AMBOS HOMBRES CONTINÚAN DETENIDOS. Excarcelaciones rechazadas para los dos acusados de un hecho de abigeato

Pedidos de excarcelaciones para los dos acusados que tiene un hecho de abigeato sucedido el pasado viernes, cuando ambos investigados carnearon sin autorización en la estancia donde trabajan una vaquillona y personal policial los aprehendió en momentos que trasladaban los cortes cárnicos en una camioneta, fueron rechazados ayer por el Juez de Garantías que entiende en la causa que se iniciara por lo ocurrido.

Tras lo resuelto por Federico Barberena, el magistrado actualmente a cargo del Juzgado de Garantías 1, los imputados que tiene esta Investigación Penal Preparatoria -que se continúa llevando adelante desde la UFI 11 que conduce el fiscal Adrián Peiretti- siguen privados de la libertad en carácter de detenidos.

Cuando hace seis días se llevó a cabo este procedimiento por parte de agentes del Comando de Prevención Rural local, los hombres que fueron arrestados -en momentos que regresaban a esta ciudad desde "Las Blancas", la estancia donde desempeñan tareas- fueron identificados como Hernán Dardo Márquez, de 48 años de edad, y Manuel Gustavo Javier Aguirre (46).

Luego de lo dispuesto ayer, al ser denegado un pedido de "excarcelación ordinaria" que en favor de ambos formulara la defensora Oficial Mariana Mocciaro, esos trabajadores rurales continúan siendo considerados los probables autores de los siguientes delitos: abigeato agravado por dedicarse los autores a la crianza y cuidado de ganado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real.

Así se menciona en una resolución que data del pasado domingo, cuando el mismo Juez de Garantías que ahora rechazó ese pedido para que ambos acusados recuperaran la libertad había convertido a las aprehensiones de los dos en respectivas detenciones.

Por los ilícitos que les continúan atribuyendo, los encausados habían optado por negarse a declarar cuando el pasado sábado los llevaron a los tribunales para ser indagados.

Posteriormente de realizadas esas audiencias, el fiscal Peiretti formuló el pedido que al día siguiente se tradujo en las conversiones de las aprehensiones de Márquez y Aguirre en respectivas detenciones.

Teniendo en cuenta la vigencia de esas medidas cautelares, actualmente el primero de los hombres mencionados continúa en la Seccional Primera local de Policía; mientras que Aguirre había sido llevado a una comisaría en Suipacha, la ciudad ubicada en el Norte de la provincia de Buenos Aires y distante a unos 260 kilómetros de Azul.

Al mismo tiempo, se está a la espera de que se consigan cupos ante el SPB para que los dos sean trasladados a una cárcel de Sierra Chica.

"La presunción legal de fuga o entorpecimiento de la investigación, que surge de un alto monto de pena en expectativa" que podría caberles a los trabajadores rurales de resultar condenados por los ilícitos que les atribuyen, se tradujo en un motivo valorado ayer por el Juez garante para no dar lugar a que fueran excarcelados.

Además de esos pedidos de liberación que no prosperaron para los dos imputados, que estaban fundamentados en que son los únicos sostenes económicos de sus respectivas familias, la Defensora Oficial que los patrocina había objetado la validez del procedimiento policial que derivara en sus arrestos.

Pero los argumentos esgrimidos en ese sentido tampoco fueron avalados por el Juez garante, circunstancias a las que hiciera alusión cuando el pasado domingo ordenara las detenciones para Márquez y Aguirre.

Lo investigado

El procedimiento que finalizara el viernes anterior con los arrestos de los empleados rurales incluyó que, contando con la anuencia del encargado de la estancia donde Márquez y Aguirre trabajan, policías requisaran las viviendas que ocupaban ambos investigados en uno de los puestos de "Las Blancas".

Durante esas inspecciones, junto con más elementos considerados de interés para el pulso de esta investigación penal, se habían incautado dos carabinas y una escopeta, armas que eran poseídas sin la debida autorización legal por los hombres que siguen detenidos, uno de ellos oriundo de Tandil y el otro nacido en Azul.

Tal lo que ya fuera informado por este diario, en horas de la tarde del viernes de la semana anterior, durante un recorrido que realizaban por la zona rural, efectivos del CPR local aprehendieron a los dos imputados cuando regresaban a esta ciudad desde la estancia donde desempeñan tareas.

En ese entonces Márquez y Aguirre volvían de "Las Blancas" en una camioneta Ford F 100 de uno de ellos, en cuya caja trasladaban cortes de un vacuno que instantes antes, sin contar con la debida autorización, habían carneado en el establecimiento rural donde trabajan.

Ante el hallazgo de esos cortes de procedencia ilícita, en un principio ambos fueron demorados por el personal policial en el "Camino Viejo a Ariel", a poco más de cinco kilómetros del predio convertido en escenario de este episodio delictivo.

Posteriormente, al conocerse las circunstancias por medio de las cuales habían faenado el vacuno, se dispuso que quedaran aprehendidos.

Los policías también inspeccionaron las casas que ocupan los dos en el puesto de la estancia donde trabajan, ocasión durante la cual se hallaron las carabinas y la escopeta.

A su vez, en la parte trasera de uno de esos inmuebles, dentro de un pozo, se encontró el cuero del animal carneado instantes antes.

Como principal característica, ese cuero tenía en una de sus orejas un botón que lo identificaba como propiedad de "Delfinagro S.A.", la firma a cargo del establecimiento rural donde este hecho se produjo.

A modo de más indicios que comprometen las situaciones procesales de Márquez, que trabaja en "Las Blancas" desde hace más de una década, y de Aguirre, que ingresó a desempeñar tareas en esa estancia siete años atrás, figuran anotaciones que les fueron incautadas a los dos.

Las mismas hacían alusión a precios de cortes cárnicos, "lo que permite presumir el destino del animal faenado y el fin de lucro de los imputados", había concluido el Juez garante cuando les dictara las detenciones a ambos.

El dato

Los delitos que les están imputando a los trabajadores rurales que continúan detenidos prevén, ante eventuales condenas, penas de prisión que van desde los cuatro a los diez años. Una circunstancia que también ayer el Juez de Garantías valoró para pronunciarse a favor de denegar las excarcelaciones que se pretendían para los dos acusados.