14 de octubre de 2022
El encausado es un albañil que fue arrestado en Tapalqué en octubre del año pasado, durante un allanamiento en su domicilio. En aquel procedimiento se incautaron marihuana y cocaína que, al parecer, tenía para comercializar al menudeo. Desde la Cámara Penal quedó ratificada la decisión de que sea juzgado por una infracción a la Ley 23.737.
Desde la Cámara Penal quedó confirmado que un tapalquense investigado por una infracción a la ley de estupefacientes será sometido a un debate, después de ser rechazada una apelación para que ese hombre fuera sobreseído.
En lo resuelto en segunda instancia por los jueces que integran la Alzada departamental, al ser desestimado un recurso formulado desde la Defensa Particular del encausado, además de ratificar la realización de ese juicio fue denegado un pedido para que la causa penal que se instruyera por esta infracción a la Ley 23.737 derivara en una imputación menos gravosa para ese hombre.
A través de un sumario penal que se tramitara desde la UFI 22 que en los tribunales de Azul está a cargo del fiscal Lucas Moyano, en un principio la decisión de ordenar la elevación a juicio de esas actuaciones había sido dispuesta por Federico Barberena, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 2.
Contra ese pronunciamiento, pero sin que finalmente prosperara, lo resuelto en ese entonces había sido apelado ante la Cámara Penal -que integran los jueces Agustín Echevarría, Damián Cini y Carlos Pagliere (h)- por Pedro De Luca, el abogado del acusado, que se llama Diego Alberto Rosales.
Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización es el delito que se le atribuye al imputado, un albañil de 34 años de edad que en el inmueble donde reside en la vecina ciudad de Tapalqué había sido arrestado durante un allanamiento que personal policial realizara en octubre del año pasado.
Situada sobre la calle Circunvalación Alem del Barrio La Milagrosa, en la casa convertida en escenario de ese procedimiento agentes de la división antinarcóticos con asiento en Azul, contando con apoyo de policías de la Comunal de Tapalqué, hallaron un total de 189 gramos de marihuana, algo más de un gramo de cocaína y tres plantines de cannabis sativa. Y también habían sido secuestrados en esa diligencia dinero en efectivo, recortes de nylon, anotaciones consideradas de interés para esta pesquisa y varios teléfonos celulares.
El hallazgo de los estupefacientes y de los demás elementos referidos -presuntamente utilizados por el encausado para esa comercialización de estupefacientes que se le sigue imputando- se tradujo en su aprehensión.
Con su prisión preventiva confirmada Rosales continúa privado de la libertad en la Unidad 7 de Azul. Y ahora, a la espera de la realización del juicio al que será sometido teniendo en cuenta lo resuelto en segunda instancia desde la Cámara Penal con asiento en el tercer piso del Palacio de Justicia.
"Si bien el imputado ha declarado -señaló en lo resuelto por unanimidad el juez Pagliere (h), al aludir a la audiencia a tenor de lo que establece el artículo 308 del CPP a la que Rosales fuera sometido tras su aprehensión- que la marihuana y cocaína secuestrada no le pertenece; ello impresiona como una afirmación huérfana de toda justificación, que resulta contrarrestada por el hallazgo de la misma en el domicilio". Y más evidencias que servirían para demostrar su autoría en esta infracción a la Ley 23.737 residieron, a criterio de los miembros de la Cámara Penal para confirmar la elevación a juicio de esta causa, en "la existencia de una importante cantidad de elementos de convicción que, por su multiplicidad y trascendencia, dan cuenta que dicha tenencia de estupefacientes le resulta atribuible, con el grado de probabilidad y razonabilidad que en esta instancia es exigible".
El dato
En lo resuelto se mencionó también que la prisión preventiva que hace que Rosales permanezca actualmente en la Unidad 7 continúa resultando "necesaria" por los llamados "riesgos procesales" y el tiempo que lleva detenido. Su arresto data del 29 de octubre del año pasado. A punto de cumplirse un año desde que está preso, ese lapso de tiempo sigue siendo "proporcional" a la medida cautelar que le fuera dictada si se toma en cuenta que la pena que prevé el delito que le imputan va desde los cuatro a los quince años de prisión.
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