ENTRE LOS IMPUTADOS HAY UN PRESO Y UNA POLICÍA. Confirmaron que doce personas van a juicio por una infracción a la ley de estupefacientes

Desde la Cámara Penal de Azul quedó confirmada la elevación a juicio de una causa relacionada con una infracción a la ley de estupefacientes, informaron voceros judiciales a EL TIEMPO.

La investigación tiene a varios imputados, entre los cuales figuran un preso y una policía de la Bonaerense que actualmente cumple arresto domiciliario por esos hechos en los que figura procesada.

A través de una resolución firmada por los magistrados Agustín Echevarría y Carlos Pagliere (h), la medida fue ordenada al rechazar en esta segunda instancia -por "improcedentes"- los recursos de apelación que habían sido interpuestos por las Defensas Particulares de tres de las mujeres involucradas en lo que fuera esta Investigación Penal Preparatoria. Entre ellas, la de la policía de la Bonaerense, quien por este caso había sido pasada a disponibilidad en la fuerza donde desempeñaba tareas con el rango de Suboficial Inspectora.

Llamada María Florencia Farías, junto con otra mujer identificada como Antonella Tosolini y procesada también en esta causa, a ese futuro debate -cuya realización ahora se confirmó desde la Cámara Penal- ambas llegarán acusadas del delito de comercialización ilegítima de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Por ese ilícito referido y por el de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor serán juzgados los otros acusados que tiene esta causa, entre los cuales figura el preso ya mencionado, que es oriundo de Azul y se llama Carlos José María Cano.

Los demás imputados habían sido identificados como Micaela Aguilar, Claudio Daniel Calderón, María Crisil Carabajal, José Manuel Ciuro, Karen Soledad Martínez, Araceli Elizabeth Otegui, María Hortensia Ponce Ledesma, Matías Ezequiel Costa e Irina Daniela Crescitelli

En el fallo de la Cámara el juez Pagliere (h), el primero en votar en lo resuelto, señaló que en esa causa que tiene procesados a los hombres y mujeres mencionados "se presentan plurales, congruentes, unívocos, trascendentes y precisos indicios que permiten afirmar, con la probabilidad positiva requerida en esta instancia, que todos los aquí imputados -unos vendiendo estupefacientes y otros ejerciendo aportes indispensables, a tal fin, durante la ejecución del hecho- llevaron a cabo en forma organizada, en calidad de autores, los delitos que se les imputan".

El 29 de junio del año pasado, en primera instancia, había sido Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías 3 con sede en los tribunales de Azul- quien ordenara la elevación a juicio de este sumario penal, la decisión que ahora ha sido ratificada por dos de los magistrados que integran actualmente la Alzada departamental.

En aquella resolución del Juez garante, que intervino durante lo que fuera la instrucción de este sumario penal que llevara adelante el fiscal Lucas Moyano desde la UFI 22, se hacía alusión también a la existencia de una mujer más imputada.

Identificada como Ludmila Oliver, por aquel entonces esa joven registraba un pedido activo de captura que había sido ordenado el 8 de febrero del año anterior, luego de que le fuera revocado el arresto domiciliario del que gozaba en el marco de esta investigación penal.

Lo referido en la causa

Los hechos relacionados con esta infracción a la Ley 23.737 fueron situados desde la Acusación como ocurridos entre julio y diciembre de 2019, cuando Cano -estando preso en la Unidad 30 de General Alvear- vía telefónica impartía las órdenes y organizaba "la adquisición de la sustancia estupefaciente", actividad ilícita de la cual participaban los demás encausados ejerciendo diferentes roles.

Mientras que algunos de los imputados se encargaban de ir a buscar los estupefacientes a otras ciudades; los demás tenían como tarea venderlos en Azul bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo".

Varios allanamientos llevados a cabo en diciembre de 2019 en diferentes inmuebles de Azul y también en la celda que Cano ocupaba por ese entonces en el penal con sede en General Alvear sirvieron para desbaratar esta presunta organización dedicada a comercializar drogas.

Los procedimientos los realizó personal de la Delegación Azul de la Policía Federal Argentina y derivaron también en las aprehensiones de once de los imputados que tiene esta causa.

Además, a través de aquellas diligencias había sido incautado más de un kilo de marihuana y elementos empleados para fraccionar la droga para su posterior venta al menudeo.

A una de las mujeres encausadas, en la casa de Azul donde vivía, le había incautado un ladrillo de marihuana que pesó más de un kilo, constituyéndose ese procedimiento el que arrojó como resultado el mayor secuestro de droga durante esta pesquisa. Y más marihuana, aunque en una menor cantidad, había sido hallada en la mayoría de los objetivos allanados por la Policía.

"Mediante la existencia de una estructura delictiva organizada", según afirmara el Fiscal a cargo de esta investigación penal, se llevaba a cabo esta actividad relacionada con la venta de drogas al menudeo, la cual fue situada como desarrollada por la totalidad de los ahora procesados "al menos en el lapso comprendido entre julio de 2019 y el 13 de diciembre de 2019", día aquel en que se realizaron los allanamientos y las aprehensiones de la mayoría de los encausados.

Todos ellos, "cumpliendo distintos roles en la actividad" y "valiéndose de diversas líneas telefónicas" -afirmaba también el titular de la UFI 22 con relación a los hechos investigados- llevaron a cabo la actividad ilícita que se les continúa imputando y por la que, según quedó confirmado ahora desde la Alzada departamental, serán juzgados.

EL DATO

En el fallo de la Cámara Penal que confirmó la elevación a juicio de esta causa se menciona textualmente que el rol que tenía la policía Farías en esa comercialización de estupefacientes que le imputan era "realizar logística en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, a los fines de encontrar medios de transporte que faciliten el envío" de las sustancias estupefacientes que después eran comercializadas al menudeo en Azul a través de esa organización donde a Cano, el preso, le atribuyen el rol de cabecilla.