8 de diciembre de 2022
Así lo remarcaron dirigentes de distintas organizaciones que participaron ayer de la asamblea que se concretó en la plazoleta ubicada en calle Comercio y Roca en el marco de la "jornada nacional de asambleas" convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de esta ciudad se concentraron ayer a la tarde en la plaza ubicada en calle Comercio y Roca, en el barrio Villa Piazza Centro, en el marco de una "jornada nacional de asambleas", donde reclamaron el pago del salario social y del aguinaldo de los trabajadores del reciclado y de la agricultura familiar, entre otras demandas.
En diálogo con diario EL TIEMPO el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Gastón Blando explicó que la asamblea abordó el tema del pago del Potenciar Trabajo que finalmente se hizo efectivo el día miércoles y contó: "También la cuestión de la judicialización del pago del salario de los compañeros. A su vez hay un montón de cosas que están pasando que no nos gustan y entonces empezamos en todo el país con un plan de lucha y con jornadas de asambleas a nivel nacional que van a continuar si las cosas no cambian".
Por su parte el dirigente del Movimiento Evita, Daniel Matina consideró que la principal problemática es la judicialización del sueldo de los trabajadores y expresó: "Porque tranquilamente se podría haber hecho la auditoria sin la traba que significó el retraso en el cobro de los salarios, ya que se tardó tres días en cobrar y esto nunca había pasado desde que el programa está en vigencia".
"Otra cuestión que es grave es el hecho de que quieran desacoplar del salario mínimo vital y móvil el salario social complementario que por ley no se podría hacer, porque existe justamente una ley que dice que tiene que estar acoplado a eso para poder garantizar un piso mínimo de ganancia de los compañeros" agregó.
En esa línea mencionó que en el medio de las auditorias dispuestas por el ex ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, también se decidió avanzar por decisión de la actual ministra Victoria Tolosa Paz con una actualización de datos: "Y surge esta judicialización del cobro de los compañeros que de alguna manera significa que el pobre tiene la culpa de las cosas que pasan en el país y por eso decidimos en conjunto con todas las organizaciones comenzar con este plan de lucha".
A su turno la integrante del Movimiento Evita, Silvia Casares apuntó a las medidas de ajuste aplicadas por el actual gobierno nacional y sostuvo: "El ajuste siempre es de abajo hacia arriba y siempre le toca a los compañeros más humildes y el desafío que tenemos es contarle a la sociedad que tengan presente que los compañeros ya han contado cada una de sus miserias en público y nos han puesto en el banquillo a nivel nacional y todo el año se regodearon con las cosas que tenía o no tenía el pobre en la Argentina, cuando realmente no le conocemos la cara a quienes manejan nuestra economía".
"El clima de diciembre se tornó muy raro con una ministra que en vez de actuar como política y como funcionaria pública tomó la decisión de judicializar a los compañeros y eso generó mucha angustia y tristeza, porque todos cumplen horarios y trabajan. No estamos bajo el régimen capitalista y tratamos de tener nuestras propias reglas porque es una forma de subsistencia en medio de este capitalismo tan cruel" añadió.
Y luego de remarcar que todas las organizaciones ya han demostrado que trabajan de manera transparente y colectiva, señaló: "Por eso lo que pedimos son políticas públicas claras para este sector y que entienda la sociedad que nadie se salva solo y que si o si necesitamos que para este sector haya recursos y políticas porque es la única manera de que todos podamos salir adelante. Y que no hay forma que con un 43% de pobreza en la Argentina se saquen los subsidios y se retiren los recursos para fortalecer la economía popular".
Por último, la coordinadora del MTE, Natalia Lehrmann repudió las decisiones arbitrarias tomadas por el gobierno nacional y recalcó que apuestan a que la actual dirigencia política pueda pensar políticas públicas para el sector de la economía popular.
"En principio los compañeros cobraron con 48 horas de retraso sin ningún tipo de argumento y como resultado de la presión que pudimos meter los movimientos populares. Y cobraron lo que es el fruto de su trabajo, porque hay que deconstruir la idea de que los compañeros no trabajan porque es mentira" expresó y siguió: "Cada vez que cambia un ministro, sobre todo de desarrollo social, los culpables de la pobreza somos los pobres y esa idea no es real. Y no se entiende porque ajustan a los más pobres y no ajustan a los que deberían ajustar, porque con esa gente no se pelean".
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