirmamos que estas instituciones se van a ver afectadas a través de los posibles recortes presupuestarios. No sólo eso. También se verán afectadas a través de la matrícula, porque a raíz de las modificaciones que pretende hacer este decreto, al igual que la ley ómnibus, está la ley de alquileres" y ello repercutirá en las universidades.

Explicó al respecto que "sabemos del gran esfuerzo que hacen muchos padres en poder mandar a sus hijos a formarse a una Universidad. Y, debido a los altos valores de los alquileres, y al no estar eso regulado, esto se va a ver imposibilitado". Por ello, "de una u otra manera, indirectamente, va a afectar a las Universidades".

También expresó Cruz que la movilización del miércoles buscó "impactar para que los legisladores se puedan valer de un sustento tan importante y poder legislar y actuar resolutivamente a favor de lo que los trabajadores y el pueblo en general manifiestan".

Aseguró que lo acontecida el pasado miércoles "seguramente marcará un antes y un después en cuanto a todas las intenciones que tiene el Ejecutivo nacional de ir en contra de todo lo que es la clase trabajadora que, ni más ni menos, es la que está pagando el costo de esta política libertaria que ha querido implementar este Presidente".

La Federación, explicó Cruz, nuclea a las Universidades Nacionales del país -unas 157 actualmente-. El sindicato de base es ATUNCPBA -Asociación de Trabajadores de Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con sede central en Tandil.

Daniel Corrado (dirigente de UPCN y de CGT Regional Azul): "Creemos que es un momento clave para que toda la ciudadanía exprese el rechazo a este paquete de DNU y de Ley Ómnibus. Sabemos que esto va en contra de muchos derechos, no sólo de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos".

Expresó que "nosotros, como organización sindical, nucleamos a los trabajadores formales, en distintos estamentos, del Estado y del nivel privado, que están sindicalizados", pero observó que "hay mucha gente que es cuentapropista, mucha gente que es jubilada, muchos que no están dentro de las organizaciones gremiales y, por supuesto, estamos en defensa de todos ellos".

En cuando a las medidas presidenciales que se rechazan, el dirigente de UPCN precisó que "estamos ante un decreto -el DNU- que tiene más de trescientos puntos. Creemos que es muy fuerte el contenido del mismo y la forma con que se ha hecho visible para que llegue a convalidarse junto a una decisión del Congreso de la Nación".

Por otro lado, Daniel Corrado sostuvo que "estamos convencidos que la participación, tanto sectorial como ciudadana, es muy importante en una democracia".

"Creemos -añadió- que se están avasallando varios puntos de nuestra Constitución Nacional y que va en contra del bienestar de las personas".

El paquete enviado al Congreso, no sólo el DNU en cuestión, es "muy variado, porque incluye educación, salud, en todos sus ámbitos -incluye medicamentos, estudios médicos, todos los aspectos-, la ley de alquileres y los contratos, se pasa por el rubro alimenticio, por la soberanía nacional y un largo etcétera". Ante ello, indicó que desde UPCN y la CGT local "consideramos que la forma también está mal, porque el Poder Ejecutivo no puede sacar un decreto urgente que convalide el Congreso. Es algo que requiere mucho tiempo, diálogo, cosa que tampoco hay".

Para el dirigente, entonces, "es necesario un diálogo con todas las partes, para que todo salga en forma democrática". En efecto, señaló Corrado, "precisamente para que no se atropellen los derechos adquiridos que tenemos, no solamente los trabajadores, sino todos los ciudadanos de esta república, creemos que es conveniente y necesario salir a la calle para decirle al Presidente de la Nación que esta no es la forma".

La situación provincial y municipal no escapa a la problemática. Corrado indicó, en tal sentido, que "también a nivel provincial nosotros hemos sufrido un cierre de paritarias a través de un decreto -por parte del gobernador Kicillof-. Desde la UPCN, ni bien conocido el decreto, con el aumento y el cierre de paritarias, ya convocamos a la reapertura de esas paritarias en forma urgente, para el mes de febrero". Y, a nivel local, "también el intendente Sombra por decreto cerró paritarias y dio el aumento que consideraron, desde el Ejecutivo".

"Todas estas cosas nosotros creemos que hay que llevarlas al diálogo -puntualizó el dirigente de UPCN-. Es necesario entablar diálogos con todas las partes. Todos somos importantes si queremos vivir en una democracia que ya tiene sus cuarenta años".

Nancy Suárez (delegada de ATE de los trabajadores auxiliares de Educación en Azul): "Nos unimos todos los trabajadores y la comunidad que está organizada para fomentar la construcción de la fuerza que nos permita enfrentar todas las medidas nefastas y antipopulares de este Presidente", en referencia a Milei.

La dirigente azuleña puntualizó, además, que "nosotros creemos que, unidos, vamos a poder enfrentar todas las políticas que vienen impulsando los libertarios, ya que la gente no votó esto. Votó para vivir mejor y recuperar salario que, todos sabemos, hace un tiempo que se viene perdiendo".

Es por ello que ese sector gremial se manifiesta por "la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos", la urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación y "el pase a planta permanente y estabilidad laboral para todos los trabajadores".

También rechazan la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro, reclaman "el cese de las políticas de ajuste" y el intento de privatización y desguace de empresas y organismos estatales.

No sólo se rechaza la Ley Ómnibus que trata el Congreso, sino también los DNU 70 y 84 del 2023 y la anulación del Protocolo Anti-Movilizaciones que "intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades".

José Luis Iturralde (secretario general de la Asociación Bancaria de Azul): "El paro general convocado por la CGT no ha sido prematuro. Somos respetuosos de la voluntad popular, pero nunca en la historia democrática un Presidente tomó tantas medidas en contra de los trabajadores".

En ese sentido, observó que "tanto en el DNU como en la Ley Ómnibus está clara la mano de los grupos que se favorecen a costa de la clase media, que la forman trabajadores, productores, comerciantes, cuentapropistas, profesionales, jubilados". Por ello, "está claro ahora que, al final, el ajuste lo paga la clase media".

El dirigente del gremio bancario también refirió que el Ejecutivo nacional "intenta privatizar el Banco Nación, el más grande de nuestro país y, además, superavitario".

"Hay decisiones del Presidente [Milei] que son inexplicables", puntualizó Iturralde, y añadió: "Reimpone el Impuesto a las Ganancias y sube retenciones, cuando pregonaba que iba a disminuir la carga impositiva".

También remarcó que "la crisis económica en nuestro país no es culpa de las leyes laborales, sino de las políticas económicas que se aplican". Ante ello, aseveró: "Si sos inteligente y ves una multitud que se manifiesta, como Gobierno tenés que olfatear que algo está pasando". Sin dudas, entonces, "hay que armonizar precios, salarios y jubilaciones para que el clima social se tranquilice".

Irene Lagos (secretaria general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires -Udocba- seccional Azul): "No podemos dejar que pongan a la educación en jaque y que nos quiten todos los derechos", así como tampoco que "vuelvan a imponer el impuesto a las ganancias, que con tanto esfuerzo se consiguió que esto se eliminara y que es otro de los derechos adquiridos, y por todo lo que implica la baja de nuestros sueldos".

La dirigente sindical sostuvo que "se pretenden derogar muchas leyes de Argentina que tienen que ver con los derechos laborales, previsionales, de ART, indemnizatorios".

María Eugenia Lazarte (secretaria general de la Asociación Judicial Bonaerense -AJB- Departamental Azul): "Desde la Corriente Judiciales por la Unidad, que es el grupo al que pertenece la Departamental Azul -que es una minoría dentro de la AJB provincial-, venimos intentando desde hace tiempo reaccionar de manera conjunta de toda la AJB frente a las medidas que se han tomado desde la Provincia de no acompañar la crisis inflacionaria y cómo se fueron licuando los salarios, además de no respetarse, como debería, la negociación salarial".

Refirió que "es algo que nosotros venimos planteando hace tiempo. Si bien nosotros tenemos esta postura, a veces no es compartida por las otras Departamentales. En este caso en particular, ya la situación va más allá de lo que es estrictamente la cuestión salarial, pero no hay que olvidarse que en parte la situación de los judiciales tiene ya una base de pérdida de derechos a raíz de esta situación".

Con respecto al DNU presidencial, Lazarte puntualizó que "nosotros queremos dejar en claro que estamos en contra del DNU porque es un avasallamiento a todos los derechos, es completamente inconstitucional, pero además es un paso más dentro de las pérdidas y la debacle que vamos sufriendo trabajadores y trabajadoras".

"En este caso en particular -añadió la titular de AJB Azul-, en cuanto al DNU, haciendo un análisis legal, empezamos a ver que hay una amplitud de delegación de facultades que son propias del Congreso Nacional, por dos años. Esto es un cierre, virtual, del Congreso y una anulación de las minorías, teniendo en cuenta lo peligroso que es la suma del poder público en una sola persona. Nuestro sistema constitucional está armado puntualmente para que esto no pase y este DNU lo que hace es ir en contra de todo esto".

También observó que "hay que tener en cuenta que son más de 360 medidas que abarcan, básicamente, todas las actividades y que impactan en la mayoría de los cuerpos normativos. Cuerpos normativos que fueron estudiados, que tienen su sistema de modificación propio para evitar, justamente, el avasallamiento de derechos, por la simple opinión de un grupo concreto, y por eso tienen ciertas garantías y son cuerpos normativos férreos puntualmente para esto. Incluso, lo que es más preocupante, abarca puntos de la Constitución Nacional".

En ese sentido, Lazarte explicó que, "por ejemplo, el derecho de huelga y de protesta, que están presentes en nuestra Constitución. Es un derecho constitucional y una garantía constitucional. Además, la limitación de la participación en asambleas: lo que hace, de alguna manera, es limitar e intentar anular la participación política. Y nos vamos de la discusión político-partidaria, sino a lo estrictamente político, a la concepción de la política en sí. La intención es borrar a trabajadores y trabajadoras de la participación política".

Por otro lado, "en cuestiones de Derecho laboral, puntualmente, aunque no nos toca a nosotros como empleados del Poder Judicial provincial sí es algo que toca a los trabajadores en el sector privado, es el tema de las diferencias en la manera de tratar el Derecho laboral. Dejar de entender que en el Derecho laboral hay una parte más débil, que es el operario, y plantear situaciones que a simple vista resultan llamativas, como la libertad de contratación. ¿Qué tendría de malo esto? Lo que tiene de malo es que, en realidad, no se tiene en cuenta que no hay una igualdad entre las partes, que es la base de los contratos, entonces el operario termina tendiendo a renunciar a ciertos derechos laborales, ya que se plantea la posibilidad de renunciarlos y antes no era así, y va a ser la única manera de conseguir un trabajo".

Subrayó que, "entre otras cosas, a lo que se renuncia es a situaciones muy básicas como multas por empleo no registrado. Es decir que el empleador no tendría mayor inconveniente si registra o no a su empleado, entonces ¿por qué lo haría? Y esa es una de las preguntas que nos hacemos: por qué un empleador registraría a sus empleados, si no tiene ninguna diferencia al no hacerlo".

También, "dentro de las otras cuestiones que intenta regular este DNU -puntualizó Lazarte-, más allá de lo que es estrictamente laboral, vemos la intención de restitución del impuesto a las ganancias, que afectaría a nuestros jubilados y jubiladas que, como decimos siempre, es el sector más vulnerable. Es un sector que tiene muchos gastos y que necesita otro tipo de contención por parte del Estado, porque son las personas que trabajaron toda la vida y que se merecen tener un descanso y la posibilidad de disfrutar del fruto de su trabajo de todos esos años -además de tener más gastos en medicamentos, por ejemplo-; cuestiones que llama la atención tener que ir a aclararlas".

No dudó en afirmar que "no es una buena estrategia para nutrir a un país, eliminando cultura, eliminando ciencia, o eliminando las restricciones a cuestiones muy importantes como es el cuidado de los recursos naturales... Hay muchas cuestiones que se pueden modificar en cuatro años. Escuché que hay que dejarlo gobernar [a Milei] y lo cierto que nadie está en contra de que gobierne, porque fue elegido por el pueblo. Pero hay ciertos límites que van más allá de si el pueblo lo eligió y están planteados por la legalidad de lo que se está haciendo que, en este caso, no se cumple".

En líneas más generales -del DNU y la Ley Ómnibus- Lazarte analizó: "Hay que entender que hay ciertas modificaciones -glaciares, bosques, entre otras muchas- que, una vez que eso está destruido, eso no tiene vuelta atrás. Esas son situaciones que van muchísimo más allá de un gobierno específico o de un tiempo específico, sino que estamos hablando de cosas que, una vez que se destruyen, no se pueden recuperar".

Por ese motivo, "hay ciertas cosas a las que hay que ponerle un límite. No se pone en duda que el pueblo votó a este gobierno. Pero también creo que, en la mayoría de los casos, cuando el pueblo lo votó no lo hizo pensando en destruir recursos naturales, eliminar derechos laborales, eliminar las multas por faltas de registración, eliminar las asambleas, sino desde un punto de vista, que es muy complejo, de ver cómo se llega a una solución en la situación económica", finalizó la titular de la AJB Departamental Azul.

Luciano Salinas (secretario general del Centro de Educadores Azuleños -CEA-, gremio adherido a FEB): "Nosotros nos abocamos, obviamente, a lo que refiere la Ley Ómnibus en cuanto a educación, que es el tema que nos atañe a nosotros como Centro de Educadores". Sostuvo, puntualmente, "en lo que respecta a la Ley Ómnibus, el artículo 97, que establece que, para la educación inicial, primaria y secundaria, el servicio sería 'esencial'".

Salinas destacó que "eso trae un poco de 'ruido' y en las distintas comisiones todavía no hay una letra chica sobre cada cuestión en particular, como para poder analizar y saber bien, de manera completa e integral, qué cuestiones se tienen en cuenta y cuáles no, como también cuáles pueden ser las negociables y cuáles no. Muchas cosas de esta ley están como 'por arriba'", sin mayores precisiones.

"Por ejemplo -observó Salinas-, habían propuesto en uno de los artículos que los docentes deberían ser evaluados cada cinco años, para ver su práctica docente y demás. Aparentemente fue quitado ese artículo. Nosotros consideramos que atenta contra el derecho docente, contra el Estatuto Docente y la estabilidad laboral. Hay aspectos que se están revisando y otras que no sabemos".

En tal sentido dijo que "el artículo 97 es el que más nos preocupa, que establece el servicio esencial. Obviamente que la educación es esencial. Nadie pone eso en discusión, como desarrollo de una sociedad de una Nación. El tema acá es la esencialidad en su connotación jurídica, que tiene que ver con el derecho a huelga. Más allá de que se esté de acuerdo o no con el paro, con el derecho a huelga, también hay otras cuestiones que tampoco están bien explícitas, como por ejemplo sabemos que en muchas escuelas hay problemas edilicios y sanitarios. Si hay que cerrar la escuela por problemas de gas o de agua, o se está por caer el techo, lo que sea, al ser un servicio esencial en esos términos, ¿qué ocurrirá en esos casos? ¿Los alumnos y docentes tendrán que ir a esa escuela, que constituiría un peligro? Esas son algunas de las cuestiones que no están claras. Por eso tenemos muchas dudas".

El dirigente de CEA-FEB señaló que "tampoco sabemos qué alcance tiene esta ley ómnibus. ¿Todo lo que es de Nación baja a las provincias sí o sí? Entendemos que los lineamientos educativos, en el caso de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, están a cargo del Gobernador. Y el análisis jurídico de esta ley ómnibus es que cada gobernador tiene que adherir a este decreto nacional. Y eso alcanza a las escuelas públicas de la provincia. Ojalá que esto pueda resolverse de la mejor manera, que se pueda debatir con seriedad y con el mejor consenso para los bonaerenses".

Ruben Rodríguez (secretario general del gremio municipal SOEMPA): "Es el momento de estar movilizados, manifestando y plasmando nuestra oposición a la forma de gobierno que intenta implementar el presidente Milei, con un ajuste brutal al pueblo trabajador y a la clase media argentina".

Un ajuste, precisó Rodríguez, "que destruye la producción nacional, la pequeña y mediana industria, y vulnera derechos sociales y conquistas logradas durante años que nos ponen a la vanguardia en el mundo en materia de derechos laborales y beneficios para la comunidad".

Ante ese panorama "es hora de salir y defender todos estos logros, y de poner un freno al avasallamiento institucional que, a su vez, pone en riesgo el normal funcionamiento democrático, que puede gustarnos más o menos, pero que ha cumplido cuarenta años en esta querida Argentina".

Rodríguez aseveró que "somos una gran nación, que todos amamos, que queremos ver crecer, pero con justicia social, con inclusión y convencidos que la patria no se vende. Por eso vamos a marchar, en todo el ámbito de la República Argentina".

Finalmente expresó que "los trabajadores municipales estamos comprometidos con el pueblo argentino".