15 de julio de 2025
Se trata de una norma que regula la participación de agentes encubiertos en la investigación via Internet de delitos como narcotráfico y trata de personas.
El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó, a través de la Resolución 828/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, la aprobación del "Protocolo Particular para la Actuación de los Agentes Encubiertos y Reveladores Digitales", una normativa que regula por primera vez la participación de estos agentes para investigar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, estafas y otros.
La norma se inscribe en el marco de la Ley 27.319, que desde 2016 regula la utilización de agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes y técnicas como la entrega vigilada. Ahora, ante el uso creciente de redes sociales y plataformas digitales para la comisión de delitos complejos, el Gobierno nacional incorporó un protocolo específico que contempla la actuación de estos agentes en entornos virtuales.
Según establece la resolución, tanto las fuerzas de seguridad federales como el Poder Judicial ya venían utilizando estas herramientas de forma presencial y digital, aunque hasta el momento no existía un marco reglamentario adaptado a los desafíos del ciberespacio.
Con este nuevo protocolo, "el Ministerio apunta a dar mayor respaldo legal y operativo a las investigaciones que requieren intervención encubierta en medios digitales".
La normativa incluye lineamientos para la selección, capacitación y protección de los agentes, en línea con las garantías establecidas en la legislación vigente sobre protección de testigos e imputados.
Además, se instruyó a las cuatro fuerzas federales -Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria-, así como al Servicio Penitenciario Federal, a poner en conocimiento de sus áreas correspondientes las nuevas disposiciones.
Desde la cartera que conduce la ministra Patricia Bullrich, destacaron que "esta actualización busca fortalecer la política criminal del Estado y dotar de herramientas modernas y eficaces a las fuerzas encargadas de prevenir y combatir delitos complejos, sin desatender los estándares legales y los derechos fundamentales". (DIB)
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