En la disputa de sentido permanente que, entre otras importantes cuestiones, significa militar la política que nos representa, la gravitación decisiva del Estado en la protección de los derechos populares es una convicción. Quienes se proponen desmoronarlo, empiezan por reducir esa convicción de Estado presente a un slogan, una fachada conceptual que no tiene argumentación concreta en los hechos.

Ver a un jubilado o una jubilada tomar su receta, al pie del mostrador de una farmacia, mientras debe elegir apenas algo porque para todo no le alcanza, ha dejado de ser un caso aislado para pasar a ser una lamentable escena cotidiana. Eso es un drama social actual en nuestro país, que fue tomando forma por el modelo económico que propone el gobierno nacional y que se agudiza con la decisión de que PAMI de recortar la cobertura del 100% a gran parte de los remedios. A la opresión económica se le suma la opresión sanitaria. Eso hace un topo en el Estado.

La semana pasada, la Cámara de Diputados provincial dio dictamen favorable al proyecto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que propone la creación de Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Nuestra compañera diputada Laura Aloisi trabajó, como integrante de la comisión de Salud Pública, en todo el largo camino de este proyecto. El CIFB tiene como objetivo garantizar el suministro de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, ingredientes farmacéuticos activos, y también establecer estándares primarios y secundarios para el control de calidad de la producción. La constitución de la empresa será a través Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria -SAPEM- y estará bajo la órbita del Ministerio de Salud provincial.

Ante la retracción del Estado que propone el gobierno nacional, proyectos como la creación de este Centro buscan prever y tener visión estratégica para el cuidado de los bonaerenses. La importancia de la creación de esta empresa es la posibilidad de cubrir aquellos medicamentos de bajo costo que son masivos, en un nuevo escenario que comienza definirse, por ejemplo, con la quita del Remediar, un programa que llegaba a los municipios y que a través de los CAPS, garantizaba el acceso a esos medicamentos de bajo costo y alcance masivo.

En 2020, el gobierno nacional lanzó el plan Vivir Mejor, que contemplaba cobertura total de seis medicamentos por mes. La canasta incluía unos 3000 remedios que se desprendían de 167 monodrogas. A mitad de 2024, el Ejecutivo nacional recortó 11, para luego sumarle (en agosto) otras 44. Las y los jubilados habían perdido también el beneficio «PVP PAMI» ('precio de venta al público'), sobre un listado de medicamentos que ahora son de "uso eventual": abarca unas 54 monodrogas. Esa es la diferencia entre un Estado presente o un gobierno que hace del mismo un negocio para pocos y un drama social para la mayoría del pueblo, mayoría donde se incluyen los jubilados, estudiantes y docentes de la educación pública, la industria nacional, el desarrollo científico, entre tantos.

En Argentina el costo de los medicamentos es cinco veces más que en Europa. Elegir (como si fuera un Ta-Te-Ti) un remedio entre muchos porque el dinero no alcanza, hace añicos los posibles "méritos" de esta situación inflacionaria que el gobierno pretende que veamos como beneficiosa. La proclamada baja de inflación que se presenta como "cucarda", entraña esta situación que advertimos como dramática.

Esas condiciones de accesibilidad a cobertura de medicamentos que acaba de modificar el PAMI no hacen más que complejizar el acceso a la salud para nuestros jubilados y jubiladas, apartando el rol del Estado presente de sus vidas. A partir de ahora deberán inscribirse de forma online, y tendrán que presentar una declaración jurada donde deben informar -entre otras cosas- si son propietarios de inmuebles, vehículos y otros bienes (como aeronave o embarcación).

Allí no se agota lo engorroso del escenario dramático. A toda esta situación referida, a los aumentos interanuales del 210,7% de los remedios, ahora se le agrega una nueva disposición del Gobierno: a partir del 1 de enero solo serán válidas las recetas electrónicas.

Agrupación Peronismo 26 de Julio