EN SEGUNDA INSTANCIA. Procesamiento confirmado para militar investigado por hechos de abuso sexual

Luego de que la Cámara Federal de Apelaciones ratificara recientemente su procesamiento, un sargento Primero del Ejército perteneciente al Regimiento de Caballería de Tanques 10 "Húsares de Pueyrredón" de Azul continúa acusado de hechos de abuso sexual que tienen como víctimas a tres soldadas voluntarias que estaban a su cargo.

Desde la Alzada con sede en Mar del Plata fueron los jueces Alejandro Tazza y Bernardo Bibel quienes confirmaron el procesamiento para el acusado de esos hechos, definidos por el delito de abuso sexual simple.

El sitio web "Fiscales.gob.ar" había informado con relación a la existencia de este sumario penal, que comenzó a sustanciarse en el ámbito de la justicia ordinaria en diciembre del año pasado, luego de la denuncia que formulara una de las jóvenes que figura como víctima de lo sucedido.

Posteriormente, teniendo en cuenta las características de los episodios investigados, desde la Fiscalía con sede en los tribunales de Azul donde quedó radicada esta causa -la UFI 1 a cargo de Marcelo Fernández- se resolvió declinar la competencia de la justicia provincial en el caso.

De esa manera, las actuaciones fueron remitidas a la justicia federal. Y el 15 de mayo de este año el magistrado azuleño Gabriel Di Giulio, en respuesta a un pedido formulado desde la Fiscalía Federal que actualmente conduce María José Buglione, dispuso el procesamiento del militar. La medida que, el pasado día 1 del mes en curso, quedó ratificada desde la Cámara Federal de Apelaciones.

Fuentes allegadas a la tramitación de esta causa identificaron al militar imputado como Héctor Lorenzo Andersen.

De 45 años de edad, el Sargento Primero del Ejército investigado por estos hechos es oriundo de Esquel, la ciudad ubicada en la provincia de Chubut, y figura con actual domicilio en Azul.

Luego de que en febrero pasado la justicia federal aceptara la competencia en el caso, tres meses más tarde -es decir, en mayo de este año- el militar había sido citado a indagatoria, audiencia donde optó por negarse a declarar como el probable autor de esos episodios de abuso sexual por los cuales ahora su procesamiento se confirmó.

Cuando en mayo pasado el magistrado Gabriel Di Giulio -el titular del Juzgado Federal 1 de Azul- ordenó este procesamiento, en ese entonces dispuso dicha medida sin dictar la prisión preventiva para el militar, quien actualmente continúa en libertad.

En un principio, Andersen fue considerado autor de tres hechos de "abuso sexual simple reiterado, en concurso real con el delito de coacción reiterada (dos hechos)", según se señalaba textualmente en lo resuelto.

Pero cuando a principios de este mes quedó confirmado su procesamiento, desde la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Mar del Plata se resolvió limitar la acusación para el militar sólo a los episodios de abuso sexual propiamente dichos y donde como víctimas figuran tres jóvenes. Todas ellas, soldadas voluntarias que él tenía a su cargo en el RC Tan 10 con asiento en Azul.

A través de su procesamiento en una primera instancia, el juez Di Giulio también había trabado embargo sobre los bienes del presunto abusador "hasta cubrir la suma de 3.000.000 de pesos", se indicaba en lo resuelto en mayo de este año.

Lo investigado

La denuncia que una de esas jóvenes radicara en diciembre pasado en la Comisaría de la Mujer y la Familia de esta ciudad permitió conocer situaciones donde era víctima de un constante hostigamiento de índole sexual por parte de su superior. Y luego de aquella primera presentación, dos soldadas voluntarias más se animaron también a denunciar a Andersen, llegándose así a la imputación que ahora pesa sobre ese militar.

De acuerdo con lo informado, la primera de las denunciantes de estos hechos contó que era habitual que su superior jerárquico la hostigara y que, en ese contexto, le hiciera propuestas con intenciones de mantener relaciones sexuales con ella.

Además, esa joven relató que en algunas de esas ocasiones Andersen le hacía masajes en sus hombros sin que ella lo pidiera o consintiera. Oportunidades donde su superior le refería textualmente que se relajara porque la notaba "re tensa".

Pero ante la negativa de la joven de acceder a mantener relaciones sexuales con el Sargento Primero, el acusado comenzó a enojarse y amenazarla. Y prueba de ello incorporada a esta causa fueron también mensajes que le mandaba por WhatsApp.

Tras aquella primera denuncia se conocieron situaciones de similares características que dos soldadas voluntarias más venían sufriendo por parte del militar acusado de estos hechos de "abuso sexual simple".

"El testimonio de las damnificadas, de las profesionales que las asistieron en la Comisaría de la Mujer, acompañados del relato de otros compañeros del regimiento, y las capturas de pantalla de mensajes ya borrados por el imputado dan cuenta de cómo aprovechó el contexto laboral y de superioridad jerárquica y antigüedad dentro de la institución militar para insistir sobre las víctimas; mientras que ellas, pese a su intento por negarse, resultaban coaccionadas por el imputado, quien recurría a frases en las que las amenazaba con perder sus puestos laborales para continuar acosándolas y, en ocasiones, abusando a partir de tocamientos no consentidos", se menciona en la resolución más reciente vinculada con esta causa.

"Se observa en el presente caso que los presuntos abusos sexuales en el ámbito castrense se produjeron mediando una situación intimidatoria y de claro abuso del ejercicio del poder inscrito en el orden de mando, con la amenaza permanente (a las jóvenes que después denunciaron lo sucedido) de perder el empleo para el caso de no acceder a los abrazos, besos y tocamientos de contenido sexual que les pidiera realizar el encausado, acompañados de las frases que les dirigía de idéntico contenido durante las largas jornadas laborales y continuas en el tiempo que compartían", había escrito el juez Di Giulio cuando en una primera instancia dictara el procesamiento de Andersen.

Además, valorando declaraciones incorporadas a este sumario, el magistrado azuleño sostuvo que a través de esos testimonios quedaba en evidencia "la dinámica de la conducta que desplegaba Andersen para llevar a cabo el ilícito de abuso sexual mediante las conductas relatadas, tocamientos a las soldadas que prestaban funciones en el área donde ejercía su jerarquía como jefe, expresiones verbales contextualizantes, insinuaciones, besos, etc.".

"Todo -sostuvo el Juez Federal al aludir a esos episodios donde también mediaba la violencia de género- contra sus subalternas, prolongando en el tiempo las aflicciones mediante las coacciones propiciadas a las soldadas, al menos en dos de los tres casos. Para esto, auguraba la pérdida del empleo si contaban los hechos".

"Las soldadas voluntarias estaban inmersas en múltiples vulnerabilidades", refirió el juez Di Giulio considerando que son mujeres, "el carácter subalterno frente al agresor, el ámbito de ocurrencia del hecho (Regimiento con patrones culturales androcéntricos)" y las edades que tenían para cuando estos episodios sucedían. Dos de ellas, 19 años y la otra, 21.

"Andersen habría aprovechado su jerarquía para acosar, intimidar y coaccionar a las víctimas", para lo cual se valía de que "compartían el mismo puesto de trabajo" en el cuartel, siendo situadas las agresiones que le atribuyen a título de autor en el depósito y en el Casino.

"La supremacía de mando de Andersen en cuanto a la posición privilegiada de poder, y la vulnerabilidad de las soldadas en el contexto descripto, fue aprovechado para desplegar su accionar", había concluido también el Juez Federal en una primera instancia.

En la resolución que dispuso el procesamiento del investigado se hizo alusión también al dictado de una perimetral. Manda judicial que le prohibía al militar mantener cualquier tipo de "contacto y acercamiento" con la primera de las soldadas denunciante de estos hechos.

EL DATO

De las actuaciones penales surge que, una vez denunciado ante la Justicia, en el Ejército a Andersen se le inició un expediente donde se resolvió "declarar la existencia de responsabilidad disciplinaria" en lo sucedido. Aquello se tradujo en que le impusieran seis días de arresto "a cumplir con el desarrollo de las actividades normales de la unidad dentro del horario de trabajo y en el domicilio particular, fuera del horario de labor, por la siguiente conducta: 'Tener un trato familiar e informal mediante la mensajería instantánea con el personal de Soldados Voluntarios recientemente incorporado, generando sospechas en su proceder'".