Los dos varones y la mujer arrestados este viernes que pasó durante allanamientos antidrogas realizados en Azul ahora están detenidos, informaron fuentes judiciales a EL TIEMPO.

Las medidas cautelares para los tres investigados por esta infracción a la Ley 23.737 las ordenó Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia local que entiende en esta causa penal que desde la UFI 22 lleva adelante Lucas Moyano.

En respuesta a un pedido formulado por ese Fiscal, el Juez garante convirtió a las aprehensiones de los imputados en detenciones, estando todavía a la espera de que se resuelva que la joven coimputada -que se encuentra privada de la libertad junto con su pareja y otro varón- cumpla esa medida de coerción bajo arresto domiciliario, teniendo en cuenta que es madre de dos pequeños nenes.

Tal lo que EL TIEMPO informara en su edición papel del pasado domingo, los azuleños que están detenidos habían sido aprehendidos dos días antes, durante allanamientos antidrogas que agentes de la Delegación local de la Policía Federal Argentina realizaran en los inmuebles donde se domicilian.

Uno de esos procedimientos, este viernes que pasó en horas de la tarde noche, había tenido como escenario una vivienda situada en la calle Neuquén entre Arenales y Rauch, en el Barrio Del Carmen. El otro, en tanto, se desarrolló en una casa que está ubicada sobre la calle Comandante Franco casi Malére, en Plaza Oubiñas.

En la primera de las propiedades mencionadas los efectivos de la Federal hallaron e incautaron más de 130 gramos de cocaína y "cogollos pequeños de cannabis sativa" que, en su totalidad, pesaron poco más de un gramo. También, más de 21.000 pesos en efectivo, dos balanzas de precisión, un cuchillo, una tijera, varios teléfonos celulares, una cámara de fotos y un pendrive.

En esa vivienda, además, se llevaron a cabo las aprehensiones de dos de los jóvenes para quienes anteayer se ordenaron sus detenciones: una pareja a la que voceros allegados a la tramitación de este sumario penal identificó como Josefina Herce Ferrelli, de 24 años de edad, y Juan Ignacio Granda (26).

El tercer imputado que tiene esta investigación vinculada con una infracción a la también llamada ley de estupefacientes es un azuleño de 27 años, quien resultara arrestado durante el allanamiento en la casa de Plaza Oubiñas donde reside y se llama Juan Carlos Gartland.

En la diligencia que finalizara con su aprehensión en esa vivienda se habían incautado un pequeño envoltorio que contenía más de un gramo de cocaína, dos teléfonos celulares, recortes de nylon y dos tijeras, según lo que fuera informado.

De la mano de las conversiones de las aprehensiones de los tres en respectivas detenciones -las medidas ordenadas este domingo que pasó por el juez de Garantías Juan José Suárez- Herce Ferrelli y Granda continúan siendo considerados los probables autores de los delitos de tenencia ilegitima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor y comercialización de estupefacientes propiamente dicha; mientras que a Gartland sólo se le atribuye a título penal el segundo de los ilícitos mencionados.

"Al menos desde el día 9 de Mayo de 2022 al 9 de Septiembre de 2022, dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino mayores de edad, identificados como Juan Carlos Gartland, Josefina Herce Ferrelli y Juan Ignacio Granda, en forma habitual y continua desarrollaron en sus respectivos domicilios, ambos de esta ciudad de Azul, y a modo 'delivery' tareas de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas y acondicionadas para ser entregadas en forma directa al consumidor a cambio de un precio cierto en dinero", se menciona desde la Acusación con relación a la modalidad delictiva que les imputan a los jóvenes que ahora están detenidos.

Ese 9 de mayo al que se hace referencia en las actuaciones había sido el día que en sede policial se recibiera una denuncia anónima dando cuenta de la actividad ilegal por la cual actualmente Herce Ferrelli, Granda y Gartland permanecen detenidos, lo que implicó que en aquel entonces comenzara a tramitarse este sumario penal relacionado con una infracción a la Ley 23.737.

El mismo magistrado que anteayer ordenara las detenciones de los acusados había sido quien el pasado viernes diera lugar a los allanamientos que se hicieron en los domicilios donde los tres jóvenes investigados residen y resultaron arrestados.

Para disponer esas diligencias, el titular de Garantías 3 había valorado diferentes pruebas colectadas desde la instrucción.

Esas evidencias -entre otras- estaban relacionadas con registros fílmicos y fotografías de movimientos compatibles con venta de drogas al menudeo en los domicilios que después fueron allanados, situaciones surgidas de tareas de observación que realizara el personal policial ligado a esta pesquisa.

Además, desde la Justicia había sido ordenada la intervención de los teléfonos de los jóvenes acusados, comunicaciones a través de las cuales se detectó que entre los tres existe una relación que los vincula con esa actividad ilegal por la que actualmente se encuentran privados de la libertad.

En la resolución que se tradujo en que se ordenara la detención para Josefina Herce Ferrelli, teniendo en cuenta el pedido formulado por el Fiscal para que esa medida cautelar la cumpla bajo arresto domiciliario el Juez de Garantías señaló que se le notifique a la Defensora Oficial de la joven que el otorgamiento de ese beneficio "quedará supeditado a la presentación por parte de la misma de los garantes de la medida y un informe socioambiental del domicilio, a los fines de acreditar el grupo familiar".

En tanto, con relación a los varones investigados, el titular de Garantías 3 ordenó que en el marco de esta causa penal sean trasladados a la alcaidía de una cárcel de la zona una vez que se consigan los respectivos cupos, que deberán tramitarse ante el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Por el momento, uno de los jóvenes continuaba alojado en la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina; mientras que los demás imputados seguían privados de la libertad en la sede de la PFA que está en Olavarría.

El dato

En la resolución que se tradujo en que las aprehensiones de los jóvenes fueran convertidas en detenciones, el Juez de Garantías que entiende en esta investigación penal autorizó también que los teléfonos celulares incautados durante los allanamientos sean examinados, con la finalidad de detectar si las comunicaciones que contienen pueden servir como más evidencias incriminatorias para los acusados por esta infracción a la Ley 23.737.