14 de marzo de 2022
El descarrilamiento de un tren sucedido la semana pasada en jurisdicción del Partido de Olavarría, siniestro donde 27 pasajeros resultaron lesionados, derivó hoy lunes en que el juez Federal de Azul Gabriel Di Giulio decretara "la prohibición cautelar" del servicio hasta tanto se cumplan con diferentes pedidos que fueron solicitados en el marco de la investigación penal que por lo ocurrido se está llevando adelante.
Así fue informado desde el Juzgado Federal número 1 a cargo del mencionado magistrado, desde donde se está sustanciando un sumario penal tendiente a determinar los motivos que provocaron el siniestro, ocurrido el martes de la semana que pasó.
"En el día de la fecha se ha dispuesto decretar la prohibición cautelar del restablecimiento del servicio de trenes de pasajeros ramal Constitución-Bahía Blanca hasta tanto se cumplan las medidas que se indican y, acreditadas, sean evaluadas", se menciona en lo ordenado hoy lunes.
Una de esas medidas señala que las empresas Trenes Argentinos, Ferro Pampeana SAC y SOFSE ROCA, "en forma conjunta y/o separada" y "dentro de sus respectivas competencias o ámbitos concesionados", deberán elevar al Juzgado Federal número 1 de Azul "un informe técnico con el relevamiento e inspección del ramal completo que detalle el estado de las vías, terreno y, fundamentalmente, especifique si el mismo garantiza la seguridad de los pasajeros y del personal ferroviario dentro de los estándares técnicos aplicables".
Dicho informe, se indica también en lo dispuesto, tendrá que "fundarse en relevamientos y estudios que garanticen su actualidad", lo cual implica que las mencionadas empresas de servicios de trenes "deberán informar al Juzgado cuáles son las medidas de seguridad que se adoptarán para garantizar la seguridad de los pasajeros y personal ferroviario y remitir el plan de implementación con detalle de metas y, en su caso, de plazos".
Tal lo que ya fuera informado, durante las primeras horas del martes de la semana pasada se había producido el descarrilamiento de un tren de pasajeros, provocando que varios de sus ocupantes resultaran lesionados y tuvieran que ser hospitalizados.
El siniestro había sucedido en jurisdicción del Partido de Olavarría, lo que derivó en el inicio del sumario penal por el que hoy lunes el Juez Federal que entiende en esta investigación decretó la ya mencionada "prohibición cautelar" del funcionamiento del servicio hasta tanto se adopten las medidas que solicitara, destinadas a garantizar tanto la seguridad de los pasajeros como la de los trabajadores ferroviarios.
La investigación iniciada por lo ocurrido había derivado en que el día en que la formación se descarriló fuera secuestrada su caja negra, además de que se colectara material fílmico, se requirieron informes con relación al estado que presentaban las vías en ese sector del vecino Partido de Olavarría donde el siniestro se produjo y que el conductor de la locomotora fuera sometido a diferentes pericias.
El hecho sucedió cuando ese tren, identificado con el número 333 y que une la estación de Plaza Constitución con la ciudad de Bahía Blanca, descarriló a aproximadamente unos diez kilómetros de Olavarría, en el tramo que une a esa vecina ciudad con la de General La Madrid, a la altura de la Estación Pourtalé.
El descarrilamiento del tren con doce vagones, operado por la empresa de cargas FerroExpreso Pampeano y en el que viajaban 479 personas, se produjo ese martes de la semana anterior ya referido cuando habían pasado unos minutos de la hora cinco.
Entre los heridos provocados por el siniestro se habían contabilizado algunos niños. Y en un principio ninguno de esos 27 pasajeros, que después tuvieron que ser asistidos en el Hospital Cura de Olavarría, resultó con lesiones de gravedad.
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