LUEGO DE LA REUNIÓN DE DIPUTADOS CON TRABAJADORES AZULEÑOS . Frente a la Ley Ómnibus, intentarán declarar a Fanazul como un "activo estratégico de la Nación"

Una iniciativa parlamentaria se presentó a través de diputados nacionales, en defensa de las industrias que pretenden ser privatizadas por el Ejecutivo, luego de una reunión que los legisladores mantuvieron con trabajadores de la planta local Fanazul.

El proyecto de ley se denomina "Protección de la Industria para la Defensa" y fue presentado por los diputados nacionales Eduardo Toniolli, Germán Martínez, Gabriela Estévez, Florencia Carignano y Julia Strada.

Se propone que diversas empresas nacionales, entre ellas Fanazul, se declaren "activos estratégicos de la Nación por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa nacional".

En el primer artículo del proyecto, se indica: "Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado [Fanazul, entre ellas] y Fabrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martin" Sociedad Anónima son declaradas como activos estratégicos de la Nación por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional".

El siguiente artículo establece que "por su carácter de activo estratégico de la Nación, queda prohibida la privatización y/o la enajenación parcial o total de los bienes, inmuebles, activos financieros de su propiedad y capital accionario de las sociedades enumeradas en el artículo 1°, sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada Cámara del Honorable Congreso de la Nación".

El diputado Toniolli afirmó que "las fábricas para la defensa están bajo ataque", por lo que impulsa el proyecto de ley que busca impedir la privatización de Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA, en riesgo por el actual proyecto de Ley Ómnibus.

En efecto, luego de que el bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP) se reuniera con trabajadores de Fabricaciones Militares, Tandanor y FAdeA -empresas públicas sujetas a privatización en el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso-, el diputado Eduardo Toniolli presentó una iniciativa con el fin de evitar su enajenación: "De concretarse la voluntad de Milei, Argentina pasaría a depender totalmente de otros países para proveer a sus Fuerzas Armadas", afirmó el legislador nacional.

Un "no" a la privatización

En el proyecto, los legisladores nacionales indican que "el Poder Ejecutivo Nacional acaba de enviar al Congreso Nacional un extenso proyecto de Ley, titulado 'Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', para su discusión y sanción en las actuales sesiones extraordinarias".

"En él propone -entre un número importante de derogaciones y modificaciones normativas sobre muy diversas temáticas- la privatización del corazón productivo, industrial y de material local de la defensa nacional, integrado por empresas como Tandanor, Fabricaciones Militares y la Fábrica Argentina de Aviones".

Se afirma entonces que "la República Argentina cuenta con una excepcionalidad que la distingue en la región y en el mundo, que es la de contar con una herramienta autóctona y soberana para las soluciones industriales y de producción de medios para la defensa, consolidada gracias a una política de Estado que, aún con vaivenes, se sostuvo por décadas".

"El proyecto del Poder Ejecutivo -se observa- pretende terminar definitivamente con nuestra producción propia de material y medios de la defensa, obligando a la Argentina a tener que depender, en lo sucesivo, de otros países para proveerse de soluciones industriales en el área, trazando un nuevo rumbo geopolítico de dependencia".

Por otro lado, se menciona que "el Presidente de la Nación y su Canciller han expresado en reiteradas ocasiones su vocación por volver al alineamiento automático de nuestro país con los Estados Unidos de América. En esa misma línea, las privatizaciones de las empresas que forman parte del complejo militar industrial nacional tienen como finalidad la dependencia de medios y sistemas de armas que sean de origen norteamericano y de parte de la OTAN".

Los legisladores sostienen que "la Argentina, además, cuenta con un veto por parte del Reino Unido de Gran Bretaña, potencia que ocupa ilegalmente nuestro territorio nacional en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. El cierre de estos núcleos de producción industrial de la defensa nacional nos sometería aún más a los designios del Reino Unido, cercenando la posibilidad de acceder a diversos medios que son de necesidad para el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y todo el sistema de defensa".

En otra parte del proyecto de ley, se indica: "Para abundar aún más en lo erróneo de la decisión y en el carácter puramente ideológico del alineamiento automático con potencias foráneas, debemos señalar que las tres empresas citadas son extremadamente eficientes en el mercado tanto nacional como internacional. Fabricaciones Militares es el principal productor de material explosivo que se utiliza por las grandes mineras en toda la región, como también de productos químicos utilizados por la industria petroquímica y de reparación de vagones de ferrocarriles".

En tanto, se asevera que "sus servicios son utilizados por el Estado, como también por empresas privadas y otros estados de la región".

En el caso puntual de Fanazul, el proyecto de Toniolli expone que "el cierre de Fabricaciones Militares, además del grueso impacto que tendría en la provisión de munición de calibres generales y de alto calibre para las Fuerzas Armadas, también generaría un impacto negativo en las condiciones de vida y el desempleo de localidades que ven sus comunidades fortalecidas por el trabajo que movilizan las fábricas. Hablamos de ciudades como Fray Luis Beltrán, donde se encuentra la fábrica homónima a pocos kilómetros de Rosario en la provincia de Santa Fe, o la ciudad de San Jose de Jachal, en la provincia de San Juan, donde se encuentra la fábrica de explosivos más grande del país. En la provincia de Córdoba el impacto sería mucho mayor, ya que la privatización dejaría sin trabajo a cientos de cordobeses de Villa María y Río Tercero".

"Lo mismo ocurriría en caso de privatizarse la Fábrica Argentina de Aviones, en la ciudad de Córdoba -se subraya luego-, que cumple el rol central e indelegable de producir los sistemas de armas Pampa III y posteriores, el IA -100 Malvina y paracaídas para las tres Fuerzas Armadas y para el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Estado Mayor Conjunto. También cumple un rol comercial en el mantenimiento, reparación y overhaul de aviones de fuselaje angosto, como los Airbus a320 NEO y CEO. Estas soluciones comerciales no solo redundan en ingresos económicos genuinos, sin participación del Presupuesto y del Tesoro Nacional, sino que también destaca el trabajo argentino de calidad y tecnificado. La pérdida de esta capacidad, o aún peor, la dependencia extranjera en el desarrollo y producción de aviones de entrenamiento inicial y avanzado, significaría un retroceso contundente. El caso de los Douglas A-4 Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina y sus sostenidos problemas con su arma principal, el caso de los repuestos de los Super Etendard de la Armada Argentina, o los helicópteros utilizados en las campañas antárticas, son una muestra de los problemas que se presentan a la hora de la provisión de medios y repuestos provenientes del extranjero".

Particularmente "en el caso de Tandanor es aún mayor la crisis que puede generar su privatización: en un mundo en el que el transporte por vía marítima se acrecienta, privaría a los Argentinos de una herramienta de diseño, construcción y mantenimiento de buques de alto porte que sostiene tanto el transporte de bienes, como también el desarrollo de medios para la Armada Argentina. Tandanor recientemente ha aumentado la capacidad de procesar hasta 15.000 toneladas de acero al año. Además, el complejo puede hoy preparar, cortar y plegar chapas de distintos grosores, y fabricar piezas metálicas curvas, moldeadas y con configuraciones geométricas complejas. La posibilidad de acceder de manera local a soluciones de alta tecnología y de obras calificadas con mano de obra argentina forma parte de un activo que reconocemos como estratégico para los intereses permanentes y vitales de la Nación. Es Tandanor también el medio por el cual puede sostenerse la campaña Antártica Argentina, ya que cumple la función del mantenimiento y reparación de los medios navales que constituyen la permanencia argentina ininterrumpida en nuestro territorio antártico".

En ese contexto, "a los fines de determinar lo que definimos como 'activos estratégicos' sostenemos que estas empresas enumeradas en el artículo primero son esenciales para diseñar un ciclo virtuoso de producción nacional de medios de la defensa nacional. Para nosotros la defensa nacional supone un compromiso cotidiano con los intereses vitales de la Nación y del pueblo argentino. No existe posibilidad de proyectar una Argentina soberana e independiente si perdemos la posibilidad de dotarnos nuestras propias soluciones para enfrentar un mundo que está en permanente cambio y conflicto".

"Creemos que a los activos estratégicos más que privatizarlos hay que potenciarlos -se asevera en el proyecto de ley-, y encontrar cada vez mayor articulación entre el ciclo de planeamiento de las Fuerzas Armadas (con el apoyo del FONDEF para proyectar el futuro de la tecnología) y los sistemas de armas más modernos. Privatizarlos, venderlos o sacarlos, solo responde a intereses foráneos que buscan someternos a una mayor dependencia. A partir de estos fundamentos es que por el presente proyecto se declara en artículo 1° a Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima, Fabricaciones Militares Sociedad del Estado y Fabrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martin" Sociedad Anónima como activos estratégicos de la Nación por su relevancia en el desarrollo industrial de la Defensa Nacional. En el Artículo 2° se establece que queda prohibida su privatización y/o la enajenación parcial o total de sus bienes, inmuebles, activos financieros de su propiedad y capital accionario sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada Cámara del Honorable Congreso de la Nación".

Se remarca, asimismo, que "el requisito de contar con una mayoría especial de dos tercios de los miembros de las cámaras del Congreso cuenta con un importante antecedente, la ley 26741, que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y el 51% del patrimonio de Repsol YPF GAS S.A."

En el artículo 10 la ley 26741 Yacimientos Petrolíferos Fiscales se establece que: "ARTICULO 10. - A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros."

"Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley", se indicó en la iniciativa que presentó el diputado Toniolli y que acompañaron otros legisladores, tal como se mencionó anteriormente.

La soberanía nacional, en riesgo

Por otro lado, el diputado Toniolli destacó que Milei "pone en riesgo no sólo miles de fuentes de trabajo, si no también nuestra soberanía nacional", en tanto subrayó que "en un mundo convulsionado, y con una parte de nuestro territorio ocupado ilegalmente, sería gravísimo para nuestros intereses depender integralmente de privados, de empresas extranjeras o de otros estados para equipar a nuestras Fuerzas Armadas".

Toniolli aseveró, además, que el presidente Milei quiere "hacer pasar como una solución al déficit fiscal lo que en realidad es una política de liquidación de nuestras capacidades nacionales".

Para el diputado, "las empresas públicas de la industria para la defensa son solventes y son un ejemplo a nivel continental en materia tecnológica, por lo que la excusa del gasto público se cae: lo que se busca en realidad es ofrecerles pingües negocios a ciertos grupos, al mismo tiempo que se precariza el equipamiento de nuestros soldados, marinos y pilotos".

Se busca declarar a las empresas nacionales de Defensa como activos estratégicos de la Nación "por su relevancia en el desarrollo industrial para la Defensa Nacional", prohibiendo su privatización o enajenación sin la aprobación de dos terceras partes de los miembros de cada cámara del Congreso de la Nación.