CUESTIONAN DECRETOS QUE DICTÓ EL EJECUTIVO MUNICIPAL . "No puede ser que se gobierne bajo emergencia"

En la tarde de ayer, en el local partidario de La Libertad Avanza Azul, se realizó una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles sobre la presentación judicial que esa fuerza política realizará para solicitar la anulación de la emergencia económica decretada oportunamente por el intendente municipal Nelson Sombra.

En primer lugar, el concejal electo Luis Hoursouripe explicó que, "viendo todo lo que está sucediendo con respecto a la emergencia económica, financiera y económica del municipio, y teniendo en cuenta que a varios de nosotros nos va a tocar asumir dentro de poco en el Concejo Deliberante en este contexto, nos pusimos a mirar todo eso y vamos a iniciar una demanda pidiendo la anulación del decreto de la emergencia y de todos los decretos de prolongación de la emergencia".

"Hay un vicio desde el primer momento cuando no se subió el decreto al Concejo Deliberante y se invadieron funciones del legislativo por eso vamos a pedir la inconstitucionalidad de esos decretos. Y lo hacemos ahora porque no queríamos que se vea como una herramienta electoralista. Y sobre todo viendo que los argumentos de ese decreto no son sustentables para nosotros y la actitud que está teniendo el ejecutivo tampoco, porque en un contexto de emergencia compran una flota nueva de coches, un coche de lujo para que se traslade el intendente y la verdad que eso no amerita en un contexto teórico de emergencia y es por eso que iniciamos esta demanda. Queremos darle un marco institucional a esto porque no puede ser que se gobierne bajo emergencia", agregó.

A su turno, el abogado de la Libertad Avanza Azul, Federico Castrovinci, dio detalles sobre la presentación judicial y relató: "Vamos a iniciar una acción de pretensión anulatoria por inconstitucionalidad del decreto dictado por el intendente el año pasado. Y lo primero que vamos a realizar es el sorteo de la causa que va a ser radicada en el Contencioso Administrativo N° 1 y la van a radicar los concejales electos que todavía no han asumido en su calidad de ciudadanos".

"La idea de esta denuncia es poder tener un control mayor desde el Concejo Deliberante acerca de las contrataciones que realiza el ejecutivo que hasta el día de hoy están basados en una emergencia que nosotros creemos que llevó a que el intendente se extralimitara en ciertos actos de gobierno. Y creemos que no hay un sustento jurídico suficiente ni para declarar la emergencia, ni para que la emergencia continúe", acotó.

En esa línea, el letrado recalcó que no es algo normal "que los municipios se gestionen en emergencia" y sostuvo: "La emergencia tiene que ser declarada por un hecho puntual que puede ser catastrófico o no pero que tenga una génesis diferente y el intendente lo hizo nueve meses después de haber asumido y se le dio las herramientas para que pueda administrar, pero pasado el tiempo no corrige la situación y dice que va a continuar en emergencia por tiempo indefinido".

"La emergencia no se puede declarar por decreto. El intendente lo que puede hacer sino eleva el proyecto de ordenanza como corresponde es dictar el decreto ad referéndum del Concejo Deliberante y en la siguiente sesión el concejo la debe convalidar a esa emergencia. Porque la emergencia le permite al intendente llevar adelante actos de gobierno evadiendo controles que no podría evadir sin la emergencia", resaltó.

Por último, el concejal electo Ignacio Furiasse admitió que, desde el espacio que integra, consideraban que la actual gestión iba a trabajar seriamente en la corrección del manejo de los fondos públicos y manifestó: "El detonante de esto fue la compra de todos estos vehículos 0 kilómetro y las contrataciones a empresas a las que se les ha hecho un adelanto de dinero y después la empresa se fue y ahora queda la vía legal para hacernos de vuelta de esos recursos que son de todos los azuleños. Y nosotros vamos a comenzar una nueva etapa como concejales con un montón de cuestiones que nos están negando por este decreto".

La denuncia

En la denuncia judicial se solicita "la nulidad por inconstitucionalidad de los Decretos N°1614/24 y sus prorrogas 1652/24, 2060/24, 2105/24, 183/25 y 1508/25, emitidos por el Intendente Municipal, lo anterior en pleno conocimiento de que no se han seguido los preceptos constitucionales, legales, ni administrativos correctos al momento de dictar esos Decretos omitiendo su dictado 'ad referéndum' del Concejo Deliberante y su posterior convalidación, toda vez que los mencionados decretos invaden el ámbito de las competencias del cuerpo legislativo, sin haber sido nunca las mismas delegadas al Sr. Intendente Municipal y que tan defectuoso tratamiento puede generar nulidades en contrataciones y otras decisiones que generen perjuicio en las arcas municipales con su consecuente responsabilidad".

Se puntualiza que, "con el dictado de dichos actos de carácter general, el Ejecutivo Municipal invade la esfera de competencias del legislativo lo que afecta, no habiendo sido convalidado, el sistema republicano de gobierno de consagración constitucional, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades".

También se sostiene que "el tratamiento dado a la emergencia viola la Constitución Nacional y Provincial, y que no existe otro remedio más que esta acción es que venimos a incoarla para la preservación del sistema republicano de gobierno".

Se refieren los hechos al sostener que "con fecha 30 de agosto de 2024, el Intendente Municipal del Partido de Azul dictó el Decreto N° 1614/2024, mediante el cual declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio, disponiendo medidas de ajuste presupuestario que implican la modificación sustancial de la ordenanza de presupuesto vigente, sin intervención ni convalidación alguna del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Azul".

Se añade que "dicho decreto fue prorrogado sucesivamente hasta el 30 de septiembre de 2025, sin que en ningún momento se haya remitido al órgano legislativo local un proyecto de ordenanza que declare la emergencia ni se haya solicitado su tratamiento conforme al procedimiento constitucionalmente previsto, violando flagrantemente el principio de reserva legal".

"En virtud de la declaración de emergencia establecida -se refiere en la denuncia-, unilateralmente y por decreto, el Ejecutivo Municipal llevó adelante una serie sucesiva de actos administrativos de alcance general y particular evadiendo los controles establecidos por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por la Ley Orgánica de la Municipalidades".

También se sostiene que, "pese a que los argumentos vertidos para la declaración de emergencia no resisten el menor análisis, máxime cuando la misma gestión del Intendente Municipal llevaba nueve meses, lo que se ataca mediante esta acción es el daño constitucional que importa arrogarse la suma del poder público y gobernar por decreto, que es en última instancia lo que motivo originalmente la declaración de emergencia".

Se mencionan los siguientes "agravios constitucionales": violación al principio de división de poderes; inexistencia de habilitación normativa; inaplicabilidad del régimen de DNU del art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional; inconstitucionalidad por omisión; violación al principio de razonabilidad; arrogación de la suma del poder público.

Ante ello, los denunciantes "solicitamos se suspenda cautelarmente la aplicación de los decretos impugnados".