COLUMNA DEL PO AZUL. Contra el desalojo a Marcela Fogo

De igual modo, Marcela tiene una discapacidad vinculada a un asma severa. Para mantener a su familia realiza changas y trabajos de elaboración manual. La tempestad social que acentuó la pandemia la obligó a solicitar un crédito para poder pagar medicamentos y alimentos, es decir, tuvo que endeudarse para poder vivir.

El pago de este préstamo le insume el 50% de sus ingresos, lo que hace que se encuentre en un contexto económico inabordable para las necesidades básicas de la familia. El municipio de Azul, le había otorgado un subsidio habitacional, que fue abonado por pocos meses y cuya representación porcentual equivalía a un miserable 25% del monto del alquiler. A Marcela y su familia les ha llegado la notificación de desalojo, y desde el gobierno comunal han mostrado una total indiferencia.

El fenómeno de los desalojos se ha convertido en una tendencia creciente en el país, y esta expresión ha alcanzado a familias de nuestra ciudad. El caso de Marcela es paradigmático, porque expone una situación de vulnerabilidad que se encuentra atravesando una importante parcialidad de los trabajadores, y se destaca por el abandono y desidia estatal, desde el poder político hasta judicial.

El crecimiento del desempleo, las pérdidas salariales, y los aumentos inflacionarios junto con la especulación inmobiliaria han dinamitado no solo la posibilidad de acceso a la vivienda propia, sino, también a la posibilidad de alquilar. El creciente aumento en las brechas salariales según el género, colocan a las mujeres trabajadoras en la sima de los sectores afectados por la crisis. Con un 60% de infancias pobres y con una creciente indigencia y desocupación, los trabajadores de este país trajinamos la miseria. En enero de este año el 35.7% (lo que equivale a 1.249.500 hogares) no pudo pagar o pagó parcialmente sus alquileres, (Federación Nacional de Inquilinos). Mientras que, el 80% de los hogares se endeudó, y de los dos millones de despedidos, la mitad son inquilinos. Para el CELS hay más de 2 millones de hogares en una situación económica muy comprometida y con riesgo de perder su vivienda durante 2021.

Los alquileres son un elemento extra en las mediciones, mientras el salario de una trabajadora doméstica oscila en los 30 mil pesos, un alquiler modesto para una familia se encuentra cercano a los 25 mil pesos, y la canasta básica de agosto (según el INDEC) alcanza los 72 mil pesos. Nueve millones de trabajadores en nuestro país se encuentran en déficit habitacional, pero las arcas nacionales se encuentran abiertas únicamente para el FMI, y los capitales que se fugan con ese dinero.

Exigimos la suspensión efectiva de todos los desalojos, condonación de las deudas, topes a los alquileres, tierras públicas para la construcción de viviendas populares bajo el control de los trabajadores y no para negocios inmobiliarios, triplicación de los subsidios habitacionales y para las mujeres en situación de violencia.

Llamamos a las organizaciones y vecinos a rodear de solidaridad a Marcela, contra el desalojo y en vías de una solución habitacional permanente y adecuada para su familia. Convocamos a quienes se encuentren en una situación similar a organizarse.

Nahuel Mirande - Marcela Fogo

Polo Obrero Tendencia e

Inquilinos en Lucha