"Desde hace varios años FATAP viene advirtiendo que la movilidad masiva de las ciudades del Interior se encaminaba hacia un triste final. La intempestiva decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte y toda asistencia al Transporte del Interior, después de haber afirmado que terminaría con la discriminación que este último sufría en la asignación recursos, es la culminación del proceso de deterioro denunciado", se indicó desde la federación.

Se observó que, "lamentablemente las consecuencias de la desidia suelen hacerse presentes en los momentos más inoportunos, como el actual, cuando la pobreza no encuentra su piso, ensañándose con los estudiantes, trabajadores, profesionales, monotributistas y adultos mayores -principales usuarios del transporte público- quienes padecerán un sistema precario, ineficaz e inseguro, si no se adoptan medidas urgentes".

Por otro lado, se aseveró que "la preocupación de las autoridades locales, titulares del servicio público, parece llegar a destiempo" y, "lamentablemente, recién hoy ven las consecuencias de la destrucción del capital de las empresas y de establecer irresponsablemente tarifas que destruyeron el concepto de precio del servicio, quebrando así la ecuación económica de los contratos que ellas mismas diseñaron".

En el actual contexto, "no hay tiempo para perder en disputas y pases de facturas, porque es urgente emplear las energías en retomar el respeto a los contratos; privilegiar el profesionalismo y la capacidad en la toma de decisiones y, en suma, elevarse por sobre la coyuntura generando reglas claras, previsibles y duraderas que faciliten y protejan la inversión y el trabajo".

Del mismo modo se indicó que "las más de 250 empresas argentinas nucleadas en FATAP han sido injustamente señaladas como responsables del deterioro del sistema, cuando, en verdad, fueron dramáticamente perjudicadas por la licuación de sus patrimonios y la asunción de numerosas deudas a causa de la necesidad de mantener la regularidad y continuidad de los servicios en condiciones anómalas, carentes de previsibilidad económica y financiera, con reglas de juego precarias y sometidas a decisiones arbitrarias, ajenas a toda consideración técnica".

En tanto se rechazaron los argumentos del Ejecutivo nacional, se sostuvo que "el sistema de transporte público del Interior se encuentra en una crisis económica y financiera que no admite indefiniciones en ningún aspecto. Es imprescindible generar de modo muy urgente un marco legal y económico previsible, sostenible y duradero".

"No existe capacidad empresaria para absorber ningún costo operativo adicional, antes bien, se requieren imperiosamente aportes que permitan la recuperación del capital perdido", en tanto "los recursos deben ser generados en el momento en que el usuario consume el servicio, ya que las empresas del sistema han perdido el crédito comercial con sus proveedores, y las obligaciones asumidas a causa de la crisis generada por sus concedentes no pueden seguir agravándose a las tasas actuales".

Por ello, "se necesita, de modo inmediato, un plan de financiamiento a largo plazo de las obligaciones devengadas, impositivas y de adquisición de capital de trabajo e infraestructura, con cargo de los intereses a los responsables del sistema de transporte".

De no ocurrir una revisión de la medida ejecutiva, "los ciudadanos del interior serán privados del único servicio de transporte público del que disponen, que es esencial para el desarrollo social y económico de sus comunidades".