LOCALES. Los judiciales adhieren al paro: "El DNU es un avasallamiento a todos los derechos y es completamente inconstitucional"

La secretaria general, María Eugenia Lazarte, en diálogo con EL TIEMPO se refirió en primer lugar a la situación provincial. Señaló que "desde la Corriente Judiciales por la Unidad, que es el grupo al que pertenece la Departamental Azul -que es una minoría dentro de la AJB provincial-, venimos intentando desde hace tiempo reaccionar de manera conjunta de toda la AJB frente a las medidas que se han tomado desde la Provincia de no acompañar la crisis inflacionaria y cómo se fueron licuando los salarios, además de no respetarse, como debería, la negociación salarial".

Refirió que "es algo que nosotros venimos planteando hace tiempo. Si bien nosotros tenemos esta postura, a veces no es compartida por las otras Departamentales. En este caso en particular, ya la situación va más allá de lo que es estrictamente la cuestión salarial, pero no hay que olvidarse que en parte la situación de los judiciales tiene ya una base de pérdida de derechos a raíz de esta situación".

Con respecto al DNU presidencial, Lazarte puntualizó que "nosotros queremos dejar en claro que marchamos en contra del DNU porque es un avasallamiento a todos los derechos, es completamente inconstitucional, pero además es un paso más dentro de las pérdidas y la debacle que vamos sufriendo trabajadores y trabajadoras".

"En este caso en particular -añadió la titular de AJB Azul-, en cuanto al DNU, haciendo un análisis legal, empezamos a ver que hay una amplitud de delegación de facultades que son propias del Congreso Nacional, por dos años. Esto es un cierre, virtual, del Congreso y una anulación de las minorías, teniendo en cuenta lo peligroso que es la suma del poder público en una sola persona. Nuestro sistema constitucional está armado puntualmente para que esto no pase y este DNU lo que hace es ir en contra de todo esto".

También observó que "hay que tener en cuenta que son más de 360 medidas que abarcan, básicamente, todas las actividades y que impactan en la mayoría de los cuerpos normativos. Cuerpos normativos que fueron estudiados, que tienen su sistema de modificación propio para evitar, justamente, el avasallamiento de derechos, por la simple opinión de un grupo concreto, y por eso tienen ciertas garantías y son cuerpos normativos férreos puntualmente para esto. Incluso, lo que es más preocupante, abarca puntos de la Constitución Nacional".

En ese sentido, Lazarte explicó que, "por ejemplo, el derecho de huelga y de protesta, que están presentes en nuestra Constitución. Es un derecho constitucional y una garantía constitucional. Además, la limitación de la participación en asambleas: lo que hace, de alguna manera, es limitar e intentar anular la participación política. Y nos vamos de la discusión político-partidaria, sino a lo estrictamente político, a la concepción de la política en sí. La intención es borrar a trabajadores y trabajadoras de la participación política".

Por otro lado, "en cuestiones de Derecho laboral, puntualmente, aunque no nos toca a nosotros como empleados del Poder Judicial provincial sí es algo que toca a los trabajadores en el sector privado, es el tema de las diferencias en la manera de tratar el Derecho laboral. Dejar de entender que en el Derecho laboral hay una parte más débil, que es el operario, y plantear situaciones que a simple vista resultan llamativas, como la libertad de contratación. ¿Qué tendría de malo esto? Lo que tiene de malo es que, en realidad, no se tiene en cuenta que no hay una igualdad entre las partes, que es la base de los contratos, entonces el operario termina tendiendo a renunciar a ciertos derechos laborales, ya que se plantea la posibilidad de renunciarlos y antes no era así, y va a ser la única manera de conseguir un trabajo".

Subrayó que, "entre otras cosas, a lo que se renuncia es a situaciones muy básicas como multas por empleo no registrado. Es decir que el empleador no tendría mayor inconveniente si registra o no a su empleado, entonces ¿por qué lo haría? Y esa es una de las preguntas que nos hacemos: por qué un empleador registraría a sus empleados, si no tiene ninguna diferencia al no hacerlo".

También, "dentro de las otras cuestiones que intenta regular este DNU -puntualizó Lazarte-, más allá de lo que es estrictamente laboral, vemos la intención de restitución del impuesto a las ganancias, que afectaría a nuestros jubilados y jubiladas que, como decimos siempre, es el sector más vulnerable. Es un sector que tiene muchos gastos y que necesita otro tipo de contención por parte del Estado, porque son las personas que trabajaron toda la vida y que se merecen tener un descanso y la posibilidad de disfrutar del fruto de su trabajo de todos esos años -además de tener más gastos en medicamentos, por ejemplo-; cuestiones que llama la atención tener que ir a aclararlas".

No dudó en afirmar que "no es una buena estrategia para nutrir a un país, eliminando cultura, eliminando ciencia, o eliminando las restricciones a cuestiones muy importantes como es el cuidado de los recursos naturales... Hay muchas cuestiones que se pueden modificar en cuatro años. Escuché que hay que dejarlo gobernar [a Milei] y lo cierto que nadie está en contra de que gobierne, porque fue elegido por el pueblo. Pero hay ciertos límites que van más allá de si el pueblo lo eligió y están planteados por la legalidad de lo que se está haciendo que, en este caso, no se cumple".

En líneas más generales -del DNU y la Ley Ómnibus- Lazarte analizó: "Hay que entender que hay ciertas modificaciones -glaciares, bosques, entre otras muchas- que, una vez que eso está destruido, eso no tiene vuelta atrás. Esas son situaciones que van muchísimo más allá de un gobierno específico o de un tiempo específico, sino que estamos hablando de cosas que, una vez que se destruyen, no se pueden recuperar".

Por ese motivo, "hay ciertas cosas a las que hay que ponerle un límite. No se pone en duda que el pueblo votó a este gobierno. Pero también creo que, en la mayoría de los casos, cuando el pueblo lo votó no lo hizo pensando en destruir recursos naturales, eliminar derechos laborales, eliminar las multas por faltas de registración, eliminar las asambleas, sino desde un punto de vista, que es muy complejo, de ver cómo se llega a una solución en la situación económica", finalizó la titular de la AJB Departamental Azul.