1 de marzo de 2022
Por lo que fue esa entradera, sucedida en noviembre pasado, en total son ocho los imputados. Un mes después a que todos quedaran detenidos les habían sido dictadas estas medidas de coerción. Lo resuelto en primera instancia en diciembre del año anterior ahora fue ratificado desde la Alzada departamental. Tanto para tres de los considerados autores materiales de aquel hecho como para un presunto entregador que vive en Azul, al ser rechazadas las apelaciones que sus abogados defensores formularon en busca del cese de esas prisiones preventivas.
El probable entregador y tres de los considerados autores de una violenta entradera que en noviembre del año anterior se produjo en una vivienda de Azul seguirán en la cárcel, después de que desde la Cámara Penal quedaran confirmadas las prisiones preventivas que por ese hecho, y también por dos intentos de robo sucedidos en otros inmuebles de esta ciudad, les habían dictado en primera instancia a ellos y al resto de los investigados.
Fuentes judiciales señalaron a EL TIEMPO que un fallo firmado por los jueces de la Alzada departamental Carlos Pagliere (h) y Agustín Echevarría se tradujo en la ratificación de la vigencia de las medidas de coerción para esos imputados.
Los presuntos autores materiales de los ilícitos referidos habían sido arrestados el 9 de noviembre de 2021 en ciudades de la zona. Mismo día en que aquellos tres episodios delictivos ocurrieron en Azul en horas de la mañana.
En tanto, luego de un allanamiento llevado a cabo por personal policial en la casa de esta ciudad donde vive, el acusado de haber sido el entregador de la violenta entradera fue detenido dos días más tarde de sucedido aquel y los demás hechos que a escala penal les siguen imputando a todos los investigados en esta causa, que en total son ocho.
Apelaciones presentadas en favor de cuatro de los imputados que tiene esta Investigación Penal Preparatoria -que desde la UFI 2 a su cargo lleva adelante el fiscal David Carballo- fueron rechazadas en segunda instancia desde la Cámara Penal y, en consecuencia, derivaron en las ratificaciones de las prisiones preventivas de todos esos encausados.
Desde las defensas de Nahuel Diana Moreira, Gonzalo Teófilo Roldán, Lucas Ezequiel Sánchez y Alberto Andrés Gómez -este último, el presunto entregador de lo que fuera la entradera- habían sido formulados ante la Alzada departamental esos recursos que a fines de la semana anterior terminaron siendo desestimados por improcedentes.
Tanto a esos acusados como a cuatro más, identificados como Alexis Jorge Daniel Molina, Nicolás Maximiliano Oberoster, Benjamín Aníbal Villán y Nahuel Jairo Zapata, había sido la magistrada Magdalena Forbes -la titular del Juzgado de Garantías 1 con asiento en los tribunales de Azul- quien convirtiera a sus detenciones en prisiones preventivas.
Aquella resolución de primera instancia data del 13 de diciembre de 2021. E implicó en aquel entonces que no se hiciera lugar a un pedido de arresto domiciliario para Gómez; y que fueran rechazadas también solicitudes de excarcelación para Sánchez y Roldán, misma pretensión que ahora no prosperó ante la Alzada departamental.
Además, la Jueza garante había ordenado que Alberto Andrés Gómez fuera trasladado a la Unidad 7 con asiento en Azul y que los demás acusados quedaran alojados en "unidades penitenciarias que resulten más cercanas a sus respectivos domicilios", teniendo en cuenta que hasta que resultaron arrestados estaban radicados en CABA y localidades del Gran Bueno Aires.
En lo resuelto desde la Cámara Penal se menciona que las abogadas del presunto entregador solicitaban en esta segunda instancia que por cuestiones de salud a Gómez -que tiene 68 años de edad- le fuera otorgada una "libertad caucionada" o que pudiera gozar de prisión domiciliaria.
En tanto, desde las respectivas defensas de tres de los demás acusados -para quienes también se confirmó que seguirán presos- habían sido pedidas, en esos recursos de apelación que ahora fueron rechazados por improcedentes, sus excarcelaciones extraordinarias.
El abogado Mariano Damián Calla Ribera había recurrido la prisión preventiva de su defendido Nahuel Diana Moreira. Y lo mismo hizo ante la Alzada departamental, sin que tampoco esa apelación prosperara, la letrada Lorena Elizabeth Dadino. En su caso, en representación de los ya mencionados Gonzalo Teófilo Roldán y Lucas Ezequiel Sánchez.
Ocho acusados
Moreira, Molina, Oberoster, Roldán, Sánchez, Villán y Zapata -según lo averiguado cuando resultaron arrestados en noviembre pasado- figuran con domicilios en Capital Federal y en localidades pertenecientes al Partido de San Martín.
De acuerdo con lo investigado, desde Azul Gómez había oficiado de nexo con ellos, en su carácter de entregador, para que se llevara a cabo la mencionada entradera. Un hecho de características extremadamente violentas que había tenido como víctimas a un comerciante llamado Pablo Horacio Rotondo, a su esposa, a la hija del matrimonio y una empleada doméstica que trabaja en la casa de esa familia.
En horas de la mañana del 9 de noviembre pasado, a un inmueble situado en Belgrano entre España y Rauch los delincuentes ingresaron armados para llevar a cabo este ilícito.
Tras agredir y privar de la libertad a las víctimas, a quienes también amenazaron con torturarlas, de esa casa huyeron llevándose pesos y dólares que les entregó la esposa del comerciante.
Una vez que la Policía fue alertada de lo sucedido, al observar cámaras de seguridad instaladas en la ciudad se determinó que los ladrones se movilizaban en tres autos: un Ford Fiesta, un Audi y un Volkswagen Fox.
Al ser irradiado un alerta a seccionales policiales de la zona, posteriormente esos rodados fueron localizados en Tapalqué, General Alvear y Saladillo, siendo arrestados en diferentes procedimientos los siete varones que siguen presos y son considerados los autores materiales de aquel episodio delictivo.
En lo investigado se pudo determinar también que, tras huir de la casa de la familia Rotondo, los acusados llevaron a cabo -al parecer al boleo- dos intentos de robo, uno "agravado por escalamiento".
Aquellos hechos tuvieron como escenarios una casa ubicada en el Barrio Ceramista y otra en el Güemes, lugar este último donde víctima de lo ocurrido resultó una joven que trabaja como niñera y en ese entonces estaba al cuidado de dos chicos.
Los considerados integrantes de esta organización delictiva siguen presos acusados de los siguientes ilícitos: robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda; portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y privación ilegal de la libertad, en concurso ideal; robo calificado por escalamiento en grado de tentativa y robo simple en grado de tentativa, todos ellos en concurso real de acciones.
En el caso de Gómez, le atribuyen esos mismos delitos en carácter de "partícipe", teniendo en cuenta las pruebas reunidas en la investigación que lo ubican como el encargado de suministrar la información a los demás acusados para que cometieran aquella violenta entradera en la casa de la familia Rotondo.
El dato
Además de las confirmaciones de las medidas de coerción para cuatro de los acusados, desde la Cámara Penal había sido rechazado días atrás -"por inadmisible"- un habeas corpus que las abogadas Alicia Friggieri y Luz Lapasta presentaron para el cese de la prisión preventiva de Alberto Andrés Gómez. Una acción que en primera instancia también había sido desestimada.
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