SE CONOCIERON LAS SANCIONES PARA EL IMPUTADO. Al contador que se quedó con un campo le dieron tres años de prisión en suspenso

Héctor Fabián Aulicino, un contador azuleño que tiene 48 años, fue sentenciado ayer -tras la realización de un juicio oral en Tandil- a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y a otra que lo inhabilita por el plazo de seis años para ejercer su profesión.

Tal lo que EL TIEMPO ya informara semanas atrás, el pasado día 7 del corriente mes el profesional había sido declarado en ese debate autor penalmente responsable del delito de defraudaciones reiteradas.

El proceso tuvo como escenario el Juzgado Correccional que en la vecina ciudad serrana está a cargo del magistrado Carlos Pocorena.

Según lo que quedara probado, aquel ilícito Aulicino lo cometió por medio de una serie de maniobras que le permitió quedarse con un campo propiedad de un cliente suyo luego de que ese hombre muriera, Ese establecimiento rural, de más de ochenta hectáreas, está situado en el Partido de Azul.

La situación comenzó a quedar al descubierto cuando, tras el deceso del propietario del campo, dos hermanas que habían sido declaradas legítimas herederas de la propiedad denunciaron al ahora condenado en esta primera instancia ante la Justicia, lo cual sucedió en junio del año 2014.

Ese ya referido 7 de diciembre que pasó, el Juez Correccional que intervino en este debate se había pronunciado a favor de declarar a Aulicino autor a título penal del delito por el que ayer lo condenó a tres años de prisión en suspenso y lo inhabilitó por el doble de tiempo de esa sanción para ejercer su profesión.

Pero ante lo compleja y voluminosa que había sido esta investigación penal, que en su momento llevara adelante la fiscal Laura Margaretic cuando estaba a cargo de la UFI 2 con sede en el Palacio de Justicia local, decidió diferir el anuncio de la pena para el encausado y los fundamentos del fallo para ayer miércoles.

Dado el tipo de sanción, una pena de prisión en suspenso y no de efectivo cumplimiento, que le impuso al acusado, el magistrado le dictó una serie de obligaciones que debe cumplir por el plazo de dos años, tal como habitualmente sucede en estos casos. Las mismas consisten en presentarse mensualmente en el Patronato de Liberados con asiento en Azul y en fijar domicilio.

Además, otro dato importante surgido de lo que fue ese juicio oral que terminó ayer se relaciona con el establecimiento rural convertido en objeto de este litigio.

Sobre dicha propiedad, Pocorena ordenó que una vez que este fallo quede firme los tres lotes que forman parte de ese campo les sean restituidos a las hermanas Andrea Fernanda y Patricia Edith Álvarez. Las declaradas herederas legítimas por testamento de dicho predio y damnificadas por esta maniobra de defraudación.

Aquel día 7 ya mencionado, el juez Pocorena había rechazado un pedido de detención para el encausado y se pronunció a favor de absolverlo por "falsificación de documento público", otro de los delitos que derivara en el procesamiento del profesional azuleño y por el que también fuera sometido a este juicio oral.

Aquella medida cautelar para Aulicino, que terminó siendo denegada, la habían solicitado durante su alegato Elda Donatelli y Néstor Rodríguez, los abogados que -bajo la figura del Particular Damnificado- intervinieron en este debate en representación de las considerados legítimas herederos del campo.

Marcelo Fuche, como defensor Particular del contador, también participó en este juicio. Y en representación del ministerio Público Fiscal lo había hecho la funcionaria María de los Ángeles Marsiglio.

Las dos nietas del dueño del campo llamado "La Cueva", cuando Ángel de la Guarda Provenzano falleciera en abril de 2014 a los 87 años de edad, se habían convertido por testamento en las legítimas herederas de la propiedad.

Pero después ambas descubrieron que el establecimiento rural ya no les pertenecía, constatándose en ese entonces que estaba a nombre del contador sentenciado ayer a esos tres años de prisión en suspenso, de quien Provenzano era su cliente.

Ante lo irregular de la situación, las hermanas denunciaron a Aulicino en la Justicia, iniciándose aquella investigación penal que ahora, siete años más tarde, se tradujo en esta condena de primera instancia para el profesional azuleño.

EL DATO

En lo referido en el fallo firmado por el juez Carlos Pocorena también se dispuso que "se obtenga la integra transcripción del testimonio de Marcelo Adrián Aulicino, en el debate, del acta del debate y en la presente (resolución), las que certificadas por el Actuario se remitirán a conocimiento del titular de la Unidad Funcional de Instrucción en turno de la ciudad de Azul, a fin que se investigue la posible comisión del delito de acción pública de defraudaciones reiteradas". El Aulicino al que alude la resolución es el hermano del contador condenado, abogado de profesión y quien declarara como testigo en este debate.