Investigados por una infracción a Ley 23.737 y considerados integrantes de una "banda familiar" dedicada a comercializar estupefacientes al menudeo, desde la Cámara Penal quedaron confirmadas las prisiones preventivas que en un principio fueron ordenadas para tres hermanos y una pareja.

En el marco de una serie de allanamientos que personal policial realizara en diciembre pasado en las vecinas ciudades de Tapalqué y Olavarría, las detenciones de los cinco imputados que tiene esta causa -que el fiscal Lucas Moyano instruye desde la UFI 22- se habían hecho efectivas.

En aquel entonces, a los acusados los identificaron como Hugo Roberto Rosales (que nació en Azul y tiene 28 años de edad), Diego Alberto Rosales, Stefanía Daiana Pensado (34), Vanesa Urrutia (36) y José Ignacio "Nacho" Córdoba.

Los dos varones y la mujer mencionados en primer término son hermanos y fueron arrestados en Tapalqué; mientras que Urrutia y Córdoba habían resultado detenidos en Olavarría.

El miércoles 13 de diciembre pasado se llevaron a cabo los allanamientos y las detenciones de la totalidad de los investigados, a través de procedimientos que estuvieron encabezados por efectivos de la Policía Comunal de Tapalqué y contaron con apoyo de agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Las medidas cautelares fueron ordenadas en ese entonces por Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 con asiento en los tribunales de Azul. Y ese mismo magistrado dispuso posteriormente para la totalidad de los investigados el dictado de las prisiones preventivas que ahora quedaron confirmadas desde la Cámara Penal departamental.

La resolución más reciente en torno a esta causa lleva las firmas de dos de los actuales miembros de la Alzada con sede en el tercer piso del edificio central de los tribunales de Azul: Carlos Pagliere (h) y Damián Cini.

A través de lo decidido por esos camaristas, Diego Alberto Rosales, su hermano Hugo Roberto Rosales y la pareja conformada por José Ignacio Córdoba y Vanesa Urrutia continúan siendo señalados como los probables autores del delito de "comercialización de estupefacientes propiamente dicha".

En el caso de Stefanía Daiana Pensado -empleada de la Municipalidad de Tapalqué- sigue acusada, pero "en carácter de partícipe necesaria", de ese referido delito de comercialización de drogas atribuido a los demás encausados.

Mientras que Hugo Roberto Rosales está preso en la Unidad 7 de Azul, su hermano Diego Alberto Rosales continúa privado de la libertad en la Unidad 17, la cárcel también del SPB que está en Urdampilleta, la localidad perteneciente al Partido de Bolívar.

En tanto, José Ignacio Córdoba se encuentra en la Unidad 2 de Sierra Chica.

Distintos son los casos de las mujeres imputadas, ya que beneficiada con una morigeración de prisión Stefanía Daiana Pensado sigue cumpliendo arresto domiciliario en el inmueble de Tapalqué donde reside y Vanesa Urrutia, tras haber permanecido en la Subcomisaría de Chillar, hoy lunes fue llevada a la Unidad 52, la cárcel con asiento en Azul.

El abogado Pedro De Luca había presentado ante la Cámara Penal una apelación en busca del cese de la medida de coerción para uno de los investigados.

En respuesta a ese recurso que terminó siendo desestimado, en segunda instancia se resolvió desde la Alzada confirmar la prisión preventiva para la totalidad de los imputados que tiene esta causa por una infracción a la Ley 23.737.

Sobre la base de lo investigado, existen indicios probatorios que señalan que los varones y las mujeres acusados que siguen presos se dedicaron, entre octubre de 2022 y hasta abril del año anterior, a vender drogas formando parte de una presunta organización delictiva.

Para aquella época Diego Rosales estaba preso en la Unidad 2 de Sierra Chica. Y junto con sus hermanos Hugo Rosales y Stefanía Pensado, desde una casa de Tapalqué donde ambos residían, "en forma habitual y continua desarrollaron tareas de comercialización de estupefacientes, en dosis fraccionadas y acondicionadas para ser entregadas en forma directa al consumidor a cambio de un precio cierto en dinero".

De esa manera, el Rosales que estaba preso en Sierra Chica, mediante mensajes por WhatsApp "coordinaba la compra de dicho material a José Ignacio Córdoba y Vanesa Urrutia", la pareja también imputada y con respectivos domicilios en Olavarría.

"Una vez realizada la trasferencia dineraria" -se describe también en la causa- Córdoba y Urrutia llevaban la droga a Tapalqué. "Particularmente, al domicilio de Hugo Rosales, para que luego éste comercialice en esa localidad, ya sea en su propio domicilio o a través de personas -aún no identificadas- que hacían de 'delivery' y entregaban el material en dosis fraccionadas, previo acuerdo con Hugo Rosales".

El dinero obtenido de la venta de estupefacientes posteriormente era enviado por los compradores a una billetera virtual a nombre de Stefanía Pensado.

Esa mujer luego era la encargada de transferirle la plata, a través de otra billetera virtual, a Diego Rosales en ese contexto de encierro donde por aquel entonces permanecía en una de las cárceles del complejo del SPB que está en Sierra Chica.