ENTREVISTA CON JOSÉ LUIS ITURRALDE . "Esta reforma laboral no mira el siglo XXI, sino que reabre debates superados en la década de 1930"

El secretario general de la Asociación Bancaria Azul, José Luis Iturralde, al ser consultado por EL TIEMPO sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, señaló que "parte de una premisa equivocada: supone que el Derecho del Trabajo es un freno para la inversión, cuando en realidad es uno de los pocos ordenadores institucionales que garantizan estabilidad social, previsibilidad económica y paz distributiva".

En esa misma línea, añadió que "ningún país serio compite en base a la precarización de su fuerza de trabajo; por el contrario, la productividad y la innovación surgen de modelos que protegen a sus trabajadores, profesionalizan el empleo y fortalecen la negociación colectiva".

Desde su óptica, en consecuencia, "la reforma avanza sobre pilares esenciales de nuestro sistema jurídico: indemnización, presunción de relación laboral, jornada, salario remunerativo, ius variandi, protección sindical. Pero lo hace de manera fragmentaria, sin diálogo tripartito, sin evidencia empírica y sin evaluar el impacto macroeconómico que tendrán estas medidas. Esto no es modernizar: es desregular en sentido regresivo".

Iturralde aseguró que "un proyecto verdaderamente moderno debería orientarse hacia la formalización del empleo, incentivos a la contratación, políticas de capacitación y digitalización, actualización de convenios colectivos en sectores dinámicos y fortalecimiento institucional del sistema de inspección laboral. Ninguno de esos elementos aparece aquí".

Para el dirigente de la Bancaria, la propuesta por el Gobierno nacional "es una reforma que no mira el siglo XXI, sino que reabre debates superados desde la década del '30 [del siglo pasado]. En términos estrictamente jurídicos, vulnera la progresividad en materia de derechos sociales y colisiona frontalmente con el artículo 14 bis y con los tratados de derechos humanos incorporados en la Constitución".

Con respecto a los aspectos que retrotrae de la lucha histórica del movimiento obrero, el secretario general de la Bancaria azuleña observó que "hablar de retroceso no es una metáfora. La reforma toca en forma directa conquistas que fueron construidas con décadas de organización, huelgas, persecuciones y militancia sindical".

Entre las más relevantes mencionó:

"La indemnización por despido: convertirla en un costo previsible, fraccionable o financiado por el propio trabajador es despojarla de su naturaleza sancionatoria. La protección frente al despido arbitrario es el núcleo duro de la Constitución desde 1957. Cualquier intento de abaratarla desarma ese equilibrio.

"Jornada laboral de 8 horas: si bien no se elimina de manera formal, la habilitación de esquemas más flexibles, productividad por rendimiento, ampliación de modalidades y uso intensivo de horas complementarias genera un efecto similar al que existía antes de 1905: jornadas fragmentadas, imprevisibles, con descanso insuficiente. La 'flexibilización' aquí implica retroceder más de un siglo.

"Presunción de relación laboral: era uno de los grandes triunfos doctrinarios del movimiento obrero: que la prestación de servicios presumiera la existencia de un contrato de trabajo. Con el nuevo artículo 23, basta una factura para destruir esa presunción. Es el triunfo del papel sobre la realidad, una inversión completa del principio de primacía de la realidad que consolidó nuestra jurisprudencia.

"Salario remunerativo: la expansión de sumas no remunerativas vía beneficios sociales reproduce el modelo de los 90: salarios que parecen altos en el bolsillo, pero no existen para jubilación, obra social, indemnización ni aguinaldo. Un trabajador que cobra lo mismo, pero tiene menos derechos. Un retroceso silencioso pero profundo.

"Protección sindical y contra la discriminación: reducir el despido discriminatorio a un recargo del 50% -y trasladar la carga probatoria al trabajador- debilita la herramienta que históricamente permitió que existan delegados, comisiones internas y activismo laboral sin miedo a represalias.

"Facultades extraordinarias del empleador (ius variandi): al ampliarse las posibilidades de modificar tareas, funciones, modalidades y condiciones, sin un contrapeso claro, se reabre la puerta al disciplinamiento interno.

"Trabajo por equipo o por sociedades de trabajadores: aunque parece moderno, puede convertirse en un bypass para quitar dependencia laboral sin que se note. Favorece la tercerización hacia adentro de la empresa".

De esa manera, subrayó Iturralde, "en todos estos puntos, la reforma no moderniza: desestructura protecciones históricas".

Por otra parte, al ser consultado sobre las medidas inmediatas de las organizaciones sindicales, indicó que "el movimiento obrero argentino tiene una característica singular: combina capacidad de negociación, densidad técnica y poder de movilización. Esa tríada lo convierte en un actor institucional de peso".

Por ello, añadió el dirigente bancario, "ante una reforma regresiva, la respuesta probablemente se articule en cuatro frentes:

"Frente político-institucional: negociación con bloques parlamentarios, universidades, especialistas y sectores empresarios no alineados con la desregulación extrema. El objetivo es frenar artículos inconstitucionales, incorporar marcos de protección mínima, y abrir un diálogo tripartito real.

"Frente jurídico: presentación de acciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares, y control de convencionalidad por parte de jueces del fuero laboral. Dado que la regresión es manifiesta, este frente será clave.

"Frente gremial: movilizaciones, plenarios de delegados, paros sectoriales y eventualmente un paro general si la reforma avanza sin modificaciones".

En tal sentido, Iturralde mencionó que "la CGT tiene una larga tradición de frenar reformas que lesionan derechos esenciales. Y este caso no será la excepción".

Otro frente será el "comunicacional". Indicó que "el movimiento obrero sabe que esta batalla no es sólo jurídica; es cultural. Explicar a la sociedad que no se discute 'costo laboral', sino derechos básicos de ciudadanía social, será un eje central".

Al requerirse una opinión sobre el modelo económico del Gobierno nacional, en el marco de despidos y cierres informados en los últimos días en diferentes rubros, Iturralde señaló que "la economía argentina atraviesa una de las recesiones más profundas de las últimas décadas. Caída de la actividad, contracción del consumo, cierre de pymes, pérdida de empleo formal y achicamiento estatal conforman un panorama que se parece más a un ajuste indiscriminado que a un plan de desarrollo".

"Las cifras de despidos en el sector privado, sumadas al cierre de empresas y al avance sobre despidos estatales, muestran un modelo que se repliega sobre sí mismo: menos producción, menos actividad, menos empleo, menos consumo", aseveró el dirigente de la Asociación Bancaria de Azul.

En ese contexto, "el Gobierno impulsa una reforma laboral que hace aún más frágil al trabajador y desfinancia la seguridad social. Es un contrasentido".

Asimismo consideró que "los países que crecen no lo hacen quitando derechos. Lo hacen con políticas industriales, inversión en tecnología, ciencia, capacitación, infraestructura y fortalecimiento del mercado interno". Por ello, no dudó en afirmar que "la Argentina necesita un modelo que dinamice la economía real, no una contracción permanente de la demanda que se traslade sobre los sectores más vulnerables".

"La combinación entre recesión, precarización y desprotección laboral es explosiva. No genera empleo: destruye el existente. No genera competitividad: la sustituye por desigualdad. No genera estabilidad: acelera la conflictividad social", puntualizó Iturralde durante la entrevista con este diario.

En tanto, puntualmente en términos institucionales, indicó que "el país enfrenta un riesgo mayor: la desarticulación del sistema de seguridad social. Si los salarios se vuelven no remunerativos, si las relaciones laborales se disfrazan de autónomas, si la indemnización se reduce y si la registración pierde calidad, el sistema jubilatorio, las obras sociales y los fondos de desempleo entran en crisis".

Por último, Iturralde remarcó que "una reforma regresiva puede generar más daño a mediano plazo del que intenta resolver a corto plazo".