UNA AZULEÑA INVESTIGADA POR VENTA DE DROGAS

UNA AZULEÑA INVESTIGADA POR VENTA DE DROGAS

Si lo resuelto queda firme, cumplirá arresto domiciliario para cuidar a su mamá enferma

Luego de que fuera detenida en noviembre pasado, el beneficio se lo otorgó a la encausada una jueza de Garantías. Pero el Fiscal que instruyó este sumario penal se opuso y hace dos días apeló lo dispuesto. A la mujer acusada y a dos más las señalan como integrantes de una organización que lideraba un preso y se dedicaba a comercializar estupefacientes al menudeo en Azul.

11 de febrero de 2024

Si adquiere rango de firmeza lo resuelto días atrás por una jueza de Garantías, una mujer que junto a dos más y un preso están acusados de formar parte de una organización dedicada a comercializar estupefacientes en Azul comenzará a cumplir arresto domiciliario.

Este martes que pasó el beneficio para la imputada se lo otorgó la magistrada Fabiana San Román, la titular de uno de los juzgados de Garantías con asiento en Olavarría y perteneciente al Departamento Judicial Azul que entiende en esta Investigación Penal Preparatoria.

Pero teniendo en cuenta que Lucas Moyano, el fiscal que llevó adelante la tramitación de esta causa, decidió recurrir hace dos días ante la Cámara Penal lo resuelto por la magistrada, la azuleña imputada -de profesión podóloga y propietaria de un lavadero de ropas- continúa por el momento, luego de que su prisión preventiva fuera confirmada en diciembre pasado, en la Unidad 52, la cárcel de mujeres del SPB con asiento en esta ciudad.

Identificada como Mariana Inés Santomauro y de 43 años de edad, en respuesta a una solicitud que presentara su abogado defensor -Fernando Santomauro- hace cinco días se conoció la resolución de la Jueza garante que todavía, por las circunstancias ya referidas, no está firme.

A través de lo dispuesto por San Román, a la azuleña le fue concedida en esta primera instancia la "prisión domiciliaria". Y por medio del otorgamiento de ese beneficio, al menos hasta la realización del juicio que la tiene como imputada, Santomauro continuaría privada de la libertad en la casa de esta ciudad donde se domicilia. "Con control por monitoreo electrónico", según se señala en lo resuelto.

Pero hasta que desde el SPB le coloquen una pulsera -siempre y cuando lo resuelto quede firme- será personal policial quien tenga a su cargo constatar que la acusada cumpla con las obligaciones impuestas por la magistrada garante.

Esas pautas de conducta incluyen que Santomauro no puede salir del domicilio asignado para continuar cumpliendo con la medida de coerción que le fuera impuesta meses atrás. Bajo ninguna circunstancia y sin expresa autorización. Y tampoco pueden ingresar a esa casa "personas ajenas a su grupo familiar"

"La medida dispuesta se hará efectiva una vez que la presente resolución adquiera firmeza", había referido también la magistrada San Román en lo dispuesto, teniendo en cuenta que el fiscal Moyano se opuso en una audiencia a que la investigada gozara de esta morigeración de prisión y que anteayer, al conocerse lo resuelto por la titular del Juzgado de Garantías 1 con asiento en Olavarría, anunciara que tiene previsto apelar lo decidido.

Consideraciones

Para dar lugar a la concesión del beneficio, la Jueza tuvo en cuenta que Santomauro es la única sostén de su madre, que tiene 77 años, vive en esa casa donde la acusada deberá cumplir arresto domiciliario de quedar firme lo resuelto y padece diferentes patologías de salud consideradas "de gravedad", las cuales hacen necesaria la ayuda de otra persona. Una situación por la cual la mamá de la encausada está obligada a necesitar "un acompañamiento permanente para su asistencia diaria", puede leerse en lo resuelto.

También San Román, para otorgarle el beneficio a la acusada, mencionó que hasta el momento carece de "antecedentes penales" y la "buena conducta" demostrada en ese contexto de encierro carcelario en el que todavía permanece, teniendo en cuenta que esta resolución aún no está firme. Y consideró, además, que "el domicilio postulado como alojamiento denota (por parte de la encausada) su arraigo en la ciudad de Azul".

"Ello no implica que los peligros procesales no mantengan su vigencia, sino que, teniendo en cuenta lo expuesto, es dable inferir que los peligros de fuga y elusión de la justicia merituados en su oportunidad pueden evitarse mediante la aplicación de una medida menos gravosa que el encierro en prisión", escribió también en lo dispuesto la Jueza de Garantías que entiende en esta causa, cuya etapa de instrucción ya concluyó.

Detenida

En el marco de esa investigación penal por una infracción a la Ley 23.737, al igual que sucediera con dos mujeres más Mariana Inés Santomauro había sido detenido en Azul el 1 de noviembre del año anterior.

De acuerdo con lo investigado, al menos desde principios de septiembre de 2022 hasta fines de mayo del año pasado, cuando por primera vez se allanaron en esta ciudad los domicilios de las acusadas, esas tres mujeres integraron con fines delictivos "un grupo de personas mayores de edad conocidas entre sí", entre las cuales también está el preso coimputado.

Lo que fue definido como un "acuerdo organizado" entre todos ellos sirvió para que, "cumpliendo distintos roles y valiéndose de diversas líneas telefónicas", lideradas por el recluso azuleño las mujeres vendieran drogas al menudeo en Azul.

Parte de esas sustancias estupefacientes habían sido incautadas durante los allanamientos que se hicieron en los inmuebles de las acusadas en mayo pasado, se mencionaba en estas actuaciones penales.

Carlos José María Cano, de 54 años de edad, el recluso también imputado, registra varios antecedentes penales y condenas. En su mayoría, al igual que en este caso, por infracciones a la también conocida como ley de estupefacientes.

A través de lo averiguado pudo determinarse que Cano, estando preso en la cárcel de Urdampilleta y por medio del empleo de un teléfono celular, "organizó la adquisición y pago de las sustancias estupefacientes" que posteriormente se encargaban de vender en Azul, bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo", las mujeres que habían sido detenidas en noviembre pasado.

Entre los roles que cada una de ellas ejercía en el marco de esta presunta organización delictiva figuraba, una vez obtenido el dinero de la venta de la droga, remitirle parte de lo recaudado a Cano al penal donde sigue preso. Algo que generalmente se realizaba "mediante el uso de medios digitales de pago", se detallaba también en el sumario penal.

Cuando a fines de mayo pasado fueron allanadas en Azul las viviendas de las encausadas, lo mismo ocurrió con la celda que en ese entonces Cano ocupaba en la Unidad 17, el penal que tiene asiento en Urdampilleta, la localidad del Partido de Bolívar.

Como evidencias fundamentales en esta investigación penal habían resultado las varias horas de escuchas a los teléfonos intervenidos de las tres mujeres y del hombre investigados.

Junto con Mariana Inés Santomauro, las demás mujeres que habían sido detenidas el pasado 1 de noviembre en el marco de esta causa se llaman Deborah Alexia Peralta y Antonella Belén González.

Tiempo después, a ambas les fueron concedidas también respectivas morigeraciones de prisión como la concedida ahora en esta primera instancia a Santomauro.

En los casos de Peralta y González se tuvo en cuenta que son madres y tienen pequeños hijos a sus respectivos cargos, según le refirió a EL TIEMPO un vocero judicial allegado a la tramitación de esta causa.

El dato

"Comercialización de estupefacientes y tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, agravada por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo", son los ilícitos vinculados con esta infracción a la Ley 23.737 que les atribuyen a las mujeres y al preso oriundo de Azul. Y en el caso de Santomauro, figura acusada también del delito de "tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil".

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