PERMANECEN EN UNIDADES PENALES. Pedidos de excarcelaciones rechazados para un hombre y su esposa, investigados por narcomenudeo

"Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor" es el delito que continúan atribuyéndoles a los investigados, quienes habían sido identificados por voceros judiciales y policiales como Sergio Alejandro Rosales, de 36 años de edad, y Karina Soledad Sosa (31).

Tal lo informado por EL TIEMPO, por ese ilícito efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas habían aprehendido a los dos durante un allanamiento realizado el martes de la semana pasada.

En horas de la tarde de aquel día, en escenario de esa diligencia se convirtió la casa donde el matrimonio se domicilia, que está situada sobre las calles Lavalle entre San Juan y Tiro Federal. Y en poder de la pareja los policías de la división antinarcóticos local incautaron cocaína, marihuana y elementos relacionados con la venta al menudeo de estupefacientes.

El jueves pasado las aprehensiones de los dos investigados fueron convertidas en detenciones por Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 que ayer martes, en respuesta a un pedido que formulara la defensora Oficial Adriana Hernández, no dio lugar a que ambos acusados fueran excarcelados.

Esa solicitud que no prosperó implicaba que, en busca de que los acusados recuperaran la libertad, se les atribuyera un delito menos grave, vinculado también con esa infracción a la Ley 23.737 por la que Rosales permanece privado de la libertad en la Unidad 7 y su esposa, en la 52. Cárceles ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense que están situadas en Azul.

Se mantiene la calificación penal

Con relación al pedido para la modificación del delito imputado al matrimonio, en lo resuelto este martes el Juez garante concluyó que hasta el momento "no han sido incorporados nuevos elementos que justifiquen la revaluación de la calificación fijada oportunamente".

"He de mantener el encuadre típico tenido en cuenta al tiempo de ordenar la detención de los imputados, en la convicción de que a este momento es el que se ajusta al caso en estudio", sostuvo el titular de Garantías 3 para continuar atribuyéndole al matrimonio el ya mencionado ilícito de "tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor".

Por ese delito Rosales y Sosa habían optado por negarse a declarar cuando el pasado miércoles -un día después de concretadas sus aprehensiones- fueron indagados en la UFI 22, la Fiscalía a cargo de Adrián Peiretti donde se lleva adelante la investigación penal por la que el matrimonio continúa detenido.

Las excarcelaciones denegadas para los dos imputados estuvieron fundamentadas también por el titular de Garantías 3 en que, considerando el ilícito que les atribuyen, de resultar condenados en un futuro juicio recibirán penas que van desde los cuatro a los quince años de prisión. Y que, indefectiblemente, esas sanciones implicarán que sean a cumplir y no de ejecución condicional.

"El monto máximo de la pena establecida para este delito supera los ocho años de prisión", concluyó el juez Suárez. Y también agregó en lo resuelto que "por el monto mínimo de la pena privativa de libertad establecida para el delito imputado -cuatro años de prisión- no resulta viable una condena de ejecución condicional".

En el caso de Rosales, de ocupación albañil, otra circunstancia que no le permite acceder al beneficio que se pretendía para él es que registra un antecedente penal computable. Concretamente, una pena que le fuera dictada tiempo atrás a "siete meses de prisión de cumplimiento condicional".

En lo decidido se hizo mención a otra solicitud que, de manera subsidiaria, formulara en favor del matrimonio la defensora Oficial Hernández: que al varón y a su esposa les otorguen respectivas morigeraciones de lo que continúan siendo sus detenciones.

"Fundamentada que fuere dicha solicitud, se proveerá a su respecto", respondió el titular de Garantías 3 a ese pedido, para el cual será formado el "respectivo incidente".

Lo investigado hasta ahora

Contando con una denuncia anónima recibida en sede policial meses atrás, la imputación que pesa sobre el matrimonio que continúa detenido refiere que Rosales y Sosa se dedicaron a comercializar cocaína y marihuana desde la casa donde se domicilian. Al menos, en el período que va desde septiembre pasado hasta el martes de la semana anterior, cuando se hizo el allanamiento que finalizó con las aprehensiones de los dos.

El resultado de la diligencia realizada aquel día por el personal policial es valorado como una evidencia que demuestra la actividad ilícita desarrollada por los encausados.

Según se había informado, en poder del matrimonio se secuestraron poco más de 97 gramos de cocaína y, también, algunos gramos de marihuana.

La mayoría de la cocaína incautada ya estaba fraccionada en pequeñas dosis para la venta al menudeo.

Además de los estupefacientes, durante el allanamiento los efectivos de la delegación antinarcóticos local recogieron dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, una balanza de precisión, recortes de nylon, una tijera y bicarbonato, sal ácida que los imputados poseían -al parecer- para "estirar" la cocaína secuestrada.

Una vez recibida la denuncia anónima, personal policial llevó adelante tareas de campo a través de las cuales había sido posible constatar que era habitual que diferentes personas concurrieran a la casa allanada el martes de la semana anterior para comprar estupefacientes.