PROVOCADA POR UNA ACORDADA DE LA SUPREMA CORTE. Denuncian una brecha de hasta el 40% entre jubilados y activos en la Justicia bonaerense

En ese contexto, se afirma que las jubilaciones del sector "han perdido su carácter móvil, pese a que la normativa vigente desde 1972 garantiza que los haberes deben ajustarse automáticamente en función de los salarios de los magistrados en actividad".

También fue explicado que el conflicto se agravó notablemente a partir de una acordada de la Suprema Corte que data de 2022 y complementada el año pasado, por medio de la cual se introdujeron "nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad".

"Estas mejoras no fueron trasladadas a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social resolviera excluirlas del cálculo de los haberes previsionales", se indica en ese sentido.

De acuerdo con lo señalado, eso provoca que actualmente exista "una brecha de entre el 35% y el 40% entre los ingresos de activos y pasivos, lo que, en la práctica, vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria".

Ante la situación se reclama la "urgente" intervención de las autoridades, en procura de "restablecer la legalidad del sistema y evitar un perjuicio" que es definido como "especialmente grave", considerando -entre otras cuestiones- "la avanzada edad de los afectados".

Lo denunciado desde el llamado Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses se ha traducido, al mismo tiempo, en el inicio de centenares de procesos ante el Fuero Contencioso Administrativo provincial, a través de diferentes presentaciones impulsadas por los propios perjudicados por esta situación, que afecta los derechos jubilatorios de los judiciales bonaerenses.

"Se están transgrediendo los derechos adquiridos en materia previsional", se indica en una nota dada a conocer este jueves que pasó, la cual lleva las firmas de dos exmagistrados del Poder Judicial bonaerense: Silvina Darmandrail y Gabriel Luis Rojas.

En tanto, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires hizo público "su más enérgico respaldo y acompañamiento institucional" a ese comunicado que fuera dado a conocer desde el Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses.

"Este documento no sólo describe una realidad técnica, sino que denuncia una crisis sin precedentes que vulnera los cimientos mismos de la seguridad jurídica y la dignidad de quienes han dedicado su vida al servicio de justicia", se indicó desde la Red para después señalar que "un jubilado percibe hoy entre un 35% y un 40% menos que un magistrado en actividad de igual escalafón y antigüedad".

"Desde nuestra perspectiva experta, esto representa una violación flagrante al principio de legalidad, donde normas infralegales pretenden derogar de facto una ley vigente desde 1972", fue referido también desde la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, concluyendo en apoyo al reclamo: "No existe independencia judicial posible si el Estado, mediante artificios reglamentarios, confisca los haberes de sus magistrados jubilados".