Trece imputados, entre los cuales figuran una policía de la Bonaerense y una joven que está prófuga desde febrero pasado, después de que le había sido revocado el arresto domiciliario del que gozaba, tiene una investigación penal relacionada con la comercialización de estupefacientes al menudeo que recientemente fuera elevada a debate por el Juez de Garantías que intervino durante lo que había sido la instrucción de esa causa.

Entre los varones acusados figura un azuleño que está preso cumpliendo condena por más delitos. En su mayoría, relacionados con infracciones a la Ley 23.737.

Ese hombre, que actualmente también es investigado en otros sumarios penales por ese mismo tipo de ilícito, es señalado en esta causa como quien llevaba adelante desde la unidad penal donde estaba preso la actividad ilícita.

Entre julio y diciembre del año 2019 estaba en la Unidad 30 de General Alvear. Y desde esa cárcel del SPB, según lo investigado, vía telefónica impartía las órdenes y organizaba "la adquisición de la sustancia estupefaciente".

Esa droga, posteriormente, algunos de los coimputados se encargaban de ir a buscarla a otras ciudades. Y luego, los restantes tenían como tarea venderla en Azul bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo".

Toda esta presunta organización delictiva había podido ser desbaratada cuando en diciembre de ese año ya referido se llevaron a cabo varios allanamientos en diferentes objetivos. Inclusive, en la celda de la cárcel donde en ese entonces estaba alojado el recluso azuleño.

Aquellos procedimientos habían sido ordenados por Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 con sede en los Tribunales de Azul que ahora, en primera instancia, dio lugar a la elevación a juicio de este sumario penal.

El fiscal Lucas Moyano -el titular de la UFI 22 que llevó adelante la tramitación de esta causa- había encabezado esas diligencias, que fueron llevadas a cabo por efectivos de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina.

Los allanamientos habían derivado en las aprehensiones de once de los trece imputados que tiene este sumario recientemente elevado a juicio. También, en el hallazgo y la posterior incautación de más de un kilo de marihuana. Y del mismo modo había sucedido con los secuestros de elementos considerados de interés para esta pesquisa, entre los cuales figuraron los que habitualmente se utilizan para el fraccionamiento de la sustancia que luego era vendida al menudeo en pequeñas dosis.

Lo que dice la causa

Según se menciona en las actuaciones penales, "al menos en el lapso comprendido entre julio de 2019 y el 13 de diciembre de 2019 -el día en que se realizaron los allanamientos y las aprehensiones de la mayoría de los encausados- un grupo de personas, algunas conocidas entre sí", de manera acordada y organizada, "cumpliendo distintos roles en la actividad" y "valiéndose de diversas líneas telefónicas" llevaron a cabo la actividad ilícita que se les está imputando. Es decir, la "comercializaron de estupefacientes -cocaína y marihuana- fraccionadas en dosis destinadas directamente al consumidor, sustancias que tenían en su poder a esos fines" en los domicilios de Azul donde residían, los cuales habían sido allanados.

Carlos José María Cano se llama el hombre que para ese entonces estaba preso en la Unidad 30 de General Alvear y figura como el presunto líder de esta organización delictiva.

Cuando el 13 de diciembre de 2019 la celda que ocupaba en ese penal -ubicada en el Pabellón 4- fue allanada, en su poder se hallaron e incautaron dos teléfonos celulares, dos tarjetas SIM y varias anotaciones "manuscritas" relacionadas con los hechos materia de esta investigación.

A una de las mujeres encausadas, aquel mismo día, en la casa de Azul donde residía le habían hallado e incautado un ladrillo de marihuana que pesó más de un kilo, constituyéndose ese procedimiento en el que arrojó como resultado el mayor secuestro de droga en esta pesquisa.

Más marihuana, aunque en menor cantidad, fue secuestrada en la mayoría de los objetivos allanados por la Policía ese día.

También se incautaron elementos relacionados con la comercialización de drogas, entre los cuales -se menciona en las actuaciones- figuraron una balanza, envoltorios de nylon y varios teléfonos celulares.

Según lo señalado en la resolución que se tradujo en la elevación a juicio de esta causa, "todos los estupefacientes secuestrados se encuentran comprendidos en las previsiones de la Ley 23.737 y eran tenidos ilegítimamente por los aquí imputados con fines de comercialización y para ser entregado en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, mediante la existencia de una estructura delictiva organizada cuyo número de personas permite una mayor eficacia ilícita".

La mayoría de los encausados deberá responder a título penal en ese futuro debate por los delitos de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor y comercialización ilegítima de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

En tanto, dos de las mujeres investigadas -una de ellas, la que era policía de la Bonaerense- de quedar firme la elevación a juicio de esta investigación penal llegarán acusadas a ese proceso sólo por el delito de comercialización ilegítima de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

EL DATO

La elevación a juicio de esta causa penal implicó que en esta primera instancia el Juez de Garantías desestimara un planteo de nulidad de las actuaciones que formulara la Defensora Particular de la policía acusada, para quien también fue rechazado un pedido de sobreseimiento. Y tampoco prosperaron las solicitudes de sobreseimiento y cambio de calificación legal de este sumario para tres mujeres más que figuran imputadas.