RECHAZO LOCAL A UNA DECISIÓN PRESIDENCIAL . El Consejo de Discapacidad advirtió que el veto a la ley de emergencia "abandona a las personas"

Por Javier Ciappina

Redacción EL TIEMPO

El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad provocó un fuerte rechazo en diferentes sectores de la sociedad, como el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad de Azul. Sandra Larsen y Carla Roth, integrantes de ese organismo, afirmaron que la decisión "abandona a las personas con discapacidad y a sus familias" y frena medidas urgentes que buscaban garantizar la inclusión y la autonomía.

Asimismo, recordaron que la norma había sido aprobada por amplia mayoría en Diputados y Senadores, en ambos casos con los dos tercios de los votos. "Estábamos contentos, pero ya se había anunciado que existía la posibilidad de un veto. Nos sorprendió y no nos sorprendió, porque era algo que ya se había escuchado", señalaron.

La ley vetada tenía como eje el cumplimiento efectivo de derechos establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina ratificó en 2008 mediante la Ley 26.378. Preveía la actualización de valores de prestaciones, un nuevo mecanismo para determinar aumentos, el cumplimiento del cupo laboral, el fortalecimiento de talleres protegidos y medidas para garantizar los apoyos necesarios para una vida inclusiva e independiente.

Impacto directo en la vida cotidiana

Por otro lado, Larsen y Roth detallaron que el veto afecta prestaciones esenciales: transporte, tratamientos psicopedagógicos, acompañantes terapéuticos y pedagógicos, maestros de apoyo a la inclusión, rehabilitación, medicamentos, exámenes médicos e instituciones de educación especial.

Un ejemplo concreto es el de los acompañantes terapéuticos, que actualmente cobran 3.000 pesos por hora y, en muchos casos, reciben el pago de las obras sociales con demoras de hasta seis meses. "Si un profesional deja de trabajar porque no se le paga lo justo o en tiempo, la persona pierde el apoyo que necesita para vivir de manera independiente", advirtieron.

Para explicar la importancia de esos apoyos, recurrieron a una analogía sencilla: "Si usás anteojos y te los quitamos, tu esfuerzo será el doble y quizás no puedas leer, entender, participar u opinar. Lo mismo sucede con cualquier apoyo que necesita una persona con discapacidad".

Prestaciones desactualizadas y talleres en riesgo

Las integrantes del Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad de Azul remarcaron que los nomencladores no se actualizan desde diciembre de 2021 y que la ley vetada establecía un sistema de ajuste vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto, dijeron, era clave para evitar que las prestaciones quedaran desfasadas frente a la inflación.

En el caso de los talleres protegidos, indicaron que las personas con discapacidad que participan perciben actualmente 28.000 pesos mensuales, un monto insuficiente para cubrir las necesidades básicas. La ley también buscaba mejorar esta situación y garantizar el funcionamiento de los talleres, que muchas veces son el único espacio laboral y social para quienes no pueden acceder a un empleo competitivo.

El problema se agrava en localidades más pequeñas. En Cacharí, por ejemplo, no existe un taller protegido. "Las personas que egresan de la formación especial allí no tienen posibilidades de integrarse, recrearse, trabajar o practicar deportes en su comunidad", señalaron.

"No es asistencialismo, es garantizar derechos"

Para Larsen y Roth, la decisión del Ejecutivo Nacional refleja "una economía deshumanizada" que prioriza números sobre derechos. Rechazaron el argumento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que calificó la ley como un retorno al "Estado asistencialista".

"No pasa por ser asistencialista. Vetar la ley es abandonar a las personas. El Estado debe asistir, garantizar, procurar, preservar y cuidar", remarcaron. Y agregaron que esta visión reduce a la persona con discapacidad a su capacidad de producción. "Se nos ve como un gasto y no como personas con derechos", aseveraron

También cuestionaron el uso de términos despectivos como "mogólico" o "autista" en el debate público, a lo que calificaron como una "deshumanización tremenda".

"Se hicieron las auditorías"

En otro tramo de la charla mantenida con este matutino, Larsen y Roth apuntaron que en la Ley de Emergencia "están previstas las auditorías. Se alude al procedimiento que permite acceder a una pensión no contributiva". De hecho, añadieron, "se hicieron las auditorías. En Azul estuvieron a cargo de Políticas de Inclusión. Asistieron alrededor de 1.200 personas. No hay ningún problema en que se realicen y a la persona que realmente tiene un CUD no se le negó la no contributiva".

"Obviamente que se usó a la discapacidad como botín político y por eso aumentaron las pensiones no contributivas. Quizás no es culpa de este gobierno. Pero la Ley de Emergencia prevé que el uso que se haya hecho se pueda auditar y la persona que tiene su derecho a tener una pensión no contributiva no lo pierda. Es más, se les puede generar un aumento si se encuentra gente que tiene una que no le corresponde", manifestaron.

Un veto que afectó a tres leyes claves

El mismo día que vetó la ley de discapacidad, el Ejecutivo también anuló otras dos normas aprobadas en el Congreso: la de aumento de haberes jubilatorios y la moratoria previsional. "Se está vulnerando no sólo a las personas con discapacidad, sino también a jubilados y adultos mayores", advirtieron.

A partir del veto, el proceso legislativo ahora deberá repetirse: el proyecto debe volver a ambas cámaras y obtener nuevamente los dos tercios de los votos para insistir con su sanción. Tanto Larsen como Roth esperan que eso ocurra "lo más pronto posible" y que el Gobierno no judicialice una nueva aprobación, como el presidente Javier Milei advirtió que podría hacer.

Movilización y expectativa

Desde el Consejo Municipal, Larsen y Roth acompañaron con movilizaciones cada instancia legislativa de la ley, incluso viajando y articulando con otras localidades. En Azul, las convocatorias fueron ganando fuerza, aunque las condiciones climáticas afectaron la última realizada el 10 de julio.

Mientras tanto, el Consejo seguirá visibilizando la necesidad de que la ley sea sancionada nuevamente. "Es una herramienta fundamental para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus derechos. Sin ella, no se puede lograr una verdadera sociedad inclusiva", concluyeron.