UN FUNCIONARIO JUDICIAL QUE SIGUE DETENIDO . Martín Marcelli fue trasladado a una unidad penal

Desde el pasado viernes el defensor Oficial Martín Marcelli permanece en la Unidad 38, una de las cárceles que está ubicada en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

De acuerdo con lo informado ayer a EL TIEMPO, a ese penal perteneciente al SPB fue trasladado desde la DDI Azul, luego de que su detención se había hecho efectiva a fines del mes anterior en Olavarría.

Esa medida cautelar había sido ordenada en el marco de la tramitación de una causa penal donde el funcionario judicial figura acusado de episodios de violencia de género y de haber amenazado de muerte con un arma de fuego a un hombre.

Por todos esos hechos que le atribuyen en carácter de autor, Marcelli -un abogado de 51 años oriundo de La Plata que en Olavarría, durante mucho tiempo, estuvo al frente de la Defensoría Oficial número 3 perteneciente al Departamento Judicial Azul- había declarado cuando el pasado miércoles 31 de agosto fue indagado por el Fiscal que lleva adelante la instrucción de este sumario: José Ignacio Calonje, el titular de la UFIE.

Dos días después a que resultara detenido en la vecina ciudad, en aquella audiencia realizada en Azul el Defensor Oficial -que en noviembre pasado fue suspendido de sus funciones tras haber sido sometido desde La Plata a un Jurado de Enjuiciamiento por esos hechos donde figura investigado- declaró durante más de cuatro horas, negando su autoría en los episodios por los cuales ahora permanece privado de la libertad en una de las cárceles con asiento en Sierra Chica.

Lo que declaró

Reducción a estado de servidumbre en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en un contexto de violencia de género (reiteradas) está caratulado uno de los hechos que le imputan. Y los demás, a escala penal quedaron definidos -respectivamente- como amenazas calificadas por el uso de arma y amenazas agravadas.

Durante aquella audiencia a tenor de lo que establece el artículo 308 del CPP cuando declarara, Martín Marcelli estuvo asistido por Marcelo Fuche, el abogado que lo patrocina en esta investigación penal por la que actualmente está preso.

Los hechos de violencia de género que le imputan, de acuerdo con lo investigado, tuvieron como víctimas a una ex pareja suya y a otra con la que -según el propio Marcelli señalara en la indagatoria- continúa vinculado actualmente.

Situados como sucedidos en Olavarría entre abril de 2019 y septiembre del año pasado, con relación al primero de los episodios referidos el todavía funcionario judicial afirmó ante el fiscal Calonje que jamás había reducido a la servidumbre a la mujer que figura como víctima, teniendo en cuenta que durante un prolongado lapso de tiempo estuvo separado de ella y él se fue a vivir a Necochea.

Si bien reconoció "haber tenido episodios de violencia" con esa mujer, indicó que los mismos fueron "siempre mutuos", negando también "haberle pegado patadas" y "haberla querido ahorcar, ni con las manos ni con ningún tipo de elemento ni ahogarla debajo del agua".

"Sería una locura poner en riesgo la vida de una persona, por lo menos de mi parte", se menciona en las actuaciones penales que afirmó.

Con relación al episodio donde le atribuyen haber amenazado con un arma de fuego a un hombre -ex pareja de una de esas mujeres que figura como víctima de violencia de género- el funcionario judicial negó la existencia de aquel hecho.

De acuerdo con su versión, él nunca portó armas de fuego. Y señaló que ese hombre que figura como víctima de este episodio intimidatorio -ocurrido en Olavarría, según lo investigado, en julio de 2019- había querido golpearlo "en tres oportunidades", sin que él decidiera denunciarlo por esos hechos. "Yo nunca lo amenacé. Nunca. Sí -admitió Marcelli cuando fuera indagado- me defendí, sin armas".

Finalmente, con respecto a ese otro hecho de violencia de género por el que también figura acusado, declaró que la mujer y presunta víctima sigue estando actualmente con él. También, que tiempo atrás él la había denunciado, lo cual sucedió un día después a que ella también lo hiciera por ese episodio que le atribuyen en carácter de autor, al cual calificó como "falso".

Sobre la base de esa presentación que él hiciera contra la mujer, en la indagatoria dijo: "Queda claro que el hecho que se me imputa no ha existido y me remito a esa denuncia, que pido que se agregue para que quede todo aclarado".

Detenido

La orden para la detención del funcionario judicial acusado de estos hechos había sido dispuesta desde el Juzgado de Garantías 1 que en Olavarría conduce la magistrada Fabiana San Román.

A través de una resolución de los miembros de la Cámara Penal de Azul, la cual concluía que a pesar de su condición de funcionario judicial Martín Marcelli podía ser arrestado por esos delitos que se le imputan, finalmente la medida cautelar se hizo efectiva el pasado lunes 29 de agosto, durante un procedimiento que policías de la DDI Azul y Tandil hicieron en la vivienda de Olavarría donde estaba residiendo el Defensor Oficial.

No era la primera vez que el fiscal José Ignacio Calonje solicitaba ante la Jueza de Garantías que entiende en la tramitación de esta causa la detención del funcionario judicial investigado.

Pero si bien la magistrada avalaba dicho pedido, en ocasiones anteriores sostenía que el mismo no podía hacerse efectivo por los fueros que Marcelli aún ostenta en su condición de funcionario judicial.

Un llamado "recurso de queja por denegación arbitraria de recurso de apelación" formulado desde la Acusación en marzo pasado ante la Cámara Penal, teniendo en cuenta que la detención del Defensor Oficial no se hacía efectiva, fue el que posteriormente -al resolverse de manera favorable en la Alzada departamental el 22 de agosto pasado- derivó en que esa medida fuera ordenada desde Garantías, a través de una nueva resolución.

De esa manera, finalmente la detención de Martín Marcelli se llevó a cabo ese ya referido 29 de agosto que pasó en la vecina ciudad de Olavarría.

El dato

Según el propio Marcelli afirmara en la indagatoria, en 2018 había presentado su renuncia como defensor Oficial ante la Procuración. Pero su dimisión no fue aceptada, por lo que sigue manteniendo su condición de funcionario judicial, más allá de ese Jurado de Enjuiciamiento al que fuera sometido y que a fines de noviembre pasado se tradujo en su suspensión del cargo que todavía ostenta.