LA INICIATIVA SE TRATA EN LA LEGISLATURA BONAERENSE

LA INICIATIVA SE TRATA EN LA LEGISLATURA BONAERENSE

Por la violencia que sufren los docentes, presentan proyecto

El proyecto de ley busca poner freno a los hechos de acoso e intimidación que sufren trabajadores de la educación. Esta nueva institución apunta a "la protección del docente, ya sea para la realización de denuncias, como así también para su defensa".

13 de septiembre de 2022

Diversas situaciones de violencia contra docentes en el ámbito de la provincia han motivado que un legislador presente un proyecto que, de aprobarse, creará la figura del Defensor Docente del Pueblo.

En los fundamentos de su iniciativa, el diputado Emiliano Balbín (Juntos) -nieto del líder radical Ricardo Balbín- indicó que "el defensor del docente es un proyecto de servicio en el ámbito provincial donde se pone a disposición de los docentes que necesiten ayuda ante cualquier tipo de acoso, intimidación o violencia en las aulas, ya sea por situaciones relacionadas con los padres, los alumnos, la administración educativa o los propios compañeros".

EL TIEMPO pudo saber además que en la iniciativa legislativa se asegura que "los docentes en numerosas ocasiones son víctimas de violencia verbal, física y/o material en sus bienes", añadió que "las consecuencias de las situaciones de acoso y violencia que sufren no sólo afectan al propio docente, puesto que un maestro o profesor con estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad de la educación".

Para Balbín, "en ese sentido las bajas laborales generan un costo para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos. El daño lo producen unos pocos y, sin embargo, las consecuencias se extienden hacia todo el alumnado con el que interactúa el agredido".

Señaló, asimismo que, "para la comprensión de estos aspectos conviene recordar el cambio social en relación con el papel de la escuela, que ha pasado a ser un lugar de aprendizaje respetado, a un espacio donde se manifiestan muchas insatisfacciones y se expresan, por ello, muchas controversias. Dichas dificultades adaptativas son fundamentalmente de tipo psicológico y se caracterizan por un malestar, que trae aparejada sensación de incapacidad para adecuarse a las exigencias del entorno".

Es frente a ese contexto que Balbín ha presentado su proyecto, que actualmente recibe tratamiento en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense. "Ante la necesidad de garantizar la seguridad a los docentes y directivos que, en cumplimiento de su deber, sufran alguna de las situaciones antes citadas".

El legislador entiende que "dicho mecanismo permite la protección del docente, ya sea para la realización de denuncias, como así también para su defensa".

Agregó que "se trata de medidas que, de acuerdo con las circunstancias a las que hacemos frente, es necesario tomar. Debemos como sociedad defender la cultura del respeto, adaptada al momento actual fundamental de la educación en la que todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, desde los funcionarios hasta los padres de los alumnos".

El proyecto de ley propone incorporar un inciso al articulado de la Ley 10.579 (Estado del Docente de la provincia de Buenos Aires). "Ser asistido y representado gratuitamente, a su solicitud, por un abogado provisto por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, ya sea para la formulación de denuncias penales o correccionales, defensa ante denuncia criminal y/o la constitución como querellante particular, en aquellos supuestos o causas judiciales que se originen en actos de violencia, agresiones verbales, físicas y/o materiales ejecutados por padres, madres, familiares u otros allegados de los menores alumnos, con motivo del ejercicio regular de la función docente".

Plantea, además, como segundo artículo, que "la Dirección General de Cultura y Educación deberá adaptar sus guías, protocolos y normas, vinculadas con esta materia a las disposiciones de la presente ley, con la debida intervención en lo pertinente, del Ministerio Público, a fin de garantizar la correcta aplicación de lo aquí dispuesto".

En el artículo 3° "la aplicación de la presente se realizará en forma coordinada con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires".

REPERCUSIONES

"Estas situaciones se han agudizado" en Azul

Desde la seccional azuleña de Suteba, el dirigente Javier Cabral señaló, por un lado, que estaba al tanto de la iniciativa parlamentaria de Balbín y, por el otro, reveló detalles de una reunión vinculada con la problemática que enfoca el proyecto parlamentario. Confirmó, al igual que desde otras entidades gremiales consultadas por EL TIEMPO, que las situaciones de violencia se han agravado en el distrito.

Explicó que "el mes pasado hubo una reunión interministerial, justicia, trabajo y educación, mujeres, dónde se planteó la necesidad de buscar alternativas, soluciones y acompañamiento, más allá de las mesas distritales intersectoriales que se están llevando a cabo en los distritos dónde van ocurriendo estas situaciones, que vemos que post pandemia se han agudizado. Desde lo particular también le agrego el factor político, en el sentido de 'la grieta', ya que cada vez que hablan opositores de educación, siempre es con el fin de marcar que durante la pandemia no hubo clases, cuando sabemos que sí se llevaron grandes esfuerzos adelante por les docentes y con el Estado provincial no sólo desde lo normativo, sino desde lo económico, con distintos programas".

Cabral dijo ayer a EL TIEMPO que "esto hace que parte de la población crea, por esos mensajes falaces, que desde la escuela no se hizo nada, creando situaciones de violencia, que más allá de lo repudiable son totalmente injustas, porque los trabajadores de la educación pusieron todo lo que tenían, desde las estrategias de cómo llegar a cada uno de sus estudiantes hasta sus recursos tecnológicos e insumos".

Irene Lagos, de la seccional local de UDOCBA, dijo ayer a este diario que desde 2018 existe, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires el "Consejo Consultivo para la Defensa de los Derechos del Docente". Consultadas diversas fuentes, no pudo determinarse que esta institución funcione tal como se indica en el portal de la defensoría.

Por su parte, desde el Centro de Educadores Azuleños -adherido a FEB- el secretario general Luciano Salinas indicó ayer a EL TIEMPO, "sobre este proyecto legislativo, de buscar la figura del docente defensor", que "es algo muy nuevo".

Opinó que "para sumar todas las voces, estaría bueno, desde mi punto de vista, llamar a varios actores sociales respecto a este tema, por ejemplo, incluyendo a los gremios y a la comunidad educativa en general, para que sea más amplio".

En ese sentido, Salinas dijo que "todo lo que sea en favor del cuidado y preservación del docente, bienvenido sea, independientemente de dónde venga la propuesta. Veremos en todo caso cómo será la implementación".

Admitió, en cuanto a los niveles de agresión en el ámbito docente, que "se han profundizado las consultas a nuestro gremio sobre conflictos de violencia de padres hacia docentes, y también de estudiantes hacia docentes, de agresiones verbales y amenazas".

Y apuntó: "Esto es muy común, lamentablemente, y cada vez se va acrecentando", no sólo en Azul, sino que "cuando hablamos con otros secretarios generales en la provincia, esta problemática es una constante" en el ámbito de nuestra provincia.

Sobre la defensoría, Salinas dijo que, "en su momento se había reunido el Gobierno, durante la gestión de Cambiemos, con representantes gremiales y varios actores sociales, para tratar precisamente esto: crear una defensoría del docente".

Recordó que, "esto quedó trunco, en dos oportunidades, una en 2018 y en 2019. No se llevó a cabo porque fue muy cuestionado el tema de algunos representantes de los gobiernos de turno respecto a que desconocían ciertas temáticas sobre los derechos humanos y demás".

Por otra parte, "desconocían también normativas, además de tratarse de gente cuestionada por el tema derechos humanos. Más allá de esa cuestión política-partidaria, los gremios planteábamos cuál era la finalidad de crear esto, ya que la defensoría de los docentes la tienen los gremios a cargo. Es decir, es el gremio el que ayuda, acompaña, en su trayectoria como docente, ya sea en sus derechos, en sus deberes, en sus obligaciones. No les quedó en claro a los gremios cuál era el fin principal y, en definitiva, nunca lo dijeron. Así, quedó en la nada".

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