1 de septiembre de 2025

AL ORDENAR SUS PRISIONES PREVENTIVAS

AL ORDENAR SUS PRISIONES PREVENTIVAS. Juez prohibió que cuatro reclusos utilicen teléfonos celulares

Los presos están siendo investigados por diferentes ilícitos cometidos desde la cárcel donde permanecían juntos el año pasado: la Unidad 30 de General Alvear. "Extorsión" y "asociación ilícita" son los delitos que les imputan.

Esa medida cautelar de tipo "especial" fue dispuesta "hasta tanto se resuelvan definitivamente sus situaciones procesales" en la causa penal que los involucra.

En las actuaciones que desde la UFI 30 lleva adelante por estos hechos el fiscal Cristian Citterio, los reclusos imputados fueron identificados como Gabriel Antonio Esquivel Dasco, Carlos Ariel Moreno, Miguel Emanuel Valdez Orellana y Omar Anselmo Nievas Barros.

Los cuatro son considerados "coautores" del delito de "asociación ilícita". Y a algunos de ellos, además, les imputan dos hechos de "extorsión".

Días atrás, las detenciones que pesaban sobre esos internos -ordenadas tiempo atrás en el marco de esa Investigación Penal Preparatoria- fueron convertidas en respectivas prisiones preventivas por el magistrado Juan José Suárez. Y el titular del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul, dando lugar a otro de los pedidos formulados desde la Acusación para los reclusos, dispuso también la prohibición para todos ellos de la utilización de telefonía celular en esos contextos de encierro donde actualmente continúan.

En lo resuelto el magistrado Suárez señaló: "Respecto de la petición fiscal de una medida cautelar especial a dictar, en atención a que se encuentra acreditado que las acciones ilícitas llevadas a cabo por los referidos imputados lo han sido a consecuencia del uso de telefonía celular desde el interior de la unidad penitenciaria donde estaban alojados, debo señalar que acompañaré la misma por resultar necesaria hasta tanto se resuelva definitivamente la responsabilidad penal de los encartados en los hechos en juzgamiento".

"Ello por cuanto entiendo que los hechos probados pueden reiterarse mientras (los reclusos) tengan acceso a la telefonía celular". Y también, "mediante su utilización pueden entorpecer el curso del proceso y contactar nuevamente a la víctimas y/o testigos para que modifiquen la versión de los hechos que oportunamente dieran", lo que conlleva a "la necesidad de disponer la suspensión del protocolo del uso de celulares de los imputados hasta tanto se resuelvan definitivamente sus situaciones procesales", puede leerse en un tramo de lo decidido para convertir a las detenciones de los acusados en respectivas prisiones preventivas.

Esa medida cautelar definida como de tipo "especial" en lo resuelto -concluyó el Juez garante- "no afecta el derecho a la comunicación" previsto para esas cuatro personas privadas de la libertad, "puesto que, a excepción del uso de la telefonía celular, el resto de las vías de comunicación con el exterior se encuentran habilitadas" para los acusados.

"Asociación ilícita" y dos casos de extorsión

El delito de "asociación ilícita" que atribuido a los cuatro reclusos se remonta al lapso de tiempo comprendido entre febrero y marzo del año pasado.

En aquel entonces Esquivel Dasco, Moreno, Valdez Orellana y Nievas estaban presos en la Unidad 30, el penal del SPB de General Alvear.

En esas circunstancias, contando con la complicidad de al menos una mujer que ya está identificada y de "algunas más" no habidas aún, "integraban una banda o asociación ilícita destinada a cometer extorsiones a diferentes sujetos de sexo masculino", se menciona en las actuaciones penales.

A las víctimas las contactaban por redes sociales "con un perfil femenino falso y luego, haciéndose pasar por funcionarios policiales y/o judiciales y/o abogados, les exigían el depósito de diferentes sumas de dinero para que eviten ser denunciados o vinculados a una causa penal, aludiendo en muchos casos que las femeninas con las que se habían contactado eran menores de edad".

A través de los hechos que cometieron bajo esa modalidad delictiva, se señala también en la causa, lograron engañar a varios varones, quienes les giraron dinero "a diferentes cuentas que los mismos internos manejaban". Y también, a otra a nombre de la pareja de uno de los reclusos: una mujer identificada como María Ester Pared, "quien utilizaba el dinero mal habido en provecho personal" y también remitía parte de lo recaudado a los considerados integrantes de esta "banda".

En tanto, uno de los hechos de "extorsión" que se investiga tiene como acusados a la mencionada mujer y a uno de los reclusos y pareja suya: Gabriel Antonio Esquivel Dasco.

También desde la Unidad 30, ese varón -entre los meses de febrero y octubre del año pasado- desde un perfil trucho de Facebook y utilizando un nombre de mujer contactó a un hombre, a quien convirtió en víctima de la modalidad ya referida, ya que luego comenzó a extorsionarlo desde WhatsApp haciéndose pasar por un abogado.

De esa manera, le exigió a la víctima de esta maniobra delictiva que le remitiera dinero porque, de lo contrario, lo iba a denunciar penalmente, al decirle también de manera falsa que había contactado por Facebook a una menor de edad.

A través de lo investigado se determinó que ese recluso le dijo al hombre que engañó que "debía abonar un dinero de manera mensual hasta que la (falsa) menor cumpla 18 años". Y le exigió depositar la plata en cuentas a nombre de María Ester Pared -la pareja del recluso imputado- y de otra mujer.

El damnificado por esta extorsión hizo varios depósitos por sumas que, en total, ascendieron a 170.000 pesos.

El año anterior, pero entre febrero y hasta fines de agosto, desde la Unidad 30 Esquivel Dasco -con "la participación necesaria" de su pareja María Ester Pared y de otro de los interno imputados, el ya mencionado Carlos Ariel Moreno- contactó a otro varón para extorsionarlo.

En ese caso, Esquivel Dasco -cuando después comenzó a escribirle por WhatsApp- le dijo a la víctima que él era un comisario y que se la acusaba "de haber entablado una relación con una menor de edad", situación por la cual le aconsejaba, "para que el problema se termine", que pagara de manera mensual 50.000 pesos, con el fin de que no fuera denunciado penalmente.

Por medio de una billetera virtual, el damnificado hizo transferencias de dinero a diferentes varias cuentas. Algunas de ellas, a nombres del interno Carlos Ariel Moreno y de María Ester Pared, la pareja de Esquivel Dasco.

Pero no todo terminó allí, porque después ese preso se hizo pasar por un abogado y volvió a extorsionar a la víctima. En aquella segunda ocasión, al acusarlo de haberle transferido plata a un "comisario corrupto".

Por esa falsa situación lo amenazó con abrirle una causa penal si no le hacía "tres pagos de 60.000 pesos más el de los honorarios", siendo una vez más engañado el hombre damnificado por esta extorsión.


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