31 de enero de 2024
La senadora azuleña afirmó que la modificación de la ley que propone el Ejecutivo nacional implica la anulación de los subsidios al consumo de gas. "No contribuye en nada a la lucha contra la inflación que es urgente atender", sostuvo. En cambio, "genera en las familias un aumento notable en la pérdida del valor de sus ingresos, más pobreza e iniquidad".
Legisladores provinciales, entre ellos la senadora azuleña Lorena Mandagarán, expresaron su preocupación por la eliminación de los fondos fiduciarios del sector energético, aspecto incluido en la Ley Ómnibus que elevó al Congreso el Ejecutivo nacional.
En diálogo con EL TIEMPO, la senadora Mandagarán explicó que, "desde el año 2021, el Partido de Azul fue incorporado, por ley, a la categoría 'Zona Fría', lo que conlleva a obtener subsidiado el consumo del servicio de gas". Sin embargo, "el presidente Javier Milei, a partir del proyecto de Ley Ómnibus, pretende anular este beneficio, lo que significaría un aumento en la tarifa de gas de hasta diez veces más".
La legisladora azuleña subrayó que "esta medida atenta directamente contra el poder adquisitivo de las personas, no representando al Estado un achique del gasto, como pretende hacer entender. Es decir, esta acción no contribuye en nada a la lucha contra la inflación que es urgente atender, si no que genera en las familias un aumento notable en la pérdida del valor de sus ingresos, generando más pobreza e iniquidad en la población, castigando claramente a los sectores más vulnerables y trabajadores".
"Por tal motivo -sostuvo Lorena Mandagarán- desde el bloque UCR-Cambio Federal no admitimos la pérdida de derechos adquiridos y menos aún que se pretenda gobernar afectando siempre a los que menos tienen y mayor sacrificio hacen en nuestro país".
En efecto, en el comunicado los legisladores afirman que "la crisis económica y social que nos dejaron los años de populismo irresponsable impacta de manera negativa en todos los hogares de la Argentina".
En tal sentido se afirma que "el proceso inflacionario, la tragedia educativa, la inseguridad en todas sus formas, la precariedad laboral y previsional, la crisis sanitaria y la erosión de legitimidad del accionar estatal generan un cuadro de preocupación y angustia extendido a toda la población".
Es así que, "frente a ello, el gobierno nacional que asumió hace pocas semanas pretende atacar el déficit de las cuentas públicas con un conjunto de medidas que pretenden transformar de raíz el rol del Estado".
Al respecto, los legisladores de Cambio Federal puntualizan que "una de dichas modificaciones contenidas en el denominado Proyecto de Ley Ómnibus que presenta al inicio y en su articulado, una serie de delegaciones extraordinarias del poder legislativo hacia el poder ejecutivo".
En cuanto a lo que ello significa, se continúa en el documento, "en términos concretos, el gobierno nacional pretende quitarle al Congreso de la Nación, facultades e iniciativas que la propia Constitución Nacional le otorga al Poder Legislativo para preservar la división y el equilibrio de poderes".
"Una de ellas se vincula con los llamados fondos fiduciarios del sector energético que, a través de una ley vigente, permite subsidiar el consumo del servicio de gas en los hogares de la llamada Zona Fría de la Argentina. En términos sencillos, el gobierno nacional pretende anular dichos fondos y, de esta forma, habilitar un aumento de las tarifas de gas que puede implicar una suba de hasta diez veces en el valor de la factura domiciliaria en la mayor parte de los hogares de al menos 95 municipios de la provincia de Buenos Aires".
Se apunta, además, que "dicha medida no sólo atenta contra el poder adquisitivo de la población, a esta altura exhausto por la estampida de precios en toda la economía, sino que permite la discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre la regulación de los servicios públicos, un asunto inadmisible".
Finalmente se sostiene que "desde los bloques de diputados y senadores provinciales de la UCR-Cambio Federal seguimos trabajando junto a las demás fuerzas políticas, los intendentes y los legisladores nacionales de la provincia para evitar que se apruebe este atropello que perjudica a las y los bonaerenses".
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