Una investigación penal por venta ilegal de medicamentos y ejercicio ilegal de la farmacia derivó en que ayer se realizaran diecinueve allanamientos, los cuales tuvieron como escenarios dos viviendas y varios comercios de Azul, además de una droguería que está en Lomas de Zamora y objetivos en el conurbano y la Capital Federal.

La causa penal relacionada con estos procedimientos, que finalizaron con los secuestros -entre otros elementos- de importantes cantidades de medicamentos que se comercializaban de manera irregular en locales que no están habilitados para el expendio de los mismos, está radicada en la Ayudantía Fiscal que en Tandil conduce Fabio Molinero.

Ese funcionario judicial había solicitado los allanamientos, que fueron dispuestos por Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3 con asiento en los tribunales de Azul.

A través de una causa penal iniciada meses atrás, está siendo investigado un matrimonio domiciliado en Azul, a quien ayer le fue allanada la casa donde se domicilia. Y lo mismo sucede con cinco personas más, entre las cuales figura un varón que también vive en Azul. En tanto, los demás sospechados están radicados en ciudades del Gran Buenos Aires y en la Capital Federal.

De varias horas de escuchas a los teléfonos intervenidos de los imputados se pudo establecer que el matrimonio investigado en Azul distribuía medicamentos en diferentes comercios que no están habilitados para la venta de ese tipo de productos. Algo para lo que, además, la pareja no contaba con la debida autorización.

El hombre y la mujer utilizaban un furgón para repartir los medicamentos. Por ese motivo, además de que ayer fue allanada la casa del matrimonio -una propiedad situada sobre la calle Misia Barranco entre Corrientes y Amado Diab de Villa Piazza Norte- se requisó un vehículo marca Renault de color blanco.

Según lo investigado, en ese rodado la pareja azuleña distribuía los medicamentos en comercios no habilitados para su posterior comercialización.

Los procedimientos que ayer se hicieron en Azul incluyeron que policías allanaran varios comercios ubicados en diferentes barrios. En su mayoría, despensas donde se vendían esos medicamentos, al igual que un autoservicio y un kiosco.

Todos los allanamientos, en donde se buscaron y hallaron medicamentos, dinero en efectivo, teléfonos celulares, computadoras y otros elementos considerados de interés para esta causa penal, los llevaron adelante policías de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado con asiento en Azul.

En el caso de los procedimientos dispuestos en la Capital Federal, exhorto mediante solicitado por el Juez de Garantías que los ordenó, esos allanamientos los hicieron agentes de la Policía de la Ciudad y estuvieron supervisados por efectivos de la delegación local antinarcóticos, según lo informado.

En el marco de la investigación de esta causa se hicieron también procedimientos en la ciudad de Garín, en el complejo "Nordelta" que está en Tigre, en oficinas con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Wilde, en la localidad de San Andrés y en Lomas de Zamora.

Notificados e imputados

"Lo que se está investigando es la venta de medicamentos no autorizada en lugares que no están habilitados para dicha actividad", le dijo ayer a EL TIEMPO un vocero allegado a esta pesquisa.

La misma fuente precisó que los allanamientos sirvieron para individualizar a "diferentes personas que estaban interviniendo en esta maniobra ilícita". Concretamente, desde el matrimonio que en Azul colocaba esos artículos en los diferentes negocios hasta las personas a las cuales la pareja contactaba para recibir la mercadería.

Una droguería que está en Lomas de Zamora se convirtió en el lugar donde se secuestraron grandes cantidades de medicamentos. Y lo mismo sucedió en una distribuidora que está en la Capital Federal, que además de tener vínculos con la droguería allanada estaba integrada por socios que tenían relación con el matrimonio investigado en Azul.

Todas las personas a las que ayer les allanaron sus domicilios figuran como imputadas en esta causa, según se informó.

"Están todos imputados y notificados de la formación de esta causa", indicó también el vocero judicial con relación a la situación de las personas investigadas, quienes en las próximas semanas serían citadas a indagatoria.

Si bien los delitos que les atribuyen no son detenibles, este tipo de actividad ilícita "produce mucho daño desde el punto de vista de la salud pública", precisó la fuente judicial consultada.

La sospecha de que los medicamentos que se vendían en lugares no habilitados podrían no haber sido facturados de la manera en que la ley exige hizo que desde la instrucción se le diera intervención en esta causa a la AFIP, a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la ANMAT.

Al respecto, en el sumario consta una denuncia que fuera formulada desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, ante la sospecha de que en Azul "se estarían comercializando medicamentos de venta bajo receta, los cuales serían provistos por mayoristas de esta localidad y/o ciudades vecinas" a negocios minoristas como kioscos, almacenes y despensas que no están autorizados para la venta de esos productos -que sólo pueden hacerlo las farmacias- al no contar con la habilitación del Ministerio de Salud bonaerense.

"Lo que secuestramos fue realmente importante", se mencionó no sólo con la gran cantidad de medicamentos incautados -algunos de venta libre y otros con receta- sino también con lo que fueron los hallazgos de grandes sumas de dinero en algunos de los lugares allanados, plata que se sospecha que podría estar relacionada con los ilícitos materia de esta pesquisa.

Por las características de los ilícitos investigados, no se descarta que en un futuro se decline la competencia desde la justicia ordinaria en esta causa penal y que estas actuaciones sean remitidas a la justicia federal.

EL DATO

El matrimonio que en Azul está siendo investigado fue identificado por voceros judiciales como José Martín Bohn e Iris Sabina Guillaume. Los demás imputados se llaman Mario Finkielsztain, Ionathan Medina, Cristian Martín Soto Verón, Pedro Alejandro Leonardo y Hugo Marcelo Castellá, quien también figura con domicilio en esta ciudad.

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