3 de octubre de 2025
Luego de que resultaran detenidos este miércoles que pasó, tres de los investigados por las presuntas estafas a la Cooperativa, maniobras cometidas mediante pagos truchos de facturas de luz y de agua, no declararon cuando ayer se realizaron en sede judicial las audiencias donde fueron indagados por "asociación ilícita" y más delitos. Un cuarto imputado seguía hasta anoche sin ser hallado.
Tal lo que EL TIEMPO informara en su edición web, la causa que se iniciara a principios de este año -cuando desde la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada fuera formulada ante la Justicia una denuncia por las mencionadas irregularidades, que implicaron un perjuicio para la entidad estimado en unos 160 millones de pesos- había derivado en que hace dos días se efectivizaran las detenciones de tres de los cuatro investigados.
En tanto, al menos hasta ayer el cuarto imputado por estos ilícitos continuaba sin poder ser hallado, luego de que durante la mañana el abogado que ahora lo representa en esta causa, Luciano Di Pietro, presentara ante el Juzgado de Garantías 2 -a cargo del magistrado Federico Barberena- un pedido para que a su cliente le fuera otorgada una "eximición de prisión".
De ocupación comerciante, ese hombre está al frente de una agencia de loterías y quinielas ubicada en una de las esquinas de las calles Roca y Leyría. Un local que -al igual que el inmueble donde ese acusado se domicilia- había sido allanado por la Policía a fines de mayo pasado en el marco de esta Investigación Penal Preparatoria.
Hasta anoche, ese cuarto imputado no había sido habido, considerando la orden de detención vigente para él. Se llama Mario Miguel Garavelli y tiene 50 años de edad.
A diferencia de lo que viene ocurriendo con ese hombre, distinto había sido lo sucedido anteayer miércoles con los demás investigados por estas maniobras defraudatorias en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada: a través de diferentes procedimientos realizados por policías de la DDI Azul todos ellos resultaron detenidos. Y fueron quienes, durante las indagatorias desarrolladas ayer por la mañana en los tribunales de Azul, optaron por negarse a declarar.
Neefer Eduardo "Gallego" González, que tiene 66 años de edad, Matías Horacio Rosas (47) y María Laura Calandra (45) se llaman los demás imputados que actualmente continúan privados de sus libertades en carácter de detenidos.
En el caso de la mujer, ayer por la tarde había sido llevada a la Unidad 52 del SPB, la cárcel con asiento en esta ciudad. Y los dos hombres, en tanto, transitoriamente seguían en la sede de la DDI Azul.
Apoyada en un extenso caudal probatorio reunido después de que en febrero pasado fuera presentada ante la justicia penal una denuncia por estas presuntas estafas en perjuicio de la Cooperativa, desde la UFI 6 la fiscal Paula Serrano había pedido el dictado de las medidas cautelares para Garavelli, González, Rosas y Calandra. Y a las detenciones de los cuatro dio lugar el magistrado Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías 2.
De acuerdo con lo informado a este medio por voceros de seguridad ligados a las realizaciones de tres de esas detenciones, González fue hallado anteayer en horas de la tarde en la heladería que posee en una de las esquinas de Avenida Mitre y calle España. Y a los empleados de la CEAL -suspendidos no bien desde la entidad fuera denunciada esta situación en febrero pasado- agentes de la DDI Azul los detuvieron en dos inmuebles vinculados también con ambos imputados, que son pareja.
En el caso de Calandra, los policías la arrestaron cuando anteayer en horas de la tarde llegaba a un departamento de un edificio ubicado en la zona céntrica, sobre las calles San Martín entre Avenida 25 de Mayo y Moreno. En ese lugar reside junto con Rosas, el otro empleado de la Cooperativa también investigado, quien terminó siendo apresado en una quinta situada en las afueras de esta ciudad, en cercanías al denominado "Camino Viejo a Tandil".
Mientras que el propietario de la heladería imputado -quien años atrás cumplió encarcelado una condena por el desvío de partidas de leche que el Estado provincial destinaba a familias carecientes de Azul- fue asistido durante la indagatoria por la defensora Oficial Mariana Mocciaro, a la pareja de empleados de la Cooperativa también acusados los patrocina, en carácter de defensora Particular, María Fernanda Giménez.
Esa abogada, según lo señalado a este matutino por voceros allegados a la instrucción de esta causa, presentó ayer un pedido de excarcelación de tipo "extraordinaria" para Calandra ante el Juez de Garantías que entiende durante la instrucción del sumario penal que tiene privada de su libertad a la hasta meses atrás empleada de la Cooperativa en el área de Recursos Humanos.
A dicha petición la abogada la fundamentó en que la investigada es madre de tres hijos que están a su cuidado y, al igual que la eximición de prisión formulada por el abogado Di Pietro en favor de Garavelli, se constituyó en otro de los pedidos sobre los cuales debe resolver el magistrado Barberena.
"Asociación ilícita", estafas y más delitos
Asociación ilícita, falsedad ideológica de documento privado y uso de documento falso y "reiteradas" estafas conforman el concurso de delitos que les están imputando a los cuatro investigados por estos hechos.
La hipótesis de la Acusación lo ubica a Matías Horacio Rosas como "el jefe" de esta organización delictiva que, contando con la intervención de los demás acusados, cometió las mencionadas estafas, consistentes en fraguar pagos de los servicios de energía eléctrica y de agua de usuarios, en su mayoría titulares de comercios locales, en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada.
Al menos desde mayo de 2023 hasta febrero de este año "María Laura Calandra, Matías Horacio Rosas, Mario Miguel Garavelli y Neefer Eduardo González, previo acuerdo de voluntades, tomaron parte en una asociación destinada indistinta y mancomunadamente a organizar, de manera coordinada y a través de la división de tareas, el cobro de facturas de energía eléctrica y servicio de agua de red a un gran número de usuarios de la Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada en beneficio propio, al apropiarse ilegítimamente de la totalidad de los montos percibidos, ascendiendo el beneficio a la suma aproximada de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000)", se describe en la orden que anteayer miércoles derivara en las detenciones de tres de los ahora encausados.
Rosas -responsable del área de Facturación de la CEAL- "actuaba en carácter de jefe de la asociación". Y su pareja Calandra, empleada en el sector de Recursos Humanos de la Cooperativa, "mediante ardid" era la encargada de "ofrecer falsos descuentos" a los usuarios que aceptaban abonar los mencionados servicios en esas condiciones.
La pareja obtenía de esa manera -se afirma también desde la imputación- el dinero "generalmente en efectivo". Y en otros casos, "vía transferencia de los usuarios". Plata que después no depositaban en las cuentas de la CEAL y se la quedaban los dos.
"Para perfeccionar su maniobra, le entregaban al contribuyente una factura -previo creación en sistema de una nota de crédito por parte de Matías Rosas, quien además se valió para ello de las claves de acceso al sistema provistas al personal de cajas y de los permisos otorgados en razón de su cargo en la entidad- y un ticket de pago falso". Este último comprobante, también trucho, era "creado" por Rosas, "que imitaba al original que emitía la CEAL por el monto del total de la factura mensual correspondiente".
A partir de agosto de 2024, a través de lo investigado se señala que a esas maniobras de tipo defraudatorias se sumaron los comerciantes González y Garavelli, aún no hallado hasta anoche.
Con la "colaboración imprescindible" de ambos, formaron parte también de esta organización ilícita y, al igual que ya lo hacía la mujer acusada, "se encargaron de ofrecer a los comerciantes estos 'descuentos especiales'" y "de recaudar el monto a abonar y rendirlo ante Calandra".
"Estas maniobras, además de perjudicar económicamente a la CEAL, generaron perjuicios económicos en cada usuario 'beneficiado' con el descuento, debiendo los clientes, luego de descubierto el ardid, presentarse a abonar el total de las facturas para evitar el corte del servicio", sostiene también la Fiscal a cargo de esta investigación penal.
"En ese derrotero, González y Garavelli se vieron beneficiados económicamente con porcentajes indeterminados y variables de los montos recaudados y con el pago o anulación en sistema, a través de notas de crédito por parte de la pareja Rosas-Calandra de sus facturas de luz comerciales y domiciliarias", se señala en la causa penal con relación a las características que tenían estas maniobras defraudatorias.
El dato
La que involucra a los dos empleados de la CEAL y a ambos comerciantes no es la única investigación penal en curso. Hay otra más, impulsada también desde la Cooperativa en julio pasado. Ese sumario tiene sospechado de la comisión de varios hechos de corrupción al ingeniero Mario Fossati, durante lo que fuera su gestión como titular del Consejo de Administración de la CEAL, cargo al que oficialmente renunciara semanas después de conocerse la denuncia por las situaciones que tienen detenidos a González, Calandra y Rosas e imputado también a Garavelli. La causa penal a través de la cual Fossati continúa siendo investigado por esas presuntas irregularidades sigue radicada en la UFI 13, la fiscalía a cargo de Adrián Peiretti.
"Banda delictiva"
Matías Rosas, el empleado de la CEAL que es considerado el líder de esta organización acusada de la comisión de diferentes estafas. La imagen corresponde a cuando anteayer era ingresado a la sede de la DDI Azul, donde sigue detenido. DDI AZUL/PBA
A modo de conclusiones para ordenar las detenciones de los cuatro acusados, contando con las evidencias reunidas por la Fiscal que instruye esta causa el juez de Garantías Federico Barberena afirmó que "se encuentra acreditada la determinación e integración de la banda delictiva". Una organización donde los acusados "estaban dispuestos a efectuar los ardides contra diferentes comerciantes a fin de un aprovechamiento económico para sí, integrando una asociación ilícita que se dedicaba a la comisión de maniobras defraudatorias, con el empleo de medios informáticos que poseían en virtud de su posición laboral, tal es el caso de Rosas, y de diversas técnicas de engaño, perpetradas por Calandra, González y Garavelli, dirigidas hacia personas físicas, en su mayoría comerciantes y empresarios de nuestra ciudad, aprovechándose de las abultadas facturas de luz que poseían".
"Para lograr su cometido han sostenido su plan en el tiempo por varios meses"; consistente en "obtener un beneficio económico que ascendió a alrededor de ciento sesenta millones de pesos ($ 160.000.000)", refirió también en lo decidido el titular de Garantías 2.
El magistrado Barberena ubicó como "jefe de la banda" a Rosas, considerando para ello los "conocimientos específicos en estados administrativos y contables" que poseía por su labor en la Cooperativa y "por el puesto laboral en que se desempeñaba". Ese empleado "se ha valido de la colaboración imprescindible de su pareja Laura Calandra y de los coimputados Garavelli y González, quienes han intervenido alternativamente como recaudadores".
En ese contexto, la mujer detenida el pasado miércoles y ahora en la Unidad 52 de Azul era "la cara visible ante gran parte de los comerciantes y quien lo protegía a Rosas ante terceros que pudieran advertir cómo era que ella conseguía tales descuentos". Y a su vez, como empleada del área de Recursos Humanos de la CEAL, se presentaba "con el uniforme laboral" en los comercios, "donde ofrecía estos 'descuentos' especiales en nombre de la prestataria, brindado así mayor credibilidad".
"Luce con claridad cómo la ambición llevó a la pareja a la necesidad de ampliar su radio de captación -afirmó también en lo resuelto el Juez de Garantías- a través del aporte imprescindible de Neefer Eduardo González y luego de Mario Daniel Garavelli".
Después de que el propietario de la heladería -al parecer- lo sumara a Garavelli a esta organización delictiva, ambos comenzaron a "beneficiarse con descuentos para sí mismos" por los servicios de energía eléctrica y agua que debían pagar en la CEAL y "comenzaron a ofertar la operatoria a terceros. En algunos casos, de manera enmascarada, ofreciéndose a abonarles el servicio de luz. Pero sin descuentos; sino como favor de hacerles un trámite personal y en otros, claramente ofertando la posibilidad de pagar menos por el servicio".
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Así lo manifestó el abogado Pedro De Luca cuando habló sobre la decisión de la justicia de ordenar la detención de los implicados en la causa por estafa contra la CEAL. Asimismo consideró que este hecho no interfiere para nada en el acto electoral que se desarrollará el próximo domingo en la cooperativa local.
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