Los jueces que integran la Cámara Penal de Azul rechazaron "por improcedente" un recurso de apelación presentado por una defensora Oficial en favor de un jubilado que está privado de la libertad desde el pasado mes de octubre, acusado de haber querido matar a tiros a su vecina durante un incidente en el que no llegó a lesionar a la víctima.

En consecuencia, en segunda instancia fue confirmada la prisión preventiva que al encausado le había dictado semanas atrás la Jueza de Garantías que entiende en este sumario penal, que tras lo resuelto desde la Alzada departamental continúa estando caratulado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso ideal con portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización.

Por los ilícitos mencionados el imputado -tal lo que EL TIEMPO ya informara- había sido detenido el pasado 7 de octubre durante un allanamiento que personal policial realizara en la vivienda de esta ciudad donde se domicilia, ubicada sobre la calle Arenales, en el Barrio Del Carmen.

Aquella diligencia incluyó -además de que se hiciera efectiva la medida cautelar del acusado y que en ese entonces ordenara Magdalena Forbes, la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 con asiento en los tribunales de Azul- que policías hallaran e incautaran el arma de fuego utilizada en el hecho y otros elementos considerados de interés para la instrucción de este sumario penal, que lleva adelante el fiscal David Carballo desde la UFI 2.

El hombre para el que hace anteayer fuera confirmada desde la Cámara Penal su prisión preventiva es oriundo de la provincia de Corrientes, tiene 72 años de edad y se llama Jorge Rafael Insaurralde.

"En el presente caso, la elevada sanción prevista para la concurrencia ideal de ilícitos atribuidos al encartado, que lo coloca fuera de las posibilidades excarcelatorias...; aunado a la gravedad del hecho objeto de la pesquisa, donde el investigado pretendió dar muerte a una mujer utilizando para ello un arma de fuego que disparó en reiteradas oportunidades en la vía pública; me permite presumir -escribió el camarista Damián Cini en el fallo, en coincidencia con lo sostenido por la jueza de Garantías Magdalena Forbes- el riesgo de elusión de la acción de la justicia, por lo que la medida de coerción que le fuera impuesta se presenta como necesaria e idónea para garantizar los fines del proceso".

Lo sostenido por el actual Vicepresidente de la Alzada departamental fue avalado por sus colegas Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría, por lo que la vigencia de esa medida de coerción para el imputado, que lo tiene privado de la libertad en una unidad penal, fue ratificada de manera unánime en esta segunda instancia.

Tampoco prosperó otro de los argumentos esgrimidos por la defensora Oficial Adriana Hernández en busca del cese de la prisión preventiva del jubilado, relacionado con la edad que actualmente ese hombre tiene.

"El extremo etario invocado por la Defensa en el escrito de apelación no reviste, a la luz de los peligros procesales ponderados, una relevancia superior que permita excepcionar la presunción aludida, resultando la medida de coerción impuesta la única que por el momento logra evitar dicho riesgo", señaló también el camarista Cini en lo resuelto.

"Resta agregar, finalmente, que la prisión preventiva dispuesta resulta proporcional a la luz de la pena que eventualmente podría corresponderle en orden a los ilícitos que se le enrostran y en relación al tiempo que lleva detenido", concluyó el Juez que en primer término votó en esta resolución que se tradujo en que la prisión preventiva para Insaurralde continúe vigente.

En esa apelación que no prosperara en esta segunda instancia, la Defensora Oficial buscaba también -tal como lo hiciera en un principio- un cambio de calificación de la causa penal por la que actualmente el jubilado sigue preso. Concretamente, de un intento de homicidio a un "abuso de armas", por sostener la funcionaria judicial que aquel día en que Insaurralde agrediera a su vecina sin llegar a herirla no evidenció con su accionar "dolo de matar", ya que los disparos que había efectuado "no fueron direccionados" hacia esa mujer que después lo denunciara por lo ocurrido.

Armando con un revólver calibre 32

El pasado 5 de octubre, cuando habían transcurrido unos minutos de la hora ocho y se dirigía caminando a su lugar de trabajo, una mujer que vive frente a la casa del jubilado y se llama Alicia Beatriz Trueba se convirtió en la víctima de este hecho.

Después de que meses atrás ya denunciara a Insaurralde por diferentes inconvenientes que mantuviera con él -en una de esas ocasiones, el jubilado la amenazó con un arma blanca- Trueba fue sorprendida por su agresor en la calle Neuquén, entre De Paula y Moreno.

Según pudo determinarse posteriormente, hasta ese lugar el hombre que sigue preso había llegado en una bicicleta y aguardó, escondido en un terreno, a que su vecina pasara caminando por ahí.

En esas circunstancias, el jubilado le efectuó varios disparos sin que ninguno de esos balazos hirieran a la víctima de este intento de homicidio, quien inmediatamente se refugió en un inmueble de esa zona de la ciudad; al mismo tiempo que varios vecinos -al escuchar las detonaciones del arma de fuego- acudieron en su ayuda.

Posteriormente a disparar, en contramano por la calle De Paula Insaurralde huyó en una bicicleta en la que aquel día se trasladaba, en cuyo canasto colocó el revólver empleado en el hecho.

Tanto el rodado como el arma de fuego, en el allanamiento llevado a cabo dos días más tarde en su casa cuando resultó detenido, fueron incautados por el personal policial que intervino en aquel procedimiento.

El revólver que utilizó el encausado para balear a su vecina es calibre 32 y marca "Smith Wesson", del cual no contaba con la debida autorización legal para su tenencia ni portación, el otro delito por el que hace dos días fuera ratificada desde la Cámara Penal su prisión preventiva.

Son varios los elementos probatorios que involucran en lo sucedido al hombre que actualmente está preso en la Unidad 7, la cárcel de varones del SPB con sede en Azul.

La denuncia de la víctima, quien durante lo sucedido reconoció a su vecino como el mismo que la atacó al efectuarle los disparos; versiones de testigos y el registro fílmico de una cámara de seguridad instalada en un inmueble cercano al lugar donde este intento de homicidio se produjo forman parte de las evidencias mencionadas, las cuales fueron valoradas también por los jueces de la Cámara Penal para confirmar la prisión preventiva del imputado.

EL DATO

Además de la apelación a la prisión preventiva que le fuera dictada al jubilado, el recurso que ahora no prosperó en segunda instancia, la Defensora Oficial que lo patrocina había formulado días atrás un pedido para que el acusado de este intento de homicidio pueda gozar de un arresto domiciliario. Esa solicitud de morigeración de prisión fue presentada ante la Jueza de Garantías que entiende en este sumario penal y aún está pendiente de resolución, según lo referido ayer a EL TIEMPO por voceros allegados a la tramitación de la causa.