DOS DE LOS IMPUTADOS SON HERMANOS . Cementerio: una "asociación ilícita" que saqueaba, usurpaba bóvedas y defraudaba al fisco municipal

Señalados como los integrantes de una organización delictiva que cometió diferentes ilícitos en el Cementerio Municipal de Azul, entre los cuales se hace mención en una causa penal a saqueos de bóvedas y desapariciones de cadáveres, una fiscal pidió que tres varones y una mujer sean juzgados.

Los imputados que tiene esta investigación ya concluida son dos hermanos que trabajan como empleados en la comuna local. También, un jubilado y un hombre que había sido condenado meses atrás a una pena única de un año y medio de prisión a cumplir como "coautor" de un intento de robo de placas que se produjo en la necrópolis local en 2022.

A principios de este mes la fiscal Paula Serrano formuló la requisitoria de elevación a juicio del mencionado expediente. Una solicitud sobre la cual ahora debe resolver en una primera instancia el magistrado titular del Juzgado de Garantías 2 Federico Barberena, según lo consignado a EL TIEMPO por voceros allegados a la tramitación de esta voluminosa causa.

Por una serie de graves episodios ocurridos en el Cementerio Municipal de Azul entre los años 2019 y 2022, en ese sumario la Fiscal a cargo de la UFI 6 les atribuye a los investigados el delito de asociación ilícita y varios más, que incluyen hasta probables defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

Algunas de esas situaciones habían sido denunciadas ante la Justicia desde la propia comuna. Y las demás fueron descubriéndose a través de presentaciones formuladas por familiares de fallecidos cuyos restos permanecían en la necrópolis ubicada sobre las calles Sarmiento y Necochea.

Los imputados

Edberto Rodolfo "Papín" Canosa, un olavarriense radicado en Azul que está jubilado y actualmente tiene 69 años de edad, es uno de los imputados.

Lo mismo sucede con un bolivarense que también vive en Azul y se dedica a la construcción, identificado en estas actuaciones penales como Gustavo Alberto Perrone.

De 55 años de edad, ese hombre había sido uno de los dos condenados en un juicio oral cuyo veredicto se anunció en julio del año anterior.

En aquel debate fue declarado "coautor" de un intento de robo de placas sucedido en el Cementerio Municipal de Azul el 22 de marzo de 2022, mismo día en el cual, intervención policial mediante, resultó aprehendido.

Ese fallo para Perrone luego sería ratificado desde la Cámara Penal, a través de una resolución que se diera a conocer en septiembre de 2024.

Pero como todavía no adquirió rango de firmeza lo decidido en esas dos instancias judiciales, la pena única dictada para el hombre oriundo de Bolívar -consistente en la ya mencionada sanción de "un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento"- aún no se ha ejecutado y, por lo tanto, continúa en libertad.

De 54 años de edad, María Leticia Giammátolo es una de las empleadas municipales también investigada por esta serie de ilícitos sucedidos en el cementerio, del mismo modo que un hermano suyo llamado Néstor Antonio Giammátolo.

Apodado "Juan" y de 51 años, a diferencia de su hermana -que de acuerdo con lo informado continúa en el Cementerio Municipal- ese hombre ahora está en el área de Servicios Públicos de la comuna.

Además de que esos tres varones y la mujer figuran acusados del ya mencionado delito de asociación ilícita, a Perrone y al menor de los hermanos Giammátolo la Fiscal que instruyó esta causa los considera "coautores" de fraude en perjuicio de la administración pública (cuatro hechos), usurpación (dos hechos) y hurto, en concurso real.

Canosa afronta cargos por fraude en perjuicio de la administración pública, dos hechos de usurpación, un hurto y una estafa, delitos también considerados desde la Acusación como cometidos por ese hombre "en concurso real de acciones".

En tanto, en el escrito presentado a principios de este mes ante el Juzgado de Garantías 2 la fiscal Paula Serrano pidió que María Leticia Giammátolo sea citada a juicio como la probable autora de fraude en perjuicio de la administración pública y -pero en carácter de "partícipe primaria"- de usurpación (dos hechos). Ilícitos todos que la titular de la UFI 6 concluyó que la imputada cometió también "en concurso real de acciones".

"Asociación ilícita"

Construida sobre una sólida base, a través de versiones de testigos y con varias evidencias más, la hipótesis de la Acusación ubica a los cuatro encausados formando parte de "una asociación ilícita destinada a llevar a cabo distintos hechos delictivos en perjuicio de la administración pública y de particulares" desde el Cementerio Municipal de Azul.

En el marco de dicho accionar, situado como ocurrido desde 2019 hasta marzo de 2022, los hermanos Giammátolo, Canosa y Perrone actuaban "de manera organizada, con división de roles y funciones, llegando a concretar de esa manera diversos ilícitos", puede leerse en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa. Una solicitud que la titular de la UFI 6 formulara ante el Juzgado de Garantías 2 el pasado 2 de septiembre.

"María Leticia Giammátolo se valió de su condición de capataz del cementerio para contactar a particulares que solicitaban realizar reducciones de cadáveres y traslados", se menciona en la requisitoria.

Al mismo tiempo, a su hermano esa mujer "había instituido 'de hecho' en la función que a ella le concernía". De esa manera, "Juan" Giammátolo y Perrone "realizaban las tratativas con los titulares de las bóvedas y, a cambio de un precio, las tareas requeridas, completamente por fuera del circuito legal que imponía al solicitante acreditar el vínculo familiar, adjuntar la documentación requerida, suscribir declaración jurada donde se requería la tarea específica, denunciar el lugar de traslado, y en su caso datos de la empresa fúnebre, y abonar las tasas municipales correspondientes por movimientos, traslados y reducciones". Esto último, considerando lo establecido por una Ordenanza de tipo impositiva.

Más irregularidades denunciadas implicaban, "en otras ocasiones", que también participara en estos ilícitos el ya mencionado Canosa.

En su caso -se menciona en las actuaciones penales- ese hombre contaba con "tareas de inteligencia en la Administración" de la necrópolis municipal que le hacía Perrone, con la finalidad de "detectar qué bóvedas tenían deuda y, en virtud de ello, podía presumirse la ausencia de familiares que asistieran al cementerio o pudieran reclamar".

En ese contexto era que "se apoderaban de las mismas, vaciándolas completamente (acciones ejecutadas por Néstor Antonio Giammátolo y Perrone), para luego realizar este último tareas de refacción y, finalmente, disponer patrimonialmente Canosa de la bóveda restaurada y vacía".

La investigación penal desarrollada permitió establecer que en uno de esos casos se llegó a concretar de manera irregular la venta de una bóveda, para lo cual fue necesaria también la "participación de María Leticia Giammátolo", considerando la función que en la época mencionada ejercía en el Cementerio Municipal de Azul.

A modo de conclusión en esa extensa requisitoria de elevación a juicio vinculada con esta causa penal, para fundamentar su pedido de que los cuatro acusados sean juzgados la fiscal Serrano afirmó que "en el caso se observan cumplidos los requisitos típicos previstos para la configuración del delito de asociación ilícita".

"Los imputados -señaló sobre la existencia de dicha figura penal en este caso- formaban parte de un grupo de más de tres personas, quienes mediante la división de tareas previamente establecidas, con planificación y permanencia, tenían como objetivo y se dedicaban a llevar a cabo delitos indeterminados, aunque de similares características, como son el hurto, fraude en perjuicio de la administración pública y estafas hacia terceros y en sus beneficios".

"Nos encontramos con un grupo de empleados municipales, que junto a terceros ajenos, pero que aparentaban ser empleados municipales, tenían como objetivo principal obtener un beneficio económico de la transacción con bóvedas por fuera del circuito legal, así como de disponer de cuerpos y/o elementos ubicados dentro de las mismas sin seguir los carriles administrativos, requiriendo para ello un estipendio, arrogándose permisos o facultades que no poseían ni les habían sido concedidas por excepción, en perjuicio de otros y de la administración municipal, durante un lapso considerable de tiempo", sostuvo también la actual titular de la UFI 6.

El dato

Durante octubre y noviembre del año pasado los acusados habían sido citados a sede judicial para ser indagados. En esas audiencias los tres varones y la mujer declararon, negando los delitos que pesan sobre ellos y por los cuales se formuló semanas atrás la requisitoria de elevación a juicio de esta causa que los involucra. "Ante la contundencia de las probanzas en su contra, sus dichos no logran conmover en esta etapa la hipótesis construida desde este Ministerio Público Fiscal. Los elementos de convicción colectados demuestran el modus operandi por parte de María Leticia Giammátolo, Néstor Giammátolo, Gustavo Perrone y Edberto Canosa para llevar a cabo su accionar delictivo", afirmó la fiscal Paula Serrano.

En octubre de 2021 policías recuperaron cientos de placas, floreros y demás elementos robados en el cementerio. Sobre esos hallazgos, contando con lo que un testigo declaró, se hace mención en el pedido de elevación a juicio de esta causa. EPDS AZUL/PBA/ARCHIVO

Bóvedas usurpadas, féretros con cuerpos que desaparecieron y fraudes al Estado municipal

Imágenes que se corresponden con uno de los hechos materia de esta investigación penal: una de las bóvedas que fuera usurpada a sus legítimos propietarios en el Cementerio Municipal de Azul. FOTOS: EL TIEMPO/ARCHIVO

La requisitoria de elevación a juicio de esta causa penal incluye también una amplia descripción de cada uno de los hechos que les atribuyen a los cuatro acusados.

En ese contexto se menciona lo sucedido entre los años 2019 y 2021, cuando Edberto Canosa, Gustavo Perrone y Néstor "Juan" Giammátolo -"que cumplía 'de hecho' la función de capataz de la necrópolis, siendo que quien detentaba legalmente ese rol era su hermana María Leticia Giammátolo"- se metieron "clandestinamente" a una bóveda para retirar "los féretros existentes en el lugar con destino desconocido".

En esos cajones estaban depositados los restos de cuatro personas pertenecientes a una misma familia. Y los denunciados, además, despojaron de esa bóveda a sus legítimos propietarios.

Posteriormente -se sostiene también desde la imputación- "Canosa, simulando ser su titular, transfirió la propiedad de la bóveda" a otra persona radicada en Tapalqué que le pagó mil dólares, operación irregular concretada "sin realizar trámite alguno ante la Administración del cementerio ni abonar el arancel respectivo a la Municipalidad de Azul".

Previo a que todo aquello sucediera, Perrone se encargó de realizar "tareas de refacción" de la bóveda. Y una vez concluida esa intervención, "con cuatro personas más no identificadas y en presencia de Canosa y del adquirente (del espacio) depositaron en la bóveda mencionada, procedentes de Tapalqué, tres féretros" con los restos de familiares del hombre que le había adquirido la misma a uno de los investigados, tras el pago de esos ya referidos mil dólares.

Toda aquella maniobra irregular, para evitar que fuera detectada, se concretó fuera del horario habitual de apertura del Cementerio Municipal y "sin realizar tampoco el trámite administrativo correspondiente", luego de que Canosa le dijera a ese hombre al que le vendió la bóveda que él "se encargaría de todo".

Asimismo, el 29 de julio de 2022 "se colocó en la bóveda usurpada" el féretro de un vecino de Azul que había fallecido aquel día. Un "ingreso que también tuvo lugar irregularmente".

Meses después, los restos de ese hombre serían llevados al cementerio privado "Jardín Azul", donde actualmente están sepultados.

"Todas estas maniobras sólo pudieron ser llevadas a cabo con la participación activa del nombrado Néstor Antonio Giammátolo, quien tenía a cargo las llaves del cementerio, y la cooperación necesaria de su hermana María Leticia Giammátolo, quien le delegó de hecho a este último el rol de capataz y las tareas inherentes a esa función, que le daban libre acceso" a la necrópolis, se sostiene también desde la imputación.

Otro caso similar mencionado en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa y que involucra a los tres varones acusados data como ocurrido entre el año 2021 y diciembre de 2022.

Fue cuando Canosa, Perrone y Giammátolo "ingresaron clandestinamente" a otra bóveda y, "despojando a sus titulares, retiraron con destino desconocido los féretros existentes en el lugar".

Específicamente, se trataba de cuatro cajones con restos de los miembros de otra familia azuleña.

El accionar ilícito incluyó que los acusados se llevaran también las urnas donde estaban los restos de dos integrantes más de esa familia y que sustrajeran "los floreros que allí se encontraban y las túnicas bordadas que cubrían los féretros".

Posteriormente, y al igual que ocurriera con el caso anterior, "Perrone comenzó a efectuar tareas de refacción" de dicha bóveda.

Esa situación irregular pudo ser advertida el 22 de diciembre de 2022 por uno de los legítimos tenedores de esa bóveda, cuando aquel día concurrió al cementerio y descubrió que el espacio donde estaban los restos de sus familiares había sido literalmente saqueado.

El damnificado por lo ocurrido -además- observó que "la bóveda vacía estaba siendo pintada".

"Este accionar -concluyó también la fiscal Serrano- sólo pudo ser concretado con la cooperación necesaria y activa de María Leticia Giammátolo", considerando las ya mencionadas tareas no oficiales que le encomendaba a su hermano, a quien también le otorgaba las llaves del cementerio para concretar este tipo de maniobras ilegales.

En tanto, tres hechos de "fraude en perjuicio de la administración pública" -en todos esos casos, con una clara afectación al erario municipal- les imputan también a los hermanos Giammátolo y a Perrone.

Situados como ocurridos "en el período comprendido entre el año 2021 y marzo de 2022", a través de lo investigado se menciona que los tres acusados "llevaron a cabo tareas de reducción de restos óseos y movimientos de cuerpos dentro del cementerio".

En todos esos casos, lo hicieron "a solicitud de los deudos y a cambio de una suma de dinero".

Pero la plata que obtenían de esas tareas, al parecer, después se la quedaban, sin que la comuna percibiera el pago de las tasas municipales "por movimientos, traslados y reducciones (conforme lo establecido por la Ordenanza Impositiva correspondiente a esos periodos)".

De esa manera, ese accionar ilícito se tradujo en "un perjuicio al fisco municipal".

Hallaron restos óseos y cajones con cadáveres en un depósito cuya puerta había sido soldada

Un depósito del cementerio. En su interior se encontraron restos óseos y cajones con cadáveres. La puerta de ingreso a ese lugar había sido soldada y hubo que romperla para poder abrirla. NACHO CORREA

En junio de 2022, durante la gestión del intendente Hernán Bertellys, había sido el abogado Roberto Dávila uno de los impulsores de la causa principal que por diferentes ilícitos ocurridos en el Cementerio Municipal de Azul involucra a los hermanos María Leticia y Néstor Giammátolo, a Gustavo Perrone y a Edberto Canosa.

El actual representante legal del Municipio afirmaba en aquella presentación formulada en sede judicial que en el cementerio situado en Sarmiento y Necochea se habían constatado distintas situaciones "anómalas". Y daba cuenta, en ese contexto irregular advertido en la necrópolis local, de lo sucedido con dos de las bóvedas, que fueron saqueadas y despojadas de las titularidades de las mismas a sus legítimos propietarios. Espacios ambos donde "se habían realizado trabajos de mantenimiento no autorizados", se indicaba en esa presentación donde también fue consignado que de los dos lugares "faltaban ataúdes" y que el Municipio no había "autorizado intervención alguna" en dichas bóvedas.

Un relevamiento realizado en aquel entonces desde la comuna dejaba en evidencia también que "en distintos nichos se constató la existencia de féretros sin chapas identificatorias y de otro que sí la posee, pero que no pertenece al nicho donde está ubicado".

La denuncia formulada desde el Municipio de Azul daba cuenta -además- de que se habían "manipulado restos y ataúdes en bóvedas y nichos", que una "fue vaciada" y que dos más "posiblemente hayan sido manipuladas"; al mismo tiempo que "se colocaron ataúdes en nichos que, conforme el registro, no deberían estar allí y no es posible identificar los cuerpos".

Macabro hallazgo

También mencionada en la requisitoria de elevación a juicio de esta causa penal consta una presentación que realizó el actual Subsecretario del Área Legal y Técnica de la Municipalidad de Azul el pasado 29 de agosto.

En su calidad de representante legal de la comuna, el abogado Roberto Dávila hizo alusión a un macabro hallazgo que se produjo en el interior de una dependencia del cementerio, la cual tenía su puerta soldada.

Dentro de ese depósito, el mes anterior se encontraron "féretros con cuerpos y restos óseos sueltos que en principio no debían estar allí".

Lo que se halló fue informado también a la Justicia, ante la sospecha de que tanto los cajones con cuerpos como los restos óseos que estaban dentro de ese depósito -cuya puerta en un principio había sido soldada- podrían tener relación con las situaciones investigadas a través de este expediente judicial.

"Estos restos, presuntamente, provienen de bóvedas o nichos y allí se advierte una posible conexión con los hechos investigados, ya que es posible conjeturar que se realizaba el vaciamiento irregular (sin debido registro y con la disposición de restos en lugares diversos) para la posterior utilización de esos nichos y bóvedas", sostuvo también en la requisitoria de elevación a juicio la Fiscal que llevó adelante esta Investigación Penal Preparatoria.