UN PROYECTO QUE TRATARÁ HOY EL CONCEJO DELIBERANTE . Reclaman al municipio que adhiera a la ley sobre declaraciones juradas patrimoniales

La ley provincial N° 15.000 regula el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y agentes del sector público en territorio bonaerense, pero aún desde Azul no se ha adherido a la misma. Si bien existe una ordenanza desde 2019 en nuestra ciudad, aún no ha sido reglamentada por el Ejecutivo, por lo que ese es precisamente el eje de un proyecto que será tratado en la sesión de hoy del Concejo Deliberante.

La concejal Verónica Crisafulli (bloque Juntos-GEN) explicó a EL TIEMPO, que, para la sesión de esta tarde, "estaremos presentando desde nuestro bloque el proyecto en el que requerimos la pronta reglamentación de la ordenanza mediante la cual se pretende la adhesión del municipio de Azul a la ley provincial 15.000, que es la que regula el sistema de declaraciones juradas patrimoniales", que involucra tanto a funcionarios y agentes del Departamento Ejecutivo como a los del Legislativo.

Destacó que "esto se pensó como una herramienta, como política pública de prevención y control de la corrupción". Y añadió: "En ese sentido, con el fin de garantizar confianza, credibilidad; ya que bien sabemos en los últimos tiempos todo lo que hace a la planta política, ya sea de los municipios, de los gobiernos provinciales y nacionales, ha ido perdiendo credibilidad y confianza en la sociedad toda".

En ese contexto, destacó Crisafulli que "se propone esta herramienta, que es la ordenanza del 2019, que fue aprobada por unanimidad y que el Ejecutivo contó con 120 días para poder reglamentarla y aún no se ha hecho efectiva".

Transparencia como objetivo

"Esta ordenanza -explicó Crisafulli- viene a sumarse como una herramienta tangible de transparencia. La información que brinda el funcionario público, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, que brinde en cuanto a su patrimonio al inicio del ejercicio de esa función pública, se puede luego confrontar con los bienes y patrimonio que cuente al finalizar la misma".

En el proyecto se indica que esta ley provincial, "en su artículo 19 invita a los municipios a que adhieran a la misma".

Para la edil, "la consolidación y el fortalecimiento del sistema democrático requieren de la aplicación de políticas de prevención y control de la corrupción".

Es en ese contexto, entonces, que "la declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética que pudieran cometer las personas que ejercen una función pública".

Se indica, además que "la fiscalización de la función pública mediante la participación ciudadana promueve la responsabilidad de los dirigentes, evitando el avance de la pérdida de confianza y credibilidad de los mismos".

Recuerda, por otro lado, que "la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a las que la República Argentina adhiere" a través de legislación específica, "promueven la transparencia, el accedo a la información pública y la participación de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción".

En el proyecto de Resolución, Crisafulli puntualiza que "este Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la ordenanza 4363/2019 que adhiere a la ley provincial 15.000 que regula" el sistema de declaraciones juradas patrimoniales.

Menciona la edil que, en dicha ordenanza se plantea en el artículo 4° que se instruya "al Departamento Ejecutivo -en orden a lo dispuesto en el artículo 17° de la Ley 15.000- para que dentro de los ciento veinte días de entrada en vigencia de la presente ordenanza [se] proceda a su reglamentación, designando la autoridad de aplicación de la misma; como así también se instrumenten los mecanismos necesarios a fin de hacer efectivo el sistema de declaraciones juradas patrimoniales del municipio y afectando las partidas presupuestarias necesarias a tal efecto".

Plazo vencido

A través de un proyecto de su proyecto de Resolución, Crisafulli requiere "al intendente del Partido de Azul y por su intermedio a quien corresponda, la pronta reglamentación de la Ordenanza 4363/2019 que adhiere a la Ley Provincial 15000 que regula el sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de funcionarios y agentes" del ámbito público.

Del mismo modo, encomienda al jefe comunal que "informe sobre las dificultades, si las hubiera, para reglamentan la Ordenanza 4363/2019 dado el vencimiento del plazo establecido para tal fin: 120 días".

Cabe aclarar que, en cuanto "al informe de Transparencia Fiscal Municipal, el Municipio de Azul se encuentra en una calificación de medio cumplimiento de acuerdo a la información que sube en la página web".

Crisafulli, en su entrevista con este diario, destacó que "creo que es un paso significativo para garantizar transparencia, para recuperar credibilidad y, además, es un gesto que viene a demostrar el compromiso genuino de quienes nos sumamos con la simple intención de ser un canal de servicio a la comunidad, de acceso a todos sus derechos, y creo que sería muy importante que el Departamento Ejecutivo reglamente esta ordenanza. Y principalmente aquellos funcionarios o concejales que cumplen funciones en el Partido de Azul y no son residentes ciudadanos azuleños, tengamos la oportunidad de visualizar sus declaraciones juradas patrimoniales al inicio y confrontarlas con sus bienes cuando dejan sus funciones".

La edil finalizó conceptualizando que "creo que la sociedad merece mínimamente de estos gestos de reivindicación del vínculo política y ciudadanía".