ENTREVISTA CON CARLOS GAGLIONE, DIRECTOR REGIONAL DE LA OBRA SOCIAL . IOMA bajo presión: el ajuste nacional, detrás de "una salud que no alcanza"

Mientras el sistema de salud argentino atraviesa una de sus etapas más críticas, IOMA -la principal obra social de la provincia de Buenos Aires- intenta sostener una estructura que, en términos formales, no ha dejado de ampliarse.

En la Región 9 Centro, con cabecera en Azul y alcance sobre una decena de municipios, el menú de prestaciones supera las setenta prácticas e incluye desde atención primaria hasta intervenciones de alta complejidad. Este Diario dialogó con Carlos Gaglione, director de dicha región sobre la actual situación en la que se encuentra la obra social.

Medicamentos, tratamientos oncológicos, cobertura en VIH, diabetes, hipertensión, discapacidad, fertilización asistida, salud mental, cirugías, prótesis y programas específicos forman parte de un esquema que, en los papeles, parece robusto. Gaglione enumeró algunas de ellas puntualizando además, las de media y alta complejidad.

"Todo lo que es provisiones, ya sea excepciones nomencladas, trámites, tratamientos o cirugía que no participan las obras sociales, además de las prestaciones secundarias, como cuidadores domiciliarios, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, psicopedagogía, soportes nutricionales, cirugías bariátricas o tratamientos de la obesidad. Todos los diagnósticos por imágenes. También tenemos la media y la alta complejidad. Todo lo que sea CPAP, eco Doppler linfático y coronarios, ergometrías, angiografías, trasplante, cirugía cardiovascular. En las secundarias también métodos anticonceptivos hasta los cincuenta años. Hoy, con ley de interrupción del embarazo, evitando los abortos clandestinos, IOMA incorporó el aborto seguro, legal y gratuito, también por la ley de género, la hormonización de las personas trans. Esclerosis múltiple, enfermedad de Gaucher, fibrosis quística, con un vademécum mayor a 7500 medicamentos. En diagnóstico por imágenes tenemos ecografías, densitometrías óseas, rayos X. Salud mental está siendo prioritario por disposición del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Post-pandemia se han detectado enfermedades de salud mental muy importantes que hay que cubrir por su altísima demanda y lo importante que es para el ser humano gozar de buena salud mental", detalló.

Sin embargo, esa expansión convive con una realidad tensionada por un factor que, según el director regional Carlos Gaglione, resulta determinante: el recorte de recursos nacionales.

"El Gobierno nacional rompió la cadena de pagos", afirmó sin rodeos. Y agregó: "Eso impacta directamente en la provincia de Buenos Aires, porque se reducen los fondos de salud y todo el sistema empieza a resentirse".

Habló, asimismo, del desfinanciamiento de la salud por parte del Gobierno nacional mencionando a PAMI. "Los médicos están de paro, les modificaron toda la cápita y el sistema de pagos, hay médicos de cabecera que renuncian. PAMI le da al médico una cápita de 700 afiliados, les pagan 900 pesos por cápita más la consulta de los que asistiesen. Un médico PAMI ganaba 2.400.000 pesos con 700 afiliados. Se les redujo ahora a 1.100.000 de pesos. Eso ya es grave, con tanto recorte en salud".

El efecto dominó, en este caso, implica: menos recursos, más presión. El diagnóstico no se queda en lo declarativo. Tiene consecuencias concretas. Pagos que se estiran, prestadores que discuten valores, turnos que se demoran y especialidades que dejan de estar cubiertas forman parte del mismo fenómeno. "Con la cadena de pagos IOMA venia muy bien hasta hace ocho meses. Y se estiró de los 28 días a 50 días. Se duplicó". La razón, según detalla, no es una decisión administrativa sino una necesidad de priorización: sostener el acceso a medicamentos en un contexto de aumentos descontrolados.

"Tiene una lógica porque la industria farmacológica está aumentando un 30% por mes el valor de los medicamentos, entonces lo esencial es que la prestación de medicamentos no se detenga nunca porque se asiste a pacientes crónicos. Los valores -explicó Gaglione- se han incrementado tanto en estos ocho meses, estamos hablando de un 36% mensual. Y por ahí se atrasa un pago a un prestador porque no podés dejar de pagarle a una droguería. Porque si se corta el sistema de medicamentos sería una situación más compleja aún. La farmacia trabaja por obra social, algunas ya no toman recetas PAMI, por ejemplo. A la droguería le tienen que pagar a siete días, máximo quince. Hoy ya nadie quiere dar a treinta días. Y la obra social, ya sea publica, mixta, privada o prepaga, está pagando a noventa días. Modificamos todas las semanas el nomenclador de valores de medicamentos, poque la medicación tiene que estar cubierta. No se da abasto a actualizarlo, actualizar al valor del mes anterior y a los cuatro días un nuevo aumento. Se vive corriendo atrás del valor de la industria y no hay manera de trabajar medianamente relajado, no le puede faltar un medicamento oncológico a nadie. Pero atrás de eso vamos dejando la salud quienes estamos todos los días", expresó.

Gaglione explicó que, en ese contexto, "lo preocupante es cómo tenés que absorber desde el Municipio o desde la Provincia todo ese recorte, pero además llama la atención cómo un numero de inflación del mes anterior da el 3,4 % cuando la industria farmacológica te pone casi el 40 por mes, sumado al 25 % de tarifas y servicios, más el 25% de combustible. Entonces ese desfasaje te hace completamente rehén".

Cuando la salud entra en lógica de mercado

En ese escenario, la relación con el sector privado se vuelve cada vez más compleja. "El sistema está mutando. Estamos pasando de un sistema de salud a un sistema de comercio de la salud", planteó el funcionario. La frase no es menor: describe un cambio de lógica donde el acceso deja de estar determinado por la necesidad y pasa a depender de la rentabilidad.

"Hoy, con un sistema de salud tan golpeado como el que tenemos, tan maltratado, los costos de un centro de salud privado originan que cueste mucho ponerse de acuerdo con un privado para ser prestador de una obra social, ya sea pública como IOMA, mixta como OSDE o sindical, ponerse acorde a los valores, lo que ofrece una obra social y lo que lamentablemente un privado ofrece para ser prestador. Sigue vigente aquel DNU 7023 que dice que si al privado no le es rentablemente económico, no tiene obligación de ser proveedor del estado. Ahí entramos en un doble juego o contra fáctico que es subirse a un convenio y después decir que el precio no le sirve. Es preferible que el privado no se sume y lo desestime".

Convenios que tardan en cerrarse, prestadores que limitan cupos y clínicas que priorizan pacientes particulares generan un cuello de botella que se traduce en demoras y dificultades de acceso, "cuando la obra social cuenta con ese centro, derivas a ese centro y la respuesta que por ahí tenemos es 'no hay cupos, estamos completos'. ¿Y uno cómo sabe si hay cupo o no?, porque al ser privado puede tomar sus pacientes particulares. Es muy complejo el momento que atraviesa el sistema de salud. El sistema está yendo a una mutación, del sistema de salud al comercio de la salud. Normalmente, primero hablábamos de una prestación, y después del valor. Ahora es al revés. Lo que te dicen es: primero hablemos de valores y, por ese valor, qué prestación de neurocirugía, por ejemplo, te doy y hasta dónde", enfatizó.

Prestaciones garantizadas, acceso condicionado

A pesar del contexto, IOMA sostiene cobertura total en áreas críticas. Discapacidad, oncología, trasplantes, VIH, diabetes y fertilización asistida continúan cubiertas al 100%. "Para nosotros esas prestaciones son prioritarias. Un paciente oncológico tiene cubierto todo: medicación, tratamiento y traslado", remarcó Gaglione.

Pero incluso allí, el impacto económico es contundente. "Un medicamento oncológico puede costar 40 millones de pesos. Un estudio de anatomía patológica, entre 100 y 140 mil pesos", detalló. Sostener esos niveles de cobertura en un contexto de recorte implica, inevitablemente, tensiones en otras áreas.

Los puntos donde el sistema no llega

Uno de los ejemplos más claros es la falta de cobertura en anatomía patológica. "El análisis de tejido, por ejemplo el PAP, una muestra cancerígena, eso va por reintegro en toda la provincia, excepto en La Plata. El Colegio de Patólogos no subió los convenios de ninguna obra social. Alergistas tampoco; no es una demanda muy alta, pero vale la pena aclararlo". A esto se suma el problema del acceso cotidiano. Afiliados que no consiguen turnos o que deben pagar por fuera del copago forman parte de una situación que se repite. "El copago es de 5.000 pesos. Si un profesional cobra más, el afiliado tiene que hacer la denuncia", indicó. Pero la herramienta tiene límites evidentes: "Lo que sucede es que quien cobra demás no va a entregar una factura, eso es histórico en toda la provincia; nosotros no podemos realizar la denuncia, porque no fuimos quienes asistimos a la consulta, por eso lo debe hacer el afiliado. Instamos a que denuncien en la página de IOMA, en la pestaña de afiliados", reconoció Gaglione.

Salud mental: la crisis dentro de la crisis

Si hay un área donde el impacto es más visible, es en salud mental. La demanda creció de manera sostenida después de la pandemia y el sistema no logra absorberla. "Los centros especializados de salud nos dicen que no hay camas, no hay espacio, que están colapsados. De todos modos, nosotros tenemos convenios con centros de salud, el más cercano está en Olavarría", explicó el titular regional de la obra social.

Aunque se buscan nuevos convenios, la ecuación vuelve a ser la misma: costos altos y acuerdos difíciles. "Ponerse de acuerdo con un privado lleva mucho tiempo, porque los valores no coinciden", explicó Carlos Gaglione.

El conflicto con los profesionales

El deterioro del sistema también se expresó en la relación con los médicos. A fines de 2024, un conflicto por el valor de la consulta dejó a los afiliados sin cobertura ambulatoria durante dos meses. "Llegamos a tener cero prestadores. Para atenderte, tenías que pagar la consulta completa. En ese momento estuvimos sesenta días con todo funcionando, por ejemplo las cirugías, pero para ir a ver a tu medico clínico tenías que pagar. Se resolvió, se subieron 40, después 60, hoy son 140 y pico en Azul", recordó. Con el acuerdo, la situación mejoró, pero dejó en evidencia la fragilidad del sistema y la estabilidad depende de un equilibrio siempre inestable.

Derivaciones, hospitales y orden interno

En el plano local, algunos problemas lograron encauzarse, indicó Gaglione. Las derivaciones entre hospitales, que generaban conflictos y demoras, fueron reorganizadas mediante capacitaciones administrativas. La medida permitió agilizar traslados a centros de mayor complejidad y reducir situaciones críticas. "El sistema de traslado 'techo a techo' hoy funciona correctamente en Azul porque se habló con los directivos de los hospitales y clínica San Martin de Azul y se le dio capacitación administrativa al personal. El trámite se estaba haciendo mal y eso ocasionaba demoras. Agradezco la predisposición de los directivos de los nosocomios porque pudimos dar respuestas rápidas y efectivas a los pacientes ante situaciones complejas como son las derivaciones", aseguró.

Prevención en medio de la urgencia

En paralelo, la obra social sostiene campañas de prevención. La vacunación antigripal ya está en marcha, con dosis disponibles para distintos grupos de riesgo. "Conseguimos con la ayuda de UPCN más de 400 vacunas y vamos a seguir vacunando en la delegación y en el policonsultorio de Clínica San Martín", indicó.

Un sistema que sigue, pero cada vez más exigido

El balance deja una imagen clara: IOMA no se retiró, no redujo prestaciones ni abandonó coberturas críticas. Por el contrario, amplió derechos y sostiene tratamientos de altísimo costo. Pero lo hace en un contexto donde los recursos se achican y los costos se disparan. "Se vive corriendo atrás de los precios", sintetizó Gaglione.

Y, en esa carrera, el margen de error es mínimo. Porque detrás de cada número hay pacientes que necesitan respuestas inmediatas. El problema, entonces, no es solo lo que falta, sino lo que cuesta cada vez más sostener. En ese punto, la discusión deja de ser técnica y se vuelve política: quién financia la salud, cómo se distribuyen los recursos y qué lugar ocupa el Estado en un sistema que, cada vez más, se parece a un mercado.