A TRES MUJERES. Las acusan de integrar una organización que vendía drogas y era liderada por un azuleño que está preso

Investigadas como las probables integrantes de una organización delictiva que se dedicaba a la venta de drogas en esta ciudad y era dirigida desde una cárcel por un recluso azuleño, tres mujeres se encuentran detenidas y ayer se negaron a declarar por los ilícitos que les imputan.

Fuentes judiciales las identificaron como Mariana Inés Santomauro, de 43 años de edad, Deborah Alexia Peralta (31) y Antonella Belén González (26).

Comercialización de estupefacientes y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, agravada por la participación de tres o más personas organizadas para cometerlo, son los delitos que les están atribuyendo.

En el caso de Santomauro, también es considerada la probable autora de otro ilícito, surgido de lo que había sido el resultado de un allanamiento que fuera realizado a fines de mayo pasado en su casa en el marco de la instrucción de esta causa: tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Las audiencias a tenor del artículo 308 del CPP donde ayer se negaron a declarar se llevaron a cabo en la UFI 19, fiscalía que tiene su asiento en Olavarría.

Mientras que a Santomauro la asistió un Defensor Particular, a las demás acusadas las patrocinó uno Oficial, según lo informado a EL TIEMPO.

Desde esa fiscalía perteneciente al Departamento Judicial Azul y que en Olavarría conduce Lucas Moyano habían sido solicitadas las detenciones de las tres ahora acusadas.

Contando con una orden firmada por Fabiana San Román, la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 con asiento en esa vecina ciudad referida, agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con sede en Azul hicieron efectivas anteayer miércoles las medidas cautelares.

Además, del mismo modo que ocurriera el 31 de mayo pasado, los policías allanaron los inmuebles en esta ciudad donde se domicilian las tres mujeres, en busca de "sustancias estupefacientes, elementos de corte, envoltorios típicos utilizados para el fraccionamiento, balanzas de precisión, teléfonos celulares, dinero en efectivo y todo otro elemento de interés para la presente investigación", según había ordenado la Jueza garante en lo dispuesto.

Las diligencias se llevaron a cabo en dos casas vinculadas con Santomauro que están situadas, una de ellas, sobre la calle Lavalle y la otra, en Malére. Y también fueron objetivos de estos nuevos allanamientos los inmuebles en Azul donde residen las demás mujeres imputadas, uno de los cuales -en el caso de Peralta- está ubicado sobre la calle San Juan y el otro, donde vive González, es un departamento situado en la planta baja de uno de los monoblocks del Barrio Carús.

Las imputaciones

Según se sostiene desde la Acusación, al menos desde principios de septiembre de 2022 hasta fines de mayo de este año, cuando por primera vez habían sido allanados los inmuebles en Azul donde las ahora detenidas se domicilian, esas tres mujeres formaron parte de "un grupo de personas mayores de edad conocidas entre sí", entre las cuales también está el preso imputado. Y mediante un "acuerdo organizado, cumpliendo distintos roles y valiéndose de diversas líneas telefónicas comercializaron sustancias estupefacientes directamente al consumidor".

Teniendo en cuenta el resultado de los allanamientos de mayo pasado, en las actuaciones penales se indica que esa droga para la venta al menudeo estaba en la casa de la calle Malére entre Arenales y Rauch "donde residiría y/o pernoctaría Santomauro"; en el inmueble ubicado sobre San Juan esquina Rauch en el que vive Peralta y en ese ya referido departamento del Barrio Carús que ocupa González, situado a la altura de Rivadavia y Calle 5.

El recluso investigado se llama Carlos José María Cano. Actualmente de 54 años de edad, registra varios antecedentes penales, los cuales en su mayoría, al igual que en este caso, se relacionan con infracciones a la también conocida como ley de estupefacientes.

Desde la imputación se indica que Cano, estando preso en la cárcel de Urdampilleta, valiéndose de un teléfono celular "organizó la adquisición y pago de las sustancias estupefacientes" que posteriormente se encargaban de vender en Azul bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo" las mujeres que desde hace dos días permanecen detenidas.

A su vez, también ellas tenían a su cargo, una vez obtenido el dinero surgido de esa comercialización de marihuana y cocaína, remitirle parte de lo recaudado a Cano al penal donde está preso, lo cual se hacía en forma virtual "mediante el uso de medios digitales de pago", según se describe en la causa.

Lo referido por el Fiscal que lleva adelante esta investigación penal, iniciada a través de una denuncia anónima, había podido comprobarse con los allanamientos que se hicieran ese ya mencionado 31 de mayo pasado.

Las diligencias incluyeron que aquel día se allanara también la celda que Cano ocupaba en la Unidad 17, el penal que tiene asiento en Urdampilleta, la localidad perteneciente al Partido de Bolívar.

Cuando se requisaron en Azul los lugares de residencia de las imputadas, en el inmueble donde vive Peralta fueron secuestrados más de noventa gramos de marihuana, que estaban en un frasco y en una bolsa de nylon, y "elementos necesarios" para llevar a cabo la venta de drogas que le atribuyen, entre los cuales figuró un teléfono celular.

A su vez, en el departamento del Barrio Carús donde vive González se incautaron más de cuarenta y cinco gramos de marihuana, flores de cannabis, dos teléfonos móviles y más de veinte mil pesos en efectivo.

En tanto, cuando en mayo pasado fue allanada una de las viviendas vinculadas con Santomauro, la que está sobre la calle Malére, se secuestraron las armas de fuego de "uso civil" por las que ahora esa mujer también figura acusada de la tenencia de las mismas sin la debida autorización legal.

Se trata de seis escopetas de diferentes calibres que, junto con varios cartuchos, fueron halladas en el altillo de un quincho de la casa convertida en escenario de aquel procedimiento.

En un principio se había mencionado que las armas en cuestión no estaban relacionados con la infracción a la Ley 23.737 por la que Santomauro ahora está detenida y que, en realidad, las escopetas formaban parte de una colección propiedad de un familiar de esa mujer; aunque teniendo en cuenta lo resuelto hace dos días ahora también le están imputando la tenencia de las mismas de manera irregular y sin la debida autorización legal.

El dato

Las mujeres investigadas por esta infracción a la Ley 23.737 permanecen en la sede que en Azul, sobre la Avenida Mitre entre Maipú y 1° de Mayo, tiene la división antinarcóticos perteneciente a la Policía bonaerense. La Jueza que ordenó sus detenciones dispuso también que se tramiten cupos ante el SPB para que sean llevadas en los próximos días a unidades carcelarias.

Escuchas telefónicas y más evidencias

Sobre la base de las características de la modalidad operativa que les atribuyen a las tres mujeres y al recluso azuleño en el marco de esta infracción a la Ley 23.737, de fundamental importancia como evidencias han sido las varias horas de escuchas a los teléfonos intervenidos de los investigados.

En esta causa trabajó también personal policial de la Dirección de Análisis en Investigación de las Comunicaciones (DAIC), escuchando los diálogos que de manera telefónica mantenían los acusados y, posteriormente, volcando los contenidos de dichas charlas al sumario penal que se continúa tramitando.

La tarea en esta causa penal, llevada a cabo de manera conjunta por agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas con sede en Azul y de la referida oficina policial que está situada en la ciudad de General Alvear, sirvió para determinar la manera en que el ya mencionado Cano, en ese contexto de encierro carcelario en el que todavía continúa, "había diagramado una organización dedicada al comercio de drogas", señalaron voceros allegados a esta pesquisa.

A través de las escuchas telefónicas se habían detectado "diálogos bajo términos crípticos" y expresiones de los acusados que "guardan vinculación con el delito que se investiga". Específicamente, alusiones a "transacciones de dinero mediante la utilización de billeteras virtuales", precio de la droga y referencias a "un sujeto que habría intervenido en la cadena de venta de la sustancia", se mencionaba a modo de conclusión a través de informes surgidos de esas intervenciones ordenadas desde la Justicia a los celulares de los sospechados.

En tanto, los agentes de la división antinarcóticos local habían desarrollado meses atrás tareas de observación y seguimiento de las tres mujeres que ahora están detenidas.

De esas pesquisas surgían también indicios que servirían para demostrar sus respectivas autorías en esas ventas al menudeo de estupefacientes por las que ahora permanecen privadas de la libertad. Un accionar delictivo que pudo ser observado por los agentes y que las acusadas desarrollaban desde los domicilios donde residen en Azul.

Cuando a fines de mayo pasado se había informado en un reporte policial sobre el resultado de los allanamientos, en ese entonces se indicaba que "a lo largo de las observaciones, seguimientos y averiguaciones realizadas por los encargados del caso se pudo certificar fehacientemente la participación del denunciado -en alusión a Cano, el azuleño que está preso- en actividades de comercio de drogas", las cuales "realizaba desde el interior de la unidad penal donde se alojaba y comandaba las operaciones, teniendo ramificaciones en Azul, a través de tres mujeres que, en principio y según surge de la investigación, se encargaban de las ventas propiamente dichas". Las mismas que, desde hace dos días, están detenidas.