LOCALES. Un proyecto de diputados propone privatizar Fanazul

Se incluye, además, al Banco de la Nación Argentina y sus entidades vinculadas.

Las empresas que se mencionan en la iniciativa parlamentaria son las siguientes:

-Aguas y Saneamientos Argentinos S.A

-Fabricaciones Militares S.E. -entre las que se encuentra Fanazul.

-Fábrica Argentina de Aviones General San Martín S.A.

-Tandanor S.A.

-Correo Argentino

-Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.)

-TELAM S.E.

-EDUCAR S.E.

-Contenidos Públicos S.E.

-Servicio de Radio y Televisión de la UNCórdoba

-Radio Universidad Nacional del Litoral

-Nación Servicios S.A.

-Corredores Viales S.A.

-Aerolíneas Argentinas S.A.

-Intercargo S.A.

-Aerohandling S.A.

-Optar SAU

-Ferrocarriles Argentinos S.E.

-Operadora Ferroviaria S.E.

-Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A

-Belgrano Cargas y Logística

-Yacimientos Carboníferos de Río Turbio

-Construcción de Vivienda para la Armada

-Playas Ferroviarias S.A.

-Polo Tecnológico Constituyentes S.A.

Estas son las empresas mencionadas en el proyecto de "ley de privatizaciones", en sintonía con otro -presentado por los mismos legisladores- denominado "Ley de Administración y Buen Gobierno de Empresas Públicas", de los diputados del sector político que lidera Elisa Carrió (Coalición Cívica): Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, son los legisladores autores del proyecto de ley.

Por otro lado, en el artículo 2° se mencionan:

-Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.

-Nucleoeléctrica Argentina S.A.

-Dioxitek S.A.

-Banco de Inversión de Comercio Exterior S.A.

-BICE Fideicomisos S.A.

-Banco de la Nación Argentina

-Nación Bursátil S.A.

-Nación Reaseguros S.A.

-Nación Seguros de Retiro S.A.

-Nación Seguros S.A.

-Pellegrini S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

En el proyecto, los diputados de la Coalición Cívica afirman que "en la mayoría de las empresas del Estado en la Argentina, las razones que motivaron su creación han desaparecido. En otras palabras, los objetivos que se propusieron al momento de su creación dejaron de tener razón de ser".

Se argumenta, además, que, "de acuerdo con la última información reportada por la Oficina Nacional de Presupuesto, durante el año 2023, de las 33 empresas de capital mayoritario perteneciente al gobierno nacional, sólo 7 han tenido resultados operativos positivos. Y solo 4 empresas no han recibido transferencias del Estado Nacional durante este período. Prácticamente todas las empresas cerraron sus cuentas en rojo".

Los legisladores refieren un informe [OCDE (2015), Informe de la OCDE sobre Cohecho Internacional. Análisis del Delito de Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros, OECD Publishing], en el que se "arribó a esclarecedoras conclusiones, en las cuales las empresas del Estado son lamentablemente protagonistas. El informe fue elaborado en base a la información de los 427 casos de cohecho internacional que se han concluido a partir de la entrada en vigor de la Convención de la OCDE contra el Cohecho, suscripta por la Argentina en el año 1997, aprobada por el Congreso en el año 2000".

En los fundamentos del proyecto de ley se menciona, en tal sentido, que "entre los principales hallazgos, se concluyó que el principal destinatario del soborno es el funcionario de las empresas del Estado. Específicamente, los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o entregados a empleados de empresas del Estado (27%), seguido de funcionarios aduaneros (11%), funcionarios de salud (7%) y funcionarios de defensa (6%). Sin embargo, cuando se analiza el porcentaje de sobornos prometidos, ofrecidos o entregados, el funcionario de una EE se llevó nada más y nada menos que el 80%".

Añaden que, "en la mayoría de los casos, los sobornos se pagaron para obtener contratos de adquisición en el sector público (57%), seguidos de liberación de trámites aduaneros (12%). En promedio, los montos del soborno equivalen a 10.9% del monto total de la operación y a 34.5% de las ganancias".

De ese modo, los diputados de la Coalición Cívica afirman que "la corrupción y la percepción de corrupción deterioran la confianza en los gobiernos, empresas y mercados. También debilita el crecimiento y el desarrollo".