Todos los días nos anoticiamos de despidos en el Estado Nacional, cierre de oficinas de diferentes ministerios a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Consecuencia directa de esos cierres son las familias que se quedan en la calle y los derechos que ya no serán efectivos ni accesibles.

La definición del gobierno Nacional de desmembrar el Estado como garante de los derechos conquistados, avanza a paso firme. Días pasados fueron desvinculados del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas más de 40 delegados y delegadas, desde Ushuaia a la Quiaca. Se trata de un organismo de alcance nacional, creado a partir de la ley 26.364, con autonomía funcional e integrado por diferentes ministerios que aportan sus políticas públicas a la prevención de los delitos de trata y la atención de las víctimas.

Cada delegado llevó adelante una serie de actividades destinadas a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación, como así también a proteger y asistir a las víctimas y sus familias. Cabe citar el diseño de estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención, el desarrollo de acciones eficaces para aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación, la capacitación y especialización de los funcionarios públicos de todas las instituciones vinculadas a la protección y asistencia a las víctimas, la coordinación de Sistema Sincronizado de Denuncias, línea 145, junto con la campaña de publicidad para promover su uso y muchas actividades más.

Se establecieron 36 mesas interinstitucionales que contribuyeron a la aprobación de 4 leyes de inclusión laboral y más de 180 ordenanzas. Se restituyeron derechos a más de 5000 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023.

En nuestra sección -que recién en 2023 contó con una mesa que realizara el abordaje territorial en materia de lucha contra la trata- se logró, en tan solo un año, una muy buena articulación con los lineamientos generales de los marcos legales. Fue posible el fortalecimiento institucional regional, con acciones colectivas de prevención y sensibilización que tenían como objetivo el de reconstruir horizontes de vida y dignidad a partir de la asistencia a potenciales víctimas.

Participaron en este entramado muchísimos actores de nuestra sociedad: el Obispado, juzgados federales, Ministerio Público Fiscal, Gendarmería, Transporte, Educación, Salud, los sindicatos, dependencias nacionales, provinciales y municipios, entre otros. Esta multiplicidad fue también un clarísimo indicador de la importancia de las políticas plasmadas.

Rompen todo lo que está bien, un trabajo serio, comprometido y que no hace más que garantizar derechos. Por eso, desde la banca provincial presenté un proyecto de Declaración en repudio y con preocupación ante esta situación que engrosa la serie de embates a los y las trabajadoras, pero que también diluye (hasta borrarlas) las políticas públicas y los derechos que protegen a los sectores más vulnerables:

"Expediente D 1137/24

"Declara

"Su más enérgico repudio y preocupación por el desmantelamiento del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y la desvinculación de 40 delegados/as de todo el país, decisión que paraliza las acciones tendientes a la prevención de estos delitos, la asistencia integral a las víctimas, el acceso a la justicia, dando forma a un escenario con disminución de las políticas públicas necesarias para la contención, acompañamiento y recuperación de las víctimas".

Laura Aloisi

Diputada Provincial Unión por la Patria