EN ESTA CIUDAD Y EN CUATRO MÁS DE LA REGIÓN . Seis casos de presuntos suicidios en comisarías, desde 2005 hasta ahora

Por Fabián Sotes

De la Redacción de EL TIEMPO

"Los 'suicidios' en comisarías son informados como hechos recurrentes", se menciona desde la Comisión Provincial por la Memoria en una reciente publicación, a propósito del caso sucedido en la Seccional Primera de Olavarría el pasado 23 de julio: la muerte de Gonzalo Ezequiel Tamame, quien en las primeras horas de aquel día, tras haber sido aprehendido por un hecho de violencia de género, fue hallado sin vida dentro de un calabozo.

La CPM inició en el año 2012 -se señala también desde ese organismo- un "registro riguroso de muertes en dependencias policiales bonaerenses".

Ese relevamiento revela que hasta 2023 "se registraron 89 muertes por ahorcamiento" en seccionales ubicadas en ciudades de la provincia de Buenos Aires.

También se indica que el ahorcamiento "es la causa que más muertes produce". Y se aclara: "Vale insistir que todas estas muertes se producen bajo custodia y cuidados del Estado, y es indudable la responsabilidad de los funcionarios públicos, ya sea por haberlas provocado, por no evitarlas o por faltar al deber de cuidado".

La CPM suele presentarse bajo la figura del Particular Damnificado en cada una de las causas que se inician por muertes de personas en contextos de encierro.

Ese organismo lo ha hecho en la más reciente de Tamame y en varias investigaciones penales que, por ese tipo de hechos, también están radicadas en el Departamento Judicial Azul.

En las últimas dos décadas, sumando el caso más reciente sucedido en Olavarría días atrás, al menos se contabilizaron un total de seis muertes en seccionales policiales de ciudades que forman parte del Departamento Judicial cuya cabecera es Azul.

En enero pasado, por ejemplo, se cumplieron dos décadas del fallecimiento de Rolando Ariel Sotes, un azuleño que estando detenido en la Seccional Segunda de Tandil -según pudo determinarse hasta que la causa iniciada por lo ocurrido se archivó- se suicidó.

Pero la investigación penal llevada adelante por su muerte sirvió para condenar al funcionario policial que estaba a cargo de la dependencia donde el joven permanecía privado de su libertad: según se probó en un juicio, Sotes había sido víctima de abuso por parte de un comisario dos días antes a que lo hallaran muerto en una celda de castigo, luego de que -así lo indicaba la versión oficial, en la que nunca sus familiares creyeron- se ahorcó con un pantalón.

Más recientes son las demás muertes de personas en contextos de encierros sucedidas en seccionales policiales de Azul y la zona.

Ahí aparecen los casos de Juan María Pouyannes, quien en febrero de 2020 se ahorcó en una celda de la comisaría primera local a poco de haber sido detenido para comenzar a cumplir una condena, y de Daiana Soledad Abregú, quien -según lo investigado- también se quitó la vida.

Su deceso data del 5 de junio de 2022, mientras permanecía aprehendida en la Estación de Policía Comunal de Laprida.

Por la muerte de esa joven hubo varios policías detenidos en un principio, sospechados de haber participado en su supuesto asesinato. Pero años más tarde, todos ellos terminaron siendo sobreseídos.

Aquello sucedió al mismo tiempo que la investigación por el fallecimiento de Abregú derivaba en que se iniciara otra causa que ya está elevada a juicio.

Ese futuro proceso servirá para determinar si una agente incumplió o no, en su calidad de funcionaria a cargo de la custodia de la joven, algún deber de cuidado mientras ella permanecía privada de su libertad en la Comunal de Laprida.

En otra Estación de Policía Comunal, la que está en General La Madrid, a poco de haber sido detenido para comenzar a cumplir una condena por un caso de abuso sexual también -tras un presunto suicidio- se constató la muerte de un hombre que tenía 63 años. Se llamaba Juan Pedro Martínez y su deceso se produjo el 26 de marzo de 2023.

En tanto, el 15 de octubre de 2024, mientras estaba detenido por el femicidio de su pareja ocurrido días antes, se había ahorcado en la Seccional Primera de Tandil un hombre que tenía 42 años: Mariano Wanderkauven.

Para aquel entonces ese varón figuraba como protagonista de varias situaciones de violencia de género en perjuicio de la víctima, a la cual -de acuerdo con lo que pudo determinarse- asesinó cuando ambos se encontraban en un hotel de la vecina ciudad serrana.

En Tandil y en Azul

Varios años después de que Rolando Ariel Sotes muriera mientras permanecía detenido en la Seccional Segunda de Tandil, en noviembre de 2013 -luego de que, apelaciones mediante, una de las causas vinculadas con su deceso llegara hasta la Suprema Corte- se confirmó por segunda vez el fallo a través del cual un funcionario policial fue condenado por severidades, delito que cometiera en perjuicio del joven azuleño.

La Corte Suprema había ordenado revisar la sentencia que le fuera dictada a ese comisario, llamado Juan Andrés Yeffal. Y de esa manera, con una integración distinta, desde la Cámara Penal departamental quedó ratificada la condena para el funcionario policial, consistente en una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso y en otra que lo inhabilitaba por tres años y cuatro meses para ejercer cargos públicos.

Yeffal era el titular de la comisaría segunda de Tandil cuando Sotes, que tenía 26 años, fue hallado muerto en una celda de castigo el 26 de enero de 2005.

La versión oficial indicó que aquel día el joven se ahorcó con un pantalón. Pero su familia nunca creyó que Sotes se suicidara; aunque jamás pudo probarse que su deceso haya obedecido a que fuera asesinado por policías de esa comisaría donde estaba preso.

Sólo logró demostrarse que dos días antes a que lo hallaran sin vida, el ya mencionado Yeffal -condenado en una primera instancia en un debate realizado en Tandil en 2008- había golpeado al azuleño, a través de patadas que le dio en su cuerpo en momentos que el joven estaba arrodillado, con su cara contra el piso y sus manos esposadas.

"Quisiera algún día que la Justicia también se ponga una mano en el corazón y me diga la verdad de lo que pasó. Hace ya ocho años de su muerte y todavía nunca me dieron una respuesta. Sincera y honestamente, yo no creo en el suicidio de Rolando", había afirmado su madre Rita Arredondo en agosto de 2013, cuando todavía la causa penal por la muerte del joven azuleño seguía abierta.

Oriundo de Bariloche, Juan María Pouyannes vivía en Azul y tenía 39 años cuando el 18 de febrero de 2020 fue hallado muerto en uno de los calabozos de la Seccional Primera local.

Apodado "Cogotito" y reconocido por su habitual presencia en la hinchada del club Sportivo Piazza, estuvo involucrado en varios episodios ilícitos por los que registraba un amplio historial delictivo.

De hecho, tiempo antes a que lo hallaran sin vida en la comisaría situada en Belgrano y Las Flores estuvo preso cumpliendo condenas.

Había sido detenido en Azul un día antes a que muriera. En aquel entonces, porque tenía que cumplir una nueva sanción que quedó firme: una pena única de cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de portación ilegal de arma de guerra de uso civil condicional sin la debida autorización, amenazas y desobediencia.

El martes 18 de febrero de 2020, a Pouyannes lo hallaron muerto en una celda que ocupaba en la comisaría primera local, lo cual ocurrió cuando -poco antes del mediodía- fueron a buscarlo porque estaba previsto llevarlo a la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, en la previa a que se consiguiera un cupo para su posterior traslado a una cárcel, unidad penal donde tenía que seguir cumpliendo con aquella condena que había quedado firme y que, en primera instancia, le fuera dictada en un juicio realizado en noviembre de 2017.

El hombre utilizó un pantalón de tela de jean para colgarse y, de esa manera, provocar su propia muerte.

Su deceso en esas circunstancias sería ratificado por diferentes evidencias que llevaron a archivar la causa penal iniciada por lo ocurrido. Entre ellas, registros de cámaras de seguridad instaladas en la propia comisaría, en la zona cercana a ese calabozo donde permanecía y, también, por una carta que -a modo de despedida- el propio Pouyannes le dejó a quien era su pareja.

Una joven

Daiana Soledad Abregú tenía 26 años y un pequeño hijo con quien planeaba radicarse en La Plata cuando fue hallada muerta en un calabozo de la Estación de Policía Comunal de Laprida donde permanecía en carácter de aprehendida.

El luctuoso suceso data del 5 de junio de 2022. Y una primera autopsia realizada en Azul revelaba que se había ahorcado con una campera.

Pero tiempo después, ya interviniendo en el caso la Comisión Provincial por la Memoria, el resultado de aquella necropsia fue fuertemente cuestionado por medio de lo concluido en una segunda intervención al cadáver, que parecía poner en evidencia que a la joven la habían matado policías de la Comunal de Laprida.

A través de la investigación penal iniciada, cinco efectivos que desempeñaban tareas en esa seccional el día que Abregú murió habían sido detenidos el 24 de julio de 2022. Todos ellos, como los probables autores del "homicidio triplemente agravado" de la joven.

Llamados Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel Di Bin, Juliana Zelaya, Vanesa Soledad Núñez y Leandro Esteban Fuhr, permanecieron privados de sus libertades hasta septiembre de aquel año 2022.

En esa fecha, las detenciones ordenadas para los cinco no fueron convertidas en prisiones preventivas, ya que diferentes elementos reunidos en la causa -entre ellos, las declaraciones exculpatorias que los propios agentes brindaran al ser indagados- llevaron al Fiscal a cargo de la instrucción de ese expediente a no solicitar el dictado de esas medidas cautelares, tras desistir de continuar acusándolos.

En una primera instancia, todos los policías fueron sobreseídos por la muerte de Daiana Abregú en febrero del año pasado, a través de una resolución de la jueza de Garantías Fabiana San Román.

En aquel entonces, un nuevo informe concluía que en la muerte de la joven no estuvieron involucradas otras personas, quedando robustecida aún más la hipótesis de que se había ahorcado en ese calabozo de la Comunal de Laprida, luego de lo que fuera su aprehensión por una causa contravencional.

Derivado de aquel sumario penal, sólo queda a la espera de ser juzgada en el marco de otro expediente una de las policías sobreseídas por la muerte de la joven: Vanesa Soledad Núñez.

A ese futuro proceso llegará acusada del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ella era quien estaba a cargo de la custodia de Abregú -como "imaginaria" en el sector de los calabozos de la Estación de Policía Comunal de Laprida- aquel domingo 5 de junio de 2022, cuando la joven murió.

Dos casos más

Otra Estación de Policía Comunal, la que tiene su sede en General La Madrid, se había convertido en escenario de la muerte de un detenido en lo que, según se determinaría, fue un suicidio.

El fallecido tenía 63 años, se llamaba Juan Pedro Martínez y su deceso se descubrió el 26 de marzo de 2023.

Mientras se aguardaba por su traslado a una cárcel, tras haber sido detenido para cumplir una condena por un caso de abuso sexual, a ese hombre lo hallaron muerto dentro del calabozo donde estaba preso.

En horas de la mañana de aquel domingo 26 de marzo de 2023 fueron los guardias de esa seccional policial quienes lo encontraron sin vida.

Martínez estaba privado de su libertad en la Comunal de La Madrid desde el 16 de marzo de aquel año mencionado, medida ordenada porque tenía que cumplir cuatro años y seis meses de prisión, tras haber sido condenado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.

Días más tarde a ocurrida su muerte, desde la Dirección de Seguridad de la comuna de La Madrid se informó que peritos que intervinieron en la autopsia concluyeron que Martínez se había suicidado.

"Del resultado de la autopsia se desprende en principio que se trató de un suicidio, continuando la causa en etapa investigativa, no adoptándose al momento temperamento legal para con el personal policial", se señalaba en esa comunicación dada a conocer desde el Municipio de General La Madrid.

Todavía por ese caso la investigación penal que se inició, en principio caratulada como "averiguación de causales de muerte", sigue en trámite.

También había dejado una carta Mariano Wanderkauven, después de que en la Seccional Primera de Tandil lo encontraron muerto el 15 de octubre de 2024.

Ese hombre tenía 42 años cuando lo hallaron sin vida en la mencionada seccional policial, donde permanecía detenido como el probable autor del femicidio de su pareja, ocurrido días antes en un hotel de la ciudad serrana.

Marcela Mónica Vedda, que tenía 54 años, se llamaba la víctima del crimen que le atribuían a Wanderkauven, que de acuerdo con el resultado de una autopsia también se había ahorcado.

El femicidio que le imputaban se produjo el 12 de octubre del año pasado, cuando su pareja fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel al que ambos llegaron juntos.

La autopsia reveló que la mujer murió por "asfixia mecánica", a causa de fuertes presiones sobre su cuello. Su cuerpo, además, presentaba indicios de haber recibido golpes y sujeciones cuando fue agredida en el cuarto de ese hotel donde estaba con su pareja.

Horas después del asesinato, el hombre fue arrestado cuando se presentó en una seccional policial de Tandil para reportar la pérdida de su documento, el cual -según revelaron voceros allegados a la investigación iniciada por el femicidio- necesitaba para tomar un micro con destino a Mar del Plata.

En ese entonces Wanderkauven resultó arrestado como el probable autor del crimen de su pareja, ante diferentes indicios que lo ubicaban llegando horas antes con Vedda al hotel donde luego la mujer sería hallada sin vida.

Después se determinó también que existían antecedentes de violencia de parte del por entonces imputado hacia la víctima, con quien había mantenido una relación marcada por varias rupturas y posteriores reconciliaciones.

El dato

A excepción de las causas vinculadas con Rolando Sotes, que instruyó desde Tandil el fiscal Gustavo Morey, todos los sumarios penales iniciados por las demás muertes en seccionales policiales de Azul y la región se tramitaron, y algunos de ellos siguen sustanciándose, desde la UFIE que en esta ciudad está a cargo del fiscal José Ignacio Calonje.